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La venganza brutal de Fuyou contra el desarrollismo chino

Ocho muertos en la lucha de cientos de campesinos en defensa de sus tierras

Una aldeana, con un escudo policial en Fuyou Ampliar foto
Una aldeana, con un escudo policial en Fuyou REUTERS

La disputa llevaba arrastrándose meses. El Ayuntamiento de la localidad de Jinning, en la provincia de Yunnan, en el sureste chino, había recalificado unos terrenos para permitir la construcción de un centro logístico. Los campesinos de la aldea de Fuyou se oponían. Alegaban que las obras habían cegado las acequias de desagüe y sus granjas se anegaban cuando llovía demasiado. La compensación que recibieron era demasiado escasa, se quejaban. Los enfrentamientos fueron a más, hasta llegar el martes a una grave pelea en la que murieron dos campesinos por un lado. Y por otro, seis trabajadores de la obra. Estos últimos quemados vivos, según la versión del gobierno local.

El Ayuntamiento explica en su cuenta de Weibo, el Twitter chino, que las quejas de los campesinos habían obligado a detener las obras del proyecto el pasado mayo. Pero el martes estaba previsto que se reanudaran y más de un millar de obreros llegaron al solar. Ocho de ellos se detuvieron a desayunar y fueron capturados por los aldeanos. “Atados de pies y manos, recibieron una paliza, los rociaron con gasolina y los dejaron a un lado de la carretera”, según esta versión oficial. Cientos de aldeanos se dirigieron a la zona de obras, donde se desató una fuerte pelea. Los campesinos prendieron fuego a los capturados y atacaron a los obreros, mientras estos empleaban sus herramientas contra los residentes. Al menos 18 personas resultaron heridas, una de ellas grave.

Los residentes de esta localidad de 4.000 campesinos disputan la versión oficial. Según testimonios de los campesinos a la revista independiente Caixin, no se trataba de obreros del proyecto iniciado en 2012, sino de desconocidos en uniformes negros, algunos equipados con escudos que llevaban símbolos de la policía, que les atacaron con gases lacrimógenos y cuchillos. Ya había tenido lugar un altercado parecido en junio pasado, cuando los campesinos acusaron a las autoridades de requisar de manera ilegal el terreno para el centro logístico, según explicaron los testigos a la publicación.

Las recalificaciones de tierra y las demoliciones forzosas son, junto con la contaminación, una de las principales causas de las decenas de miles de protestas populares que se producen en China cada año, la mayor parte en las regiones más ricas del este y el sur del país. Su número va en aumento y se espera que crezca aún más, dados los planes de urbanización del Gobierno chino, que prevén el traslado de más de 200 millones de personas del medio rural a las ciudades para 2020.

Los campesinos chinos se enfrentan a una difícil tesitura. Legalmente no son propietarios de la tierra que cultivan, que pertenece al Estado. Solo pueden trabajar en ella, no pueden venderla ni comprarla, ni utilizarla como aval si quieren solicitar un préstamo.

Pero esa misma tierra representa una lucrativa - y fácil - fuente de ingresos para los gobiernos locales, que la recalifican y la venden para destinarla a proyectos de construcción. Una importante contribución a las arcas de los municipios en momentos en los que la ralentización de la economía ha disminuido los ingresos vía impuestos y el sector inmobiliario ha dejado de crecer al ritmo de años anteriores.

“En lo que respecta a la incautación de tierras y las demoliciones forzosas, muchos funcionarios a menudo obvian el interés público”, reconocía al diario China Daily Shan Guangnai, de la Academia China de Ciencias Sociales, al publicarse en abril el “Informe Anual sobre el Estado de Derecho en China” que publica ese organismo.

Esta situación no solo da lugar a protestas populares, sino que satura un sistema judicial que no da abasto y en el que los jueces, en los tribunales de primera instancia, son nombrados por las autoridades locales, posiblemente las mismas que han recalificado las tierras. La falta de soluciones por esa vía impulsa a muchos agraviados a desplazarse a las grandes ciudades, y sobre todo a Pekín, para tratar de presentar sus quejas a las autoridades políticas con la esperanza de que éstas les escuchen y les ayuden a resolver su disputa.

Consciente de este malestar, y de las consecuencias que ello pueda suponer para la estabilidad social y su legitimidad al frente del país, el Partido Comunista de China (PCCh) ha anunciado que dedicará su plenario, la reunión más importante de su calendario político anual y que tendrá lugar la próxima semana, al Estado de Derecho por primera vez en su historia.