Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

“La gran frustración de Obama es el bloqueo de la reforma migratoria”

La hispana más poderosa de la Casa Blanca asegura que la obstrucción supone un perjuicio económico

Cecilia Muñoz, junto al presidente Obama, en México en mayo de 2013 Ampliar foto
Cecilia Muñoz, junto al presidente Obama, en México en mayo de 2013

Al despacho de Cecilia Muñoz (Detroit, 1962), hija de inmigrantes bolivianos, asesora en política interior del presidente Barack Obama y la hispana más poderosa en el Gobierno de EE UU, se llega por pasillos estrechos y escaleras alfombradas que amortiguan el murmullo de las conversaciones. De las paredes del Ala Oeste de la Casa Blanca cuelgan fotografías con algunos de los momentos más celebrados de la presidencia de Obama.

Una imagen falta: la de la firma de la ley que permita obtener un permiso de residencia y quizá acceder a la ciudadanía a millones de inmigrantes sin papeles que viven en este país, la mayoría de origen latinoamericano, como Muñoz, hija de un ingeniero en el gigante automovilístico Ford. La reforma migratoria era la prioridad del segundo mandato de Obama, que comenzó en 2013, y debía definir —junto a la reforma sanitaria— su legado político.

“Seguimos con la meta de legalizar a los que han estado aquí durante tiempo y que puedan demostrar que han trabajado, participado y contribuido que no han cometido delitos graves”, asegura Muñoz. “Porque sabemos que con tal cantidad de personas, 11 millones, no tendremos recursos para deportarlos a todas”.

Pero la Cámara de Representantes, bajo control republicano, se ha negado a someter la ley a votación, aprobada un año antes en el Senado, de mayoría demócrata. Y no lo hará hasta, como mínimo, después de las elecciones legislativas de noviembre.

“El presidente de la Cámara baja [John Boehner] dijo que está muerta, que este año no va a presentar nada”, recuerda Muñoz. “Así que por el momento está muerta”. Le indigna que “un segmento nomás del Partido Republicano” se oponga a una reforma que apoyan “todos los sectores del país” y cuyos beneficios económicos son “evidentes y se hayan demostrado”. Hasta una parte de los republicanos “saben que hay que aprobar la ley, pero no quieren hacerlo ahora. Esto es un obstáculo para el progreso económico de este país: afecta al bienestar de millones de familias en EE UU. Es una gran frustración”.

La alternativa podría ser un plan para regularizar a un número indeterminado de sin papeles no por medio de una ley en el Congreso sino de un decreto presidencial —o varios— que evite el poder legislativo. Pero Muñoz no especifica las medidas que incluiría una eventual acción ejecutiva del presidente.

Hasta que Obama llamó a Muñoz en 2009 a la Casa Blanca, fue una de las activistas más destacadas y combativas por los derechos civiles de los 50 millones de hispanos en EE UU.  Fotos familiares y recuerdos de sus años como dirigente del Consejo Nacional de La Raza, el primer lobby latino del país, decoran su despacho. Queda claro que, en su alma, es una activista. Pero también gobierna. Desde aquí, por ejemplo, ha tenido que justificar ante sus antiguos camaradas de lucha por qué su jefe ha sido el presidente que ostenta el récord de indocumentados deportados, más de dos millones en menos de seis años. Janet Murguía, actual presidenta de La Raza, ha llamado a Obama el “deportador en jefe”.

“Somos una nación de inmigrantes, pero también somos una nación de leyes”, replica Muñoz cuando se le recuerdan las acusaciones de sus viejos amigos. “Y aunque todo el mundo reconoce que estas leyes no funcionan, hay que administrarlas. Con el presidente hemos cambiado bastante la manera de administrar las leyes que tenemos. Pero lo más importante es reformarlas. Y en eso estamos”.

Obama ha prometido medidas “a finales del verano”. En las últimas semanas, las especulaciones sobre el número de inmigrantes que podrían evitar la deportación y obtener un permiso laboral —una medida similar a la acción diferida (DACA, en inglés) que beneficia a los llamados dreamers o soñadores, hijos de sin papeles criados en EE UU— se han multiplicado. The Washington Post publicó la cifra de cinco millones, desatando todas las alarmas republicanas y algunas demócratas.

Muñoz no la confirma, pero tampoco la desmiente de forma tajante. Dice que no ha salido de la Casa Blanca, sino de alguno de los grupos que la Administración Obama ha consultado en el proceso preparatorio de la propuesta.

“Los republicanos saben que hay que aprobar la ley, pero ahora no quieren”

“En las reuniones, algunos piden reformas que ayuden a todos los que serían legalizados según la propuesta del Senado, y otros tienen otras teorías legales”, señala. “Nos encontramos en el momento de recoger ideas de fuera del Gobierno y esperar las recomendaciones del fiscal general [Eric Holder] y el secretario [de Seguridad Interior, Jeh] Johnson”

—¿Pueden ir estas medidas más allá de frenar las deportaciones, como también se especula?

