Bruselas acepta debatir “con calma” pero se opone a cambiar los tratados

La Comisión Europea inauguró ayer una nueva estrategia política para evitar a toda costa que Reino Unido salga del club comunitario. El recién llegado presidente, Jean-Claude Juncker, está decidido a tender puentes con Londres y por eso su portavoz respondió con contención al desafío británico. “La Comisión está dispuesta a dialogar con calma y con cuidado. La libertad de circulación es un elemento fundamental de la UE, pero los abusos del sistema no son competencia comunitaria. Se pueden analizar algunas cosas”, concedió el portavoz.

La decisión de suavizar las formas no modifica, en cualquier caso, el malestar de fondo que existe en Bruselas con los mensajes rupturistas de Reino Unido. Mucho menos si, como admite el propio primer ministro británico, David Cameron, su plan para restringir derechos a otros ciudadanos europeos exige cambiar los tratados que gobiernan la UE. Lejos de ser excesiva, la proporción de ciudadanos comunitarios que residen en otro país miembro se limita al 3% de la población.

“Europa se basa en libertades fundamentales que hay que preservar. Se estima que unos 14 millones de ciudadanos europeos residen en otro país miembro. Los estudios demuestran el efecto positivo de la libre circulación”, argumentó Valdis Dombrovskis, vicepresidente europeo, en una entrevista a EL PAÍS y otros cinco diarios. Los extranjeros comunitarios aportaron a Reino Unido unas ganancias netas de 20.000 millones de euros entre 2000 y 2011, según un reciente estudio del University College London.

Altos representantes del Ejecutivo comunitario y del Consejo Europeo —representa a los Estados miembros— admiten en privado la mayoritaria oposición a un cambio de tratados. El creciente escepticismo que recorre el continente no es el marco más propicio para que los 28 Estados se vean obligados a ratificar de nuevo el corpus jurídico de la UE, con el riesgo de desvirtuar muchos de sus principios.

Algunos de los cambios que propone el líder británico chocan claramente con el espíritu comunitario. Exigir cuatro años de cotización a un trabajador polaco para acceder a determinadas deducciones fiscales que se otorgan al ciudadano británico sin esos requisitos vulnera los tratados porque supone discriminar por nacionalidad, no por situación laboral. Tampoco se puede expulsar a quien demuestra que está buscando empleo. Distinto es si el extranjero comunitario se instala en el país y solicita prestaciones sin tener intención de trabajar.

En ese caso, tanto Reino Unido como cualquier otro Estado tiene derecho a denegar la ayuda, como acaba de ratificar el Tribunal Europeo de Justicia en una sentencia contra una ciudadana rumana residente en Alemania que pedía una renta para su hijo.

A ese fallo se agarran las autoridades europeas para demostrar que cada país puede luchar contra los abusos al Estado de bienestar aplicando sus propias reglas, sin necesidad de cuestionar un pilar básico de la UE como es la libre circulación.

Una buena muestra del interés de Juncker por seguir de cerca el encaje de Reino Unido en la UE es el contacto telefónico que mantuvo el jueves con David Cameron. El Ejecutivo comunitario confirmó esa conversación previa al discurso del primer ministro británico, aunque eludió dar detalles. El portavoz de Juncker apeló a abordar el debate “sin excesiva dramatización”.

Pese a todo, los continuos ataques de Cameron al proyecto comunitario exasperan a Bruselas. Acuciado por el éxito del partido antieuropeo UKIP, el primer ministro se aleja cada vez más utilizando cualquier pretexto, sea la inmigración, las competencias del Tribunal de Derechos Humanos —su ámbito va más allá de la UE— o la aportación británica al presupuesto común.