Bruselas ofrece a los países unirse para comprar fármacos antihepatitis
El acuerdo de adquisición conjunta permite negociar mejor con los laboratorios
La Comisión Europea es consciente de la dificultad que están teniendo los países miembros para tratar a sus pacientes de hepatitis C con los mejores fármacos posibles: antivirales de última generación con tasas de curación de hasta el 95% que, poco a poco, van llegando al mercado a un precio de entre 25.000 y 44.000 euros, según el país, por 12 semanas. Por eso Bruselas ha decidido mover ficha y ofrecer un sistema para que los Estados compren de forma conjunta los fármacos y puedan negociar precios más competitivos. Eso sí, los países tienen que pedirlo de manera formal. Así lo indica el comisario de Salud, Vytenis Andriukaitis, en una respuesta escrita al eurodiputado Francesc Gambús (del grupo del Partido Popular Europeo) a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
La herramienta con la que los diferentes sistemas de salud europeos podrían unirse y comprar grandes cantidades a mejor precio se llama acuerdo de adquisición conjunta (joint procurement agreement, en inglés) y ya está firmado. Hasta ahora, indica Andriukaitis, 20 países han ratificado el acuerdo, presentado en abril del año pasado por el anterior comisario de Salud, Tonio Borg. La plataforma de compras es el intento de la UE de aprender de los errores cometidos en 2009 con la crisis de la gripe A. La pandemia mostró la necesidad de actuar en conjunto para negociar con los laboratorios. El acuerdo, por tanto, está pensando para crisis de salud pública y para comprar vacunas y otros antivirales.
Ese escenario es el que ya se está viviendo en el continente con la hepatitis C, según organizaciones como el Foro Europeo de Pacientes y ONG como Médicos del Mundo. Esta última ha presentado recientemente una oposición legal a la patente de sofosbuvir (de nombre comercial, Sovaldi), el antiviral que fabrica Gilead. Por primera vez, una ONG sanitaria pelea una patente en Europa para intentar mejorar el acceso a la medicación. Este tipo de acciones son comunes en países en vías de desarrollo, pero, tal como explica Jean-François Corty, director de operaciones de la entidad, la crisis de la hepatitis C ha equiparado a los pobres y a los ricos: estos últimos tampoco pueden pagar los precios que piden los laboratorios.
La Comisión recuerda en su misiva que la competencia en materia sanitaria —y eso incluye el acceso a los fármacos— es de los Estados miembros, pero destaca que es necesario que los Veintiocho mejoren la cooperación para crear “mecanismos más transparentes y mejor coordinados que minimicen los efectos involuntarios que los actuales sistemas nacionales de fijación de precios pueden generar en términos de accesibilidad en la UE”. Y ofrece su apoyo para que los países intercambien información sobre sus políticas de fijación de precio.
Pese a que el acuerdo de adquisición conjunta que Andriukaitis pone sobre la mesa se lanzó en abril, las compras aún no han empezado. Fuentes de la Comisión señalan que está previsto lanzar la primera “en las próximas semanas”. Se trata de equipos de protección personal (EPI) contra el ébola. La Comisión se ha puesto en marcha solo después de que cuatro países hayan confirmado formalmente su interés en participar, añaden estas fuentes. En el caso de la hepatitis C, todavía ningún Estado ha pedido a Bruselas que inicie el proceso. Y ello pese a que este fue uno de los temas estrella de la reunión informal del Consejo de Salud de diciembre pasado. Varios representantes nacionales “expresaron interés”, pero eso no basta para que la maquinaria eche a andar.
El Ministerio de Sanidad contesta a través de un portavoz que lo estudiará: “España siempre está abierta a toda colaboración con la Unión Europea para estos acuerdos”. No precisa si recogerá la pelota que la Bruselas ha puesto en su tejado. “La Comisión ya ha mostrado su disponibilidad y parte del camino. Está abriendo la puerta a que el fármaco llegue a todos los enfermos y en igualdad de condiciones”, incide el eurodiputado de Gambús (CiU).
Actualmente, sin embargo, apunta Cynthia Bonsignore, portavoz del Foro Europeo de Pacientes, el acceso es desigual. “Es un derecho de los ciudadanos de la UE, pero todavía no es una realidad para muchos de nosotros, algo que se ha agravado por la crisis económica”, dice. “Y acceso significa no solo disponibilidad del tratamiento, sino también capacidad de financiación”.
El plan nacional, listo
El Ministerio de Sanidad tiene previsto presentar hoy a la Plataforma de Afectados de Hepatitis C el plan estratégico nacional para el abordaje de esta enfermedad que una decena de expertos están elaborando desde principios de enero. Así lo anunció ayer la plataforma. Sanidad está estos días compartiéndolo con sociedades científicas, comunidades autónomas y pacientes.
El plan, dirigido por el hepatólogo Joan Rodés, tiene varios objetivos: conocer la epidemiología de la enfermedad (es decir, cuántos afectados hay y en qué estadio están), establecer las prioridades terapéuticas (decidir a qué grupos de pacientes se administrarán antes) y crear un registro para seguir la evolución del efecto de los tratamientos.
El plan también estudia lanzar un programa de análisis selectivos a la población para detectar la hepatitis C silente, aquella que aún no se ha manifestado pero amenaza la salud de centenares de miles de personas —se calcula que hay hasta 500.000 personas infectadas que no lo saben—. Algunos especialistas recomiendan hacer un cribado a los nacidos entre 1950 y 1980. Los detalles se conocerán cuando Sanidad haga público el plan.