"Veremos lo que recomienda el secretario" Johnson, replica Muñoz. "Lo que sabemos es que lo que el presidente pidió es mirar lo que está quebrado y ver lo que se puede arreglar bajo la ley. Pero el presidente no tiene las mismas opciones que las que tiene el Congreso", insiste.

Incluso si la cifra de beneficiados o el alcance de las medidas acaba siendo menor, la Administración Obama está a punto de lanzar una de sus iniciativas más audaces desde que el presidente asumió el poder en 2009: transformará el sistema migratorio de este país —millones de personas accederán a una regularización temporal— y representará el primer desafío serio al bloqueo del Partido Republicano en el Congreso.

Los efectos en las elecciones de noviembre son una incógnita. Muñoz desestima las inquietudes expresadas por algunos demócratas. A comienzos de año, recuerda, “los líderes del Partido Demócrata en el Senado le pidieron al presidente hacer algo grande, no le pidieron esperar hasta el año que entra, pidieron una acción inmediata”.

La Casa Blanca asegura que Obama no anunciará su decisión hasta que haya recibido todas las recomendaciones. Muñoz insiste en que solo será un paliativo por el fracaso de la ley de inmigración en el Congreso, pero no sustituirá esta ley, más amplia y ambiciosa.

“El poder del presidente no puede compararse con el del Congreso. Él no tiene en sus manos la capacidad de avanzar hacia una solución permanente”, recalca la asesora de Obama. En el caso de los dreamers, la decisión es válida para dos años, renovables.

El día de la entrevista la Casa Blanca estaba medio vacía. Obama veraneaba en la isla de Martha’s Vineyard (Massachusetts). En el Ala Oeste hay sensación de impotencia por el bloqueo republicano, pero también el deseo de no resignarse a dos años y cuatro meses más —los que le quedan a Obama en el cargo— paralizados.

Muñoz añora el Washington de hace 25 años, cuando llegó a una ciudad en la que “los miembros de los dos partidos, aunque no estuviesen de acuerdo en muchas cosas y mantuviesen debates fuertes, también tenía una gran idea de su responsabilidad, que era encontrar soluciones y tomar decisiones que combinasen la idea de ambos lados”. “En el Congreso ya no existe esta atmósfera”, lamenta.

“Los decretos presidenciales no dan una solución permanente”

La última crisis que ha afrontado ha sido por la llegada por la frontera de México con Texas de decenas de miles de menores centroamericanos. “Hemos tenido un cierto éxito en que el número [de menores migrantes] está bajando, pero eso probablemente tenga que ver con varios factores, incluyendo que este es un momento de mucho calor en Texas y México, y también que estamos interrumpiendo las redes de traficantes”, dice. “Estamos teniendo éxito en Centroamérica a la hora de comunicar el mensaje de que esto es peligrosísimo de que el mensaje que los traficantes han tratado de comunicar —que una vez que el niño llega a EE UU, entonces tiene permiso para quedarse— no es cierto”.

Muñoz no ve contradicción entre la voluntad de regularizar a buena parte de los 11 millones indocumentados que viven en EE UU y la amenaza de deportar a los menores que han llegado en los últimos meses. “La propuesta de legalización es para las personas que han estado aquí a largo plazo, por muchos años, y esto se distingue de la responsabilidad que tenemos de controlar la frontera”, responde. “La frontera no está abierta en este país”.

En 1980, cuando Cecilia Muñoz tenía 17 años, un amigo en Detroit le dijo que, si un día EE UU iba a la guerra contra algún país latinoamericano como Bolivia, sus padres tendrían que ir a un campo de internamiento como los japoneses-americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Aquel fue el momento, dijo Muñoz años después a la cadena de radio NPR, cuando descubrió que “la indignación es como una especie de gasolina”.

La trayectoria de Muñoz —de una familia de inmigrantes en Detroit a la Casa Blanca— refleja la transformación de este país, más multicultural, más hispano, menos blanco y anglosajón. El castellano es cada vez más una lengua de uso corriente en la Casa Blanca.

—¿Y un presidente hispano? ¿Cuándo?

—"Ojalá que pronto", responde Cecilia Muñoz. "Veremos".

Fe de errores

En esta entrevista publicada el 22 de agosto con la asesora de la Casa Blanca Cecilia Muñoz, se atribuye a la entrevistada la idea de que el Gobierno prepara un plan para regularizar a un número indeterminado de sin papeles, algo que ella no dice de forma explícita. El texto original afirmaba: "La alternativa, explica Muñoz en una entrevista con EL PAÍS, es un plan para regularizar a un número indeterminado de sin papeles no por medio de una ley en el Congreso sino de un decreto presidencial —o varios— que evite el poder legislativo".