Michoacán registra su mayor alza en homicidios en cinco años

El martes mataron a dos personas en el puerto de Lázaro Cárdenas, en la costa pacífica de Michoacán. A Romeo Luna, un comandante retirado de 65 años, le dieron un tiro cuando hacía ejercicio. Una hora después, un desconocido soltó tres disparos en contra de Sergio Corona, un empresario minero de 40. Los dos murieron al instante y los dos atacantes escaparon. Sus muertes se suman a la larga lista de asesinatos cometidos en Michoacán desde que el expresidente Felipe Calderón eligiera a su estado natal como la punta de lanza de su guerra contra el narcotráfico, anunciada en diciembre de 2006, y a un año del inicio del Operativo para restablecer la seguridad en el Estado, en enero del año pasado, emprendido por el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto. Desde entonces han muerto cerca de 5.500 personas, según cifras oficiales. Un aumento casi ininterrumpido desde los 563 asesinatos de 2007 hasta los 916 de 2013. Las cifras de 2014, al menos las registradas de enero a octubre, indican que 981 personas murieron con violencia en Michoacán: el año más violento desde 2009, que murieron 913 personas. En total, al menos 5.500 personas han sido asesinadas en el estado desde diciembre de 2006. Luna y Corona son dos más.

El hombre al que Peña Nieto confió la tarea de devolver la paz a Michoacán, el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, compareció el martes ante el Congreso mexicano. Insistió ante los legisladores que “el peor momento de la crisis ya pasó”. Castillo se refiere a la razón que le llevó a convertir Michoacán su residencia permanente: el alzamiento de los grupos de autodefensas, civiles armados en contra del cartel de Los Caballeros Templarios, una banda de criminales que domina la zona y dedicada al narcotráfico, robo, extorsión, minería y tala ilegal y responsable de miles de asesinatos. El enfrentamiento entre las autodefensas y Los Caballeros Templarios, iniciado el 24 de febrero de 2013, fue la gota que derramó el vaso para que se actuase contra una hemorragia que llevaba varios años. La violencia en Michoacán —y la desesperación por la falta de acción del Estado— llegó a tal grado que hombres armados se enfrentaban a los supuestos narcotraficantes, avanzaban, llegaban a las alcaldías, metían a la cárcel a los policías municipales y asumían el poder del sitio.

Castillo, un hombre de total confianza de Peña Nieto, llegó casi un año después del alzamiento, en enero de 2014. Entonces, las autodefensas, lideradas, entre otros, por José Manuel Mireles (hoy en una prisión de alta seguridad acusado por posesión ilegal de armas), controlaban 12 municipios en la región de Tierra Caliente y mantenían un cerco sobre Apatzingán, la ciudad más importante de la región y centro de operaciones de Los Templarios. El riesgo de un enfrentamiento civil, que había rebasado total autoridad, orilló a México a una gravísima crisis institucional. La noche del anuncio, murieron dos personas en Antúnez, una diminuta comunidad rural a unos pocos kilómetros de Apatzingán, en medio del fuego cruzado entre las autodefensas y el Ejército, que se suponía iba a desarmarles. El Gobierno fracasó en ese primer intento.

El desarme ha quedado a medio camino, pero las autoridades sí han conseguido en este año asestar serios golpes a los pulmones financieros del narco. Se han incautado de más de 50.000 toneladas de madera conseguida por la tala clandestina, un millón de toneladas de minerales (Michoacán tiene los mayores yacimientos del país y la gestión de sus minas se habían convertido en un trono de hierro para los narcotraficantes) y mansiones y ranchos por más de 500 millones de pesos (unos 34 millones de dólares).

Además de Mireles, otro fundador del movimiento, Hipólito Mora, está también en prisión en investigación por asesinato junto con 26 integrantes de las milicias (entre ellos una mujer) por un enfrentamiento con un grupo rival, también identificado como autodefensa, que se saldó con 11 muertos ocurrido el 16 de diciembre del año pasado. Uno de los fallecidos, su propio hijo. Mora se entregó por voluntad propia. Su contrincante, Luis Antonio Torres González, Simón El Americano, también se entregó pero después de tres días de bloqueos a Apatzingán y con nueve de sus hombres, no los 25 que habían sido requeridos. Su abogado explicó lo hacía así “por estrategia”. Días después, el Gobierno desalojó la alcaldía de Apatzingán, que permanecía en poder de civiles desde el 23 de diciembre. Murieron, oficialmente, nueve personas. El Partido Acción Nacional, al que pertenece Luisa Cocoa Calderón, hermana del expresidente Calderón, y aspirante a la gobernatura de Michoacán, acusó al Gobierno de atacar a personas desarmadas. “No hay ningún elemento que diga que el Ejército disparó”, respondió Castillo.

Castillo también llegó a un Michoacán que gobernaba entonces Fausto Vallejo Figueroa, que tenía por secretario de Gobierno a Jesús Reyna y que contaba con un abanico de funcionarios y alcaldes sobre los que planeaba la sombra del narcotráfico: unos por simpatía, otros por amenazas. Un año después, seis alcaldes y Reyna fueron detenidos por vínculos con los Templarios y Vallejo presentó su dimisión después de que un vídeo mostrara a su hijo Rodrigo en tratos con Servando Gómez La Tuta, uno de los principales líderes del cartel y el único que permanece en paradero desconocido.

Castillo explicó: "no se puede pensar que en 12 meses se pueda cumplir un objetivo al 100% cuando hubo 12 años de abandono"

Los otros dos líderes, Nazario Moreno El Chayo y Enrique Kike Plancarte, murieron en enfrentamientos con las autoridades en 2014. La Tuta, el último superviviente de un cartel que “ordenaba” a sus nuevos miembros con capas medievales, espadas y haciéndoles jurar una suerte de juramento escrito por el propio Chayo, autoproclamado como El Más Loco, permanece en la fuga y solo se le conoce porque de vez en cuando aparecen sus vídeos o audios. Castillo dijo al Congreso de México: “Ahí están sus audios, desesperados, diciendo que no va a dar el gusto de que nosotros lo atrapemos o detengamos y que va a aguantar lo más posible y que no puede bajar, que son manifestaciones evidentes de que vamos tras de él y que ya no ha dado el rastro”.

El comisionado Alfredo Castillo explicó que, pese al trabajo que ha desempeñado, “no se puede pensar que en 12 meses se pueda cumplir un objetivo al 100% cuando hubo 12 años de abandono”.