El paseo triunfal de Sarkozy se complica
Los adversarios el expresidente en su partido le plantan cara. Los sondeos indican una pérdida de apoyos que favorece a Juppé
Nicolas Sarkozy regresó hace un mes a la primera línea para intentar situarse como líder de su partido y después como candidato al Elíseo, pero los obstáculos aumentan día tras día. El expresidente (2007-2012) ha acrecentado la división en la cúpula de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) entre quienes le disputan el liderazgo. Los sondeos le dan una constante pérdida de apoyos. Los casos de corrupción estrechan más el cerco sobre él. Y los senadores de su grupo le han castigado postergando a sus más fieles. Son batallas de una guerra que acaba de empezar.
La vuelta de Sarkozy, de 59 años, arrancó el 19 de septiembre con una llamaba al centro derecha a unirse bajo su liderazgo. El 1 de octubre insistía: “Os necesito a cada uno de vosotros”. “Quiero un partido sin sectas ni capillas”, había dicho. “La cacofonía en la UMP ha terminado”.
Al menos tres dirigentes de su partido, sin embargo, han decidido plantarle cara. El ex primer ministro Alain Juppé, de 69 años, es el más combativo. Mantiene su decisión de disputar a Sarkozy la candidatura a las presidenciales de 2017. “La partida ha comenzado”, ha comentado. Las encuestas juegan a su favor.
Un sondeo de Ipsos-Le Point del 11 de octubre indica que el 76% de los simpatizantes de la UMP tienen una opinión positiva de Juppé frente a un 71% en el caso de Sarkozy, destronado tras perder 11 puntos en un mes en ese baremo. Y aunque siguen prefiriendo a Sarkozy como candidato por su tirón electoral, este pierde apoyos mientras Juppé los gana. Cuando la pregunta se amplía a todo el electorado francés, Juppé supera a Sarkozy por entre siete y 10 puntos, según sondeos de los últimos días.
El ex primer ministro François Fillon, de 60 años, tampoco ha aceptado el cierre de filas. No oculta su deseo de aspirar también al Elíseo. “No soy partidario de los salvadores, sino de las ideas”, ha comentado.
Tanto Juppé como Fillon temen que, si Sarkozy accede el 29 de noviembre a la presidencia de la UMP en la votación a la que han sido convocados sus 250.000 militantes, las primarias de 2016 para elegir candidato presidencial no serán neutrales. Tienen difícil impedirlo, pero aspiran a que Sarkozy no logre un apoyo masivo.
Para eso cuentan con el exministro Bruno Le Maire, de 45 años, que tampoco ha querido allanar el camino a Sarkozy y le disputa el control de su formación. “Quiero un partido dirigido por un presidente cien por cien disponible y garante de una buena organización de las primarias”, ha declarado Le Maire.
Estos pulsos internos han tenido su plasmación en el revés sufrido por Sarkozy unos días después de que el 29 de octubre el centro derecha se hiciera con el control del Senado. Los senadores de la UMP rechazaron que la renovada Cámara alta la presidiera Jean-Pierre Raffarin, exprimer ministro muy próximo a Sarkozy, y se la dieron a Gérard Larcher, hombre de Fillon. Y lo mismo ocurrió al elegir al portavoz del grupo. Un doble aviso al expresidente desde sus propias filas.
El cerco judicial también se ha estrechado en este mes. Imputado ya un presunto intento de comprar a un magistrado, son ya nueve los casos de corrupción que afectan directa o indirectamente a Sarkozy: desde financiación ilegal a comisiones por la venta de armas o la confabulación para beneficiar a su amigo Bernard Tapie, pasando por el presunto apoyo financiero de Libia a la UMP.
Algunos casos le han complicado más la vida en estas semanas. El 1 de octubre, la policía anticorrupción concluyó que la campaña de 2012 de Sarkozy, que perdió ante François Hollande, se financió ilegalmente con facturas falsas que la empresa Bygmalion emitió a la UMP por valor de 18,5 millones de euros. Sarkozy dice que no oyó hablar de Bygmalion durante la campaña. Fillon y Bruno Le Maire le desmienten.
El 6 de octubre, dos jueces abrían otra investigación para saber quién y cómo se pagó la multa de 400.000 euros por superar el gasto máximo legal en la campaña de 2012. La ley exige que lo pague el candidato, pero en este caso lo hizo el partido. Para los jueces, pueden haberse cometido presuntos delitos de “abuso de confianza” y “complicidad”.
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