Londres promete a Escocia mantener el actual nivel de inversión pública

A 48 horas de la votación en el referéndum de independencia de Escocia, los líderes de los tres grandes partidos unionistas británicos se han comprometido de forma solemne a extender los poderes autonómicos de Escocia y a mantener el actual sistema de financiación si los votantes rechazan el jueves la opción de la independencia, blindando así los niveles de inversión pública en Escocia respecto a los del resto del Reino Unido.

El mensaje ha ocupado la primera página del Daily Record, un tabloide prolaborista de Glasgow que lo ha publicado con tratamiento gráfico de pergamino histórico, con las fotos y las firmas manuscritas de cada uno de los tres líderes unionistas: el conservador David Cameron, el laborista Ed Miliband y el liberal demócrata Nick Clegg. Todo ello bajo el pomposo título a toda página de “The Vow”, el juramento, la promesa, el voto.

En el texto, subrayan específicamente que en el futuro se mantendrá el actual sistema de reparto regional de la inversión pública, la llamada fórmula Barnett, que atribuye la inversión pública en Escocia, Gales e Irlanda del Norte de acuerdo con las variaciones que se registran en la inversión pública en Inglaterra.

El sistema no gusta a nadie. Ni a Inglaterra, porque aumentos de la fiscalidad que se dan allí pero no en Escocia pueden acabar obligando a transferir más dinero al parlamento escocés. Ni a Escocia, porque no es un sistema respaldado por ley y su aplicación acaba dependiendo de la voluntad de Londres. Ni a Gales porque, al basarse en la población y las competencias recibidas, el sistema no transfiere todas las inversiones que necesita por ser más pobre que el resto de regiones. Pero nunca se ha cambiado.

Con la garantía del compromiso del martes y con los poderes que ya tiene el parlamento escocés “podemos manifestar categóricamente que la última palabra sobre cuánto se gasta en el NHS [el Servicio Nacional de Salud] será cuestión del Parlamento escocés”, sostiene el manifiesto. Responden así a las acusaciones de los nacionalistas de que los recortes presupuestarios en Londres acaban afectando al nivel de inversión que el Gobierno escocés puede hacer en el NHS.

Y su objetivo precisamente es ese: convencer a los votantes laboristas de que no apoyen la independencia y de que el futuro del NHS en Escocia no corre peligro. “La realidad es que la única forma de garantizar que Escocia tiene todo el poder necesario para proteger el NHS es votar sí el jueves, que podamos utilizar nuestra enorme riqueza para crear un país más justo”, respondió un portavoz de la campaña independentista.

Pese a la grandilocuencia de la oferta, el compromiso sigue sin ir más allá de los principios generales. Los tres partidos continúan sin detallar cuáles son esos poderes adicionales por los que abogó hace ya días el ministro del Tesoro y canciller del Exchequer, George Osborne, cuando por primera vez el sí se colocó por delante del no en las encuestas.

Entonces el ex primer ministro laborista Gordon Brown lanzó un calendario sobre el proceso de aprobación de esos nuevos poderes, de los que solo se sabe que se refieren a fiscalidad, mercado laboral y política de bienestar social. El lanzamiento del calendario ha permitido a la campaña del no proclamar que, con su opción, los escoceses no solo tendrán más poderes que hasta ahora sino que los conseguirán con más rapidez que por la vía de la independencia. Si el sí ganara en el referéndum del jueves, los cálculos más optimistas del Partido Nacional Escocés (SNP) son que la independencia se proclamaría el 24 de marzo de 2016.

Sin embargo, existen dudas no solo sobre el contenido real de la propuesta de más poderes autonómicos sino sobre la capacidad de los tres partidos para ponerse de acuerdo en un tema en el que tienen visiones contrapuestas. Por ejemplo, las bases conservadoras son reacias a extender los poderes de Escocia, y un significativo sector del partido cree que eso abre el debate sobre si hace falta poner en marcha un sistema autonómico para Inglaterra. Y mientras los tories son partidarios de ceder a Escocia el control total sobre las recaudaciones fiscales, los laboristas no quieren otorgar más de un 15% de esa recaudación.