La crisis educativa, en el centro de la campaña electoral en Uruguay

El 84% de los alumnos uruguayos estudia en centros públicos, sean colegios, institutos de secundaria o Universidades, toda una excepción en América Latina, donde la enseñanza fue privatizada a partir de los años setenta. Curiosamente, cuando países como Chile vuelven al modelo público, se cumplen nueve años de Gobiernos de izquierdas y el país disfruta de una bonanza económica, ha estallado con fuerza una crisis en la educación uruguaya, con señales que indican el fracaso de todo un modelo.

El modelo es una tradición que arranca desde el siglo XIX, la escuela gratuita, obligatoria y laica, diseñada para un país de corte social que todavía tiene las menores desigualdades de América Latina. Las señales de fracaso son en realidad datos: las ultimas pruebas PISA mostraron que en el 2012 el desempeño de los alumnos había retrocedido en relación al 2003; además, sólo el 37% de los alumnos uruguayos terminan la educación media, cuando en Brasil ese porcentaje supera el 70% y en Argentina, el 60%. Miles de jóvenes han dejado el sistema, ni estudian ni trabajan.

El presidente José Mujica ha reconocido públicamente que la educación ha sido su principal fracaso, una brecha por la cual se ha colado la oposición en esta campaña electoral: la enseñanza es junto con la inseguridad una de las principales preocupaciones de la población. Así, el debate educativo, que era un lodazal, se ha convertido en un auténtico campo de batalla.

Graciela Bianchi, auténtica francotiradora de la política uruguaya, exintegrante del Frente Amplio y ahora uno de los referentes de educación del Partido Nacional, asegura: “hemos tocado fondo. Llegamos en 2005 con mucho dinero, con muchas ilusiones, pero en realidad no había proyecto y sí un enfrentamiento interno en el Frente Amplio que provoca un bloqueo constante. En el Gobierno de Mujica se agravó esa dicotomía entre sectores radicales y sectores moderados que hacen de la educación un campo de poder. Los sectores radicales, que se quedaron con la educación en ese reparto de ministerios, no sólo no tienen proyecto sino que no tienen gente formada como para hacer frente a los desafíos”. La rebelde Bianchi, convertida ahora en la pesadilla de las autoridades educativas, trató de fundar una especie de república independiente sin cuota política en el Instituto de Secundaria que dirigía, el Liceo Bauzá de Montevideo. Sus medidas para controlar la asistencia de los alumnos y aumentar el nivel de exigencia tuvieron amplio eco social, pero también generaron una enorme polémica que sólo terminó cuando se tuvo que jubilar.

Durante sus dos mandatos sucesivos de Gobierno, la principal política del Frente Amplio consistió en mejorar el gasto educativo y las remuneraciones de los profesores, que desde la dictadura (1973-1984) habían quedado totalmente sumergidas. Actualmente Uruguay invierte un 4,7% de su PIB en educación, un logro que data apenas del 2008 y que no llega a los niveles de gasto de sus vecinos, Argentina y Brasil. El incremento de los sueldos de los profesores ha sido de un 155% en primaria y de un 129% en secundaria. Los sindicatos de la enseñanza han sido señalados por todos los partidos como los culpables del retroceso educativo por su constante resistencia a los cambios. Ciertamente, su imagen social está deteriorada, en parte por las constantes huelgas que hacen perder días de clase.

José Olivera, secretario general de FENAPES, el sindicato de los profesores de secundaria, clama: “los sindicatos de profesores nos hemos convertido en el chivo expiatorio de los políticos uruguayos. En realidad, nuestro problema es que hay una concepción de la educación como política de partido y no de Estado. Hay que terminar con el reparto de cargos y avanzar hacia un modelo de autonomía, como es el caso de las Universidades”.

Las familias de clase media uruguayas se están volcando cada vez más hacia los centros de enseñanza privada, que florecen en ciudades como Montevideo a pesar de sus matrículas prohibitivas. En esta campaña electoral los candidatos aseguran que en los próximos cinco años la prioridad será mejorar la capacitación de los docentes, renovar los locales vetustos de los colegios y reformar los programas. Pero también ganan terreno propuestas para incentivar la presencia cada vez mayor de centros privados, una pequeña contrarevolución en el país que durante décadas se jactó de tener el mejor sistema público de América Latina.