La Unión Europea intenta blindarse contra el terrorismo

Europa hace catarsis de sus carencias para combatir un fenómeno tan escurridizo como el del yihadismo autóctono, el que se genera dentro de sus fronteras. Tras los atentados de Francia, las principales capitales europeas se han lanzado a aplicar medidas extraordinarias para reducir la magnitud del fenómeno, aunque su eficacia está por demostrar. Algunos expertos alertan de que iniciativas como retirar el DNI a los sospechosos de querer viajar a Siria o ampliar las escuchas telefónicas podrían mermar algunas libertades consagradas en la Unión Europea. Y subrayan que muchas de las soluciones pasan por una regla que no necesita legislación, sólo voluntad política: compartir más información —sobre todo sensible— entre Estados.

La UE funciona sin fronteras interiores, pero controla de manera desigual las exteriores. “Hay países que no tienen tradición de lidiar con problemas de terrorismo y entonces aplican reglas menos estrictas en las fronteras. Y eso lo saben algunos de los sospechosos que viajan. Lo que debería hacerse es ayudar a esos países a mejorar sus controles”, aconseja Raffaello Pantucci, investigador del Royal United Services Institute, una casa de análisis especializada en seguridad y defensa.

Aunque las fuerzas de seguridad se coordinan con sus homólogas en el resto de Estados miembros, no existe un cuerpo que aplique idénticas normas en los 28 Estados comunitarios. A falta de esa uniformidad, los países del área Schengen —22 comunitarios y cuatro extracomunitarios— crearon una herramienta muy eficaz sobre el papel pero infrautilizada: el sistema de información Schengen, una base de datos conectada con la policía en la que introducir alertas que saltan automáticamente cuando un viajero buscado en un país se dirige a cualquier aeropuerto de la zona de libre circulación.

Tanto los expertos consultados como la Comisión Europea (brazo Ejecutivo de la UE) y el Consejo Europeo (representa a los Estados) coinciden en la solución óptima: aumentar esas alertas para poder inspeccionar y en su caso detener en las fronteras a posibles terroristas con pasaporte europeo. “El sistema permite introducir alertas para sospechosos o susceptibles de cometer actos criminales en cualquier país de la UE, pero se utiliza poco. Eso tiene mucho que ver con la falta de confianza entre los servicios de inteligencia, poco proclives a compartir su información”, explica Camino Mortera, del Centre for European Reform.

Los centros de inteligencia acostumbran a trabajar en clave nacional y recelan de ampliar su interlocución. Los Estados comparten cierta información sensible a través de Europol, la agencia europea para la lucha contra delitos internacionales y terrorismo, pero resulta insuficiente. Esas debilidades convierten las fronteras en más porosas de lo deseable.

Otro punto flaco es el control de armas. Los autores de los atentados de Francia adquirieron parte del material en las inmediaciones de la Gare du Midi, uno de los centros neurálgicos de transporte en Bruselas, según una de las hipótesis de la investigación. La Comisión está preocupada por el mercado negro de armas, que en buena medida proceden de los Balcanes, cuentan fuentes de este organismo. También Schengen permite dar pistas sobre arsenales, aunque se utilizan poco.

El proyecto que más esperanzas suscita a la hora de detectar a yihadistas europeos —entre 3.000 y 5.000 han viajado en algún momento a Siria o Irak, según estimaciones de Europol— es el registro de pasajeros, una herramienta estancada en el Parlamento Europeo por las dudas que suscita sobre su derecho a la privacidad. Si el proyecto prospera, las aerolíneas deberán transmitir a las autoridades una serie de datos de cada pasajero (itinerario, modo de pago, equipaje, frecuencia con que vuela…) que los Estados miembros consideran claves para poder frenar a estos viajeros.

Algunos expertos son críticos respecto al modelo y escépticos sobre sus fines. “Necesitamos seguir debatiendo. En el caso del registro de pasajeros, no es sólo cuestión de respeto a los derechos fundamentales, sino de coste; el sistema es muy caro y existen dudas sobre su proporcionalidad. Deberíamos plantearnos que no todo consiste en tener más cantidad de información, sino en recoger mejor información”, advierte Sergio Carrera, del Centre for European Policy Studies.

Los expertos avisan del riesgo de que algunas medidas adoptadas en caliente acaben siendo revocadas por la justicia europea. El precedente más claro de excesos regulatorios está en la Patriot Act estadounidense, aprobada tras el 11-S y que incluía medidas como pinchazos telefónicos sin orden judicial. “¿Hemos aprendido algo de cómo respondió Estados Unidos?”, se pregunta Carrera.