La guerra contra el narcotráfico de México va rumbo a La Haya

La Federación Internacional de Derechos Humanos, que aglutina a 172 organizaciones de un centenar de países, ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que examine la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en México durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012). Estas asociaciones consideran que en ese periodo, en el que el Gobierno mexicano lanzó una durísima ofensiva contra el narcotráfico, las instituciones de seguridad del Estado (militares y policías federales, estatales y municipales) llevaron a cabo torturas y desapariciones forzadas, de forma sistemática y dentro de un esquema organizado. El objetivo de este plan, según el documento presentado a la Corte Penal, era conseguir condenas a través de “confesiones arrancadas mediante torturas y fabricación de pruebas”. En favor de la intervención de la fiscalía internacional, los demandantes blanden que en México no se ha investigado ni juzgado penalmente a ningún alto mando militar o de policía implicado en estos actos. Los autores de la petición esperan que, si el tribunal con sede en La Haya (Holanda) abre un expediente, los jueces nacionales reaccionen poniendo en marcha investigaciones serias.

El Ejecutivo mexicano ha negado siempre el uso sistemático de malos tratos. El presidente Felipe Calderón, en una entrevista a este periódico, solo los ha reconocido como una “excepción y no como regla”. “Y en todos los casos en que el gobierno tuvo conocimiento se actuó conforme a derecho para llevar a la justicia a los responsables”, ha remachado.

La base del escrito, presentado el viernes pasado, son 32 casos de presuntos abusos en Baja California, uno de los lugares donde primero y con más dureza se aplicó la estrategia de seguridad. “No quisimos ser exhaustivos, sino presentar expedientes claros y representativos de lo que aquí se puede encontrar la Corte Penal si abre una investigación. Por eso lo centramos en ese Estado”, señala Paulina Vega, vicepresidenta de la federación.

Las historias enviadas a La Haya se han mantenido en su mayoría fuera de la luz pública para evitar represalias. Entre ellas figura la de M., una mujer de 31 años, encañonada y detenida por supuesta posesión de droga cuando circulaba por la ciudad de Ensenada (Baja California Norte) el 2 de febrero de 2011. Sus captores la condujeron a un cuartel militar de Tijuana. Allí se sumió en la oscuridad. Esta es su versión de lo ocurrido. Nueve militares, según un relato refrendado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se encargaron de torturarla. Unas veces le colocaban toallas húmedas en la boca mientras le introducían agua con gas por los orificios nasales, otras la sometían a asfixia mediante bolsa de plástico. Luego venían las sesiones de descargas eléctricas, acompañadas por la exhibición de fotografías de sus hijos y pareja. Pero el escalofrío llegaba cuando M. oía correr el agua fría en la bañera. Entonces, siempre según su versión, alguno de los nueve la violaba y, después, la metía en la bañera para que “quedase limpia” para el siguiente. Y vuelta a empezar. M. permaneció en el cuartel durante dos días. Luego pasó por diversos centros hasta que en septiembre de 2011, le retiraron todos los cargos y se decretó su puesta en libertad. Los militares denunciados aún no han prestado declaración.

Casos como el de M. forman el núcleo del escrito elevado a La Haya. Todos tienen rasgos comunes. Ninguna de las víctimas ha sido condenada por los cargos por los que se le detuvo y, casi todos, eran pobres. “La condición social de estas personas permitía que se les presentara como integrantes de carteles. De esa vulnerabilidad socioeconómica dependía la posibilidad de que emprendieran luego acciones efectivas contra los atacantes”, señala el documento.

En la base del conflicto figura el convulso sexenio de Calderón. Una época en que se extremó la lucha contra narco al autorizar el uso masivo de la fuerza militar. Decenas de miles de soldados fueron destinados a tareas policiales para las que, según los expertos, no habían sido entrenados. El impacto de esta medida se advirtió en el número de quejas por malos tratos y torturas registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo oficial. Si en 2006 eran 182, en 2008 ya sumaban 1.230. El propio relator de Torturas de la ONU, Juan Méndez, ha concluido que esta práctica se generalizó en México. “Hay una presencia permanente del maltrato en la detención”, afirmó Méndez.

No estamos en contra de que se combata al narcotráfico, al contrario, lo apoyamos completamente, pero desde el respeto a los derechos humanos”

Paulina Vega, vicepresidenta de la FIDH.

Aunque las organizaciones humanitarias pidan la investigación de un periodo presidencial concreto, la Corte Penal Internacional no establece la responsabilidad del Estado por violaciones de este tipo, tarea que corresponde a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal de La Haya se centra en juzgar a personas por crímenes de lesa humanidad y genocidio. Bajo este limitado campo de acción, su intervención en México sólo sería posible si reconociese los abusos policiales como una práctica sistemática y generalizada contra la población civil y siempre que se determine que las autoridades judiciales locales no investigan ni juzgan esta tipología delictiva. En un primer paso, la petición de las organizaciones va encaminada a la apertura, por parte de la Fiscalía, de un examen preliminar. En esta fase, el ministerio público determina si hay base indiciaria suficiente para una acusación de lesa humanidad. En un segundo paso, debería analizar si los tribunales nacionales investigan esos casos y si estos tienen relevancia suficiente para la intervención de la corte. Si todo ello resultase, tendría que pedir autorización al CPI para investigar en el lugar de los hechos. Los tiempos para cada paso son largos, aunque la primera respuesta de la fiscalía puede darse en semanas.

“No estamos en contra de que se combata al narcotráfico, al contrario, lo apoyamos completamente, pero desde el respeto a los derechos humanos”, señala Paulina Vega, vicepresidenta de la FIDH.