Londres intenta impedir el regreso de los yihadistas británicos

El primer ministro británico, David Cameron, ha presentado este lunes en los Comunes la política del Gobierno ante la situación de creciente inestabilidad que vive el país debido al auge de las fuerzas islamistas en Siria e Irak. Lo más destacado son las medidas con las que intenta combatir la posibilidad de atentados terroristas en suelo británico, en especial debido a la presencia de cientos de británicos combatiendo junto a los islamistas y que hasta ahora vuelven sin mayores problemas a Reino Unido y a los que el Gobierno quiere impedir su regreso si cree que pueden ser peligrosos.

En particular, Cameron expresó su empeño en dotar temporalmente de poderes a la policía para que pueda confiscar los pasaportes de los presuntos yihadistas antes de que entren a Reino Unido e impedirles así su retorno hasta que se evalúe su situación personal.

El anuncio se produce 72 horas después de que Cameron y la ministra del Interior, Theresa May, anunciaran con cierto dramatismo el viernes pasado que la alerta antiterrorista se había elevado de “sustancial” a “severo”, el segundo más alto de la escala de cinco peldaños del sistema de seguridad británico. El Gobierno precisó que no tiene información sobre la preparación de un atentado concreto, pero que el creciente poder islamista en Siria e Irak, y la presencia allí de cientos de yihadistas británicos, supone una amenaza adicional a la seguridad interior británica.

En paralelo, el primer ministro quiere también incrementar las medidas de seguimiento de los sospechosos que logren efectivamente volver a Reino Unido o cualquier otro sospechoso de terrorismo contra el que no hayan pruebas suficientes para que sea procesado y condenado. En concreto ha propuesto otorgar poderes a los servicios de seguridad para recolocar a los sospechosos. La medida no hace más que recuperar uno de los aspectos que ya contenían las llamadas órdenes de control implantadas por los laboristas en tiempos de Tony Blair y Gordon Brown, por las que se podía impedir a ese tipo de sospechosos que vivieran en determinadas zonas del país.

La tercera medida consiste en aplicar el mismo sistema de control que ya existe desde hace años en otros países, como España, en los que las compañías aéreas tienen la obligación de suministrar con antelación a las autoridades el nombre y el documento de viaje de los pasajeros que quieren entrar en el país.

Si la última medida es casi rutinaria, la segunda ya levantó acusaciones de marcha atrás al Gobierno desde los escaños laboristas pero es la primera la que promete ser realmente polémica. En prime lugar porque existen dudas sobre su legalidad. La cuestión clave es que ningún Gobierno puede privar a alguien de su nacionalidad si eso significa convertirle en un apátrida. En la actualidad, el Ministerio del Interior tiene poderes para privar de pasaporte a un británico, pero eso no le priva de la nacionalidad: simplemente le impide viajar al extranjero.

Lo que quiere ahora el Gobierno británico es incautar el pasaporte en la frontera, antes de que el ciudadano sospechoso haya entrado en Reino Unido. Eso no le priva de la nacionalidad británica, pero en la práctica le deja en el extranjero sin documentos, y hay muchas dudas sobre la legalidad de esas medidas.

El líder laborista, Ed Miliband, dio su cauto apoyo inicial a la propuesta, a la espera de conocer los detalles. Pero hubo intervenciones en contra de destacados diputados de las filas de la coalición de gobierno, entre las que destacaron la del ex líder liberal-demócrata Menzies Campbell y, más significativa aún, la del hasta hace seis semanas fiscal general del Reino, el conservador Dominic Grieve.

Campbell se preguntó quién puede decidir si prohíbe el regreso de un presunto yihadista y si va a tener derecho a apelar contra la decisión. Y Grieve advirtió que una medida como esa puede ser ilegal no solo ante la legislación internacional sino también ante las leyes británicas. Y defendió que lo mejor es procesar a los sospechosos en tribunales británicos.