Berlín ultima su norma para expulsar a los comunitarios sin empleo

El Gobierno de Angela Merkel lleva meses jugando un papel medido al milímetro en torno a la entrada de trabajadores europeos en suelo alemán. “Libre circulación sí, abusos no”, repiten la canciller y sus ministros a la mínima ocasión. La idea es distanciarse de los intentos del Gobierno británico de imponer cuotas a la entrada de ciudadanos de la UE pero dar respuesta al mismo tiempo a aquellos que reclaman limitar al máximo el número de extranjeros que se benefician del sistema de ayudas sociales.

En esta versión germana de la mano dura en guante de seda, Alemania ultima una norma muy parecida a la que este viernes ha anunciado el primer ministro David Cameron: las autoridades podrán echar del país a los ciudadanos europeos que tras seis meses sin trabajar no puedan demostrar que tienen posibilidades razonables de encontrar un empleo a corto plazo. La ley, presentada por los ministros de Trabajo y de Interior el pasado mes de agosto, entrará en vigor en las próximas semanas. 

La democristiana Merkel está en una situación política infinitamente más cómoda que la de Cameron, pero en Berlín, al igual que en Londres, el Gobierno también siente la presión de un partido a la derecha que exige dureza con la inmigración. “La Unión Europea no es una unión social”, ha asegurado la canciller en diversas ocasiones, en un intento de evitar que sus votantes la abandonen por el partido eurófobo Alternativa por Alemania.

Tanto los democristianos como los socialdemócratas que participan en el Gobierno de gran coalición insisten en la necesidad de acabar con los abusos del llamado “turismo de prestaciones”, pese a los datos que muestran que este es un fenómeno minoritario. Es por ello que la clase política alemana dio la bienvenida hace dos semanas al fallo del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que certificaba la legalidad de negarle las ayudas sociales a una rumana que lleva cuatro años viviendo en Leipzig sin haber trabajado nunca ni en su país de origen ni en Alemania.

La ley que permitirá expulsar a los europeos sin trabajo y sin perspectivas de lograrlo ha concluido este mismo viernes su paso por el Parlamento al obtener el visto bueno del Bundesrat, la Cámara territorial. Para su entrada en vigor solo falta la firma del presidente Joaquim Gauck, algo que es cuestión de semanas. “El objetivo de esta norma es impedir los abusos o los engaños, tanto si se dan en trabajos realizados en la economía sumergida como si afectan al disfrute de servicios sociales”, explican fuentes del Ministerio del Interior alemán.

Pasados los seis meses sin empleo, la persona afectada podrá mantener la residencia si demuestra que tiene perspectivas razonables de encontrar un empleo. ¿Cómo se puede saber si alguien tiene esas perspectivas futuras o no? “Habrá que estudiarlo caso por caso. Pero se podrá ver, por ejemplo, si tienen concertadas entrevistas de trabajo o si la persona en cuestión muestra que es activa en la búsqueda de un empleo”, responden las fuentes gubernamentales.