Condena a muerte a 188 seguidores de los Hermanos Musulmanes en Egipto

Un tribunal egipcio dictó el martes una nueva condena masiva a la pena de muerte contra partidarios de Mohamed Morsi, el rais islamista depuesto en un golpe de Estado en verano del 2013. En total, 188 personas fueron enviadas a la horca por su participación en el asalto a la comisaría de policía de la localidad de Kerdasa, situada a las afueras de El Cairo, y que se saldó con la muerte de una docena de agentes y el incendio de la instalación. De los acusados, 144 se encuentran detenidos, mientras el resto fueron juzgados in absentia.

Al igual que en las otras dos condenas a la pena capital para centenares de simpatizantes de la Hermandad dictadas la pasada primavera en la provincia sureña de Minia, los hechos tuvieron lugar tras el brutal desalojo del campamento islamista de Rabá al-Audawiya, en el que murieron centenares de personas. Durante los días siguientes a aquel funesto 14 de agosto, turbas enfurismadas ejecutaron su particular venganza en los feudos islamistas, saqueando comisarías y quemando iglesias y propiedades de egipcios cristianos coptos. La minoría cristiana se convirtió en cabeza de turco al haber apoyado su patriarca, Tawadros II, el golpe de Estado.

Las condenas de muerte masivas en "macrojuicios" han sido denunciadas tanto por las asociaciones de derechos humanos egipcias como por aquellas que operan a nivel internacional, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. En concreto, estas organizaciones han criticado la falta de garantías procesales para imputados. Por ejemplo, las sentencias de los juicios de Mina de la pasada primavera fueron dictadas después de tan solo dos sesiones de unos 20 minutos, y sin que muchos de los acusados fueron trasladados a la sala del tribunal.

La sentencia del martes volverá a situar en la picota a la judicatura egipcia, tan solo tres días después de la absolución del ex dictador Hosni Mubarak, su último ministro del Interior y seis altos cargos policiales de toda responsabilidad por el asesinato de más de 850 manifestantes durante la Revolución del 2011. Mubarak y sus dos hijos, Alaa y Gamal también fueron exonerados de varios cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito relacionados con el acuerdo de exportación de gas a Israel. Según fuentes judiciales citadas por el diario Al Ahram, durante las próximas horas el Fiscal General decidirá si poner en libertad al veterano general, pues el periodo que permaneció en detención preventiva se acerca a los tres años de condena que le fueron impuestos el pasado mes de mayo por un caso de corrupción.

La exoneración de Mubarak el pasado sábado fue acogida con júbilo por de sus seguidores y con dolor y frustración por parte de los familiares de las víctimas y los activistas revolucionarios. Estos dos colectivos organizaron una concentración de repulsa horas después del fallo judicial cerca de la plaza Tahrir, que fue disuelta de forma contundente por las fuerzas de seguridad provocando dos víctimas mortales y decenas de heridos, de acuerdo con el ministerio de Sanidad.

Durante los últimos dos días, se han producido nuevas manifestaciones contra la sentencia del llamado "juicio del siglo" en universidades y plazas. Los manifestantes consideran que la justicia está altamente politizada. De hecho, del más de medio centenar de policías que se han sentado en el banquillo de los acusados por la represión cometida durante la Revolución, ninguno ha sido declarado culpable. Para mayor indignación de los revolucionarios, en las 1430 páginas de su veredicto, el juez del caso del caso Mubarak atribuye la revuelta a una conspiración "estadounidense y sionista", y argumenta que fueron los Hermanos Musulmanes y no la policía quienes asesinaron a los manifestantes en 2011.

Tras el golpe de Estado del 2013, las autoridades han hostigado a la cofradía islamista y a sus partidarios, provocando la muerte de más de 2.500 personas. La entera cúpula de la organización se actualmente encuentra entre rejas, y varios de sus dirigentes, incluido el ex presidente Morsi, se enfrentan duras penas en una retahíla de procesos.