La Justicia mexicana asume el caso de los militares acusados de masacre

Un mes después de que un juez militar dictara auto de formal prisión contra siete soldados mexicanos por su participación en la matanza de Tlatlaya, en la que fallecieron tiroteados 22 supuestos narcotraficantes, un juzgado civil federal ha asumido el caso.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México notificó que el pasado 31 de octubre, alrededor de la medianoche, se tuvo por cumplida la orden de aprehensión librada contra los siete militares. A todos ellos se les imputa su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero a tres se les acusa también de abuso de autoridad, homicidio de ocho personas y alteración ilícita del escenario del crimen y a uno más de encubrimiento, por no haber tratado de impedir el delito.

En la madrugada del pasado 30 de junio, 22 supuestos narcos fallecieron a manos de un batallón del Ejército en lo que la versión oficial calificó como un enfrentamiento. Según este relato, los soldados se habrían topado por casualidad con una bodega custodiada por personal armado que al verlos, comenzó a disparar. El fuego cruzado habría tenido lugar en la comunidad de San Pedro de Limón, del sureño municipio de Tlatlaya (Estado de México), un lugar recóndito sobre el que nunca se explicó por qué estaban los militares allí. El Ejército se limitó a informar en un escueto comunicado de las bajas, sin tan siquiera dar identidades, y su actuación fue celebrada por las autoridades estatales.

A mediados del mes de septiembre, una superviviente de la masacre ofreció a la revista Esquire un testimonio muy distinto. La mujer, madre de una adolescente fallecida aquella noche, contó que primero hubo un enfrentamiento corto en el que cayó uno de ellos y que, tras la entrega de armas, comenzaron los interrogatorios a los detenidos: “Ellos [los soldados] decían que se rindieran, y los muchachos pedían que les perdonaran la vida (…). Todos se salieron y se rindieron (…) Entonces les preguntaron cómo se llamaban, y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían ‘esos perros no merecen vivir’ (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban (…) Se escuchaban los quejidos, los lamentos”, relataba en algunos fragmentos de la entrevista.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvió en un informe que ocho militares mataron a sangre fría a 15 civiles

Con la publicación de las declaraciones de la testigo el caso dio un giro de 180 grados. Organizaciones de derechos humanos exigieron el esclarecimiento de los hechos y hasta Washington recordó al Gobierno mexicano la necesidad de una investigación “fáctica y creíble”. El asunto se había convertido en un problema de primer nivel para el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien inmediatamente ordenó que las pesquisas fueran asumidas por la PGR. La fiscalía enseguida acusó formalmente de homicidio calificado a tres militares y a otro más por encubrimiento, sosteniendo que al menos ocho civiles fueron rematados “sin justificación alguna”, dijo el procurador, por el Ejército.

Hace apenas diez días, la Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvió en un informe que ocho militares mataron a sangre fría a 15 civiles, entre los que se encontraban dos adolescentes, que se habrían rendido después de un enfrentamiento armado en el que murieron otros siete. Los resultados de la investigación de la CNDH confirmarían la actuación abusiva del Ejército, sin embargo, las sombras y el baile de datos en torno al caso todavía son muchas. Esta masacre, junto con la de Iguala, donde el pasado 26 de septiembre fallecieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes tras un choque con la policía municipal, evidencian la crisis de impunidad en un país que durante meses y a golpe de reformas se esforzó por borrar de sus titulares la sangre del narco.