¿Quién elige a los Jueces en Guatemala?

El año 2014 está siendo un año clave para Guatemala y su sistema judicial. En Mayo, se eligió una nueva Fiscal General a través de un proceso que no estuvo exento de críticas e irregularidades. En Junio, comenzó el proceso para la elección de los 13 integrantes de la Corte Suprema de Justicia y 90 magistrados de las Cortes de Apelaciones y suplentes. El mismo se ha visto manchado por irregularidades que están poniendo en riesgo la independencia judicial en el país.

La Constitución de Guatemala índica que el proceso de selección de Jueces debe realizarse a través de la creación de una Comisión de Postulación cuya función es la de recibir currículos, analizarlos, y elaborar una lista corta de precandidatos que en última instancia serán elegidos por el Congreso de la República. Dicha Comisión, integrada por decanos de Universidades, autoridades de la justicia y representantes del Colegio de Abogados, debería en teoría ser independiente de intereses políticos a grupos de poder.

Esto pocas veces ha ocurrido. Un informe de la Fundación para el Debido Proceso señala que la conformación de la Comisión de Postulación por lo general no ha escapado a las influencias de grupos de interés político y económico, y de cuerpos ilegales, cuyo objetivo ha sido el de “cooptar la institucionalidad del país”. Como resultado, “las listas cortas de candidatos a magistrados suelen estar sometidas a negociaciones y compromisos corruptos”.

En esta misma línea, la organización Human Rights Watch en una carta dirigida al Presidente de la República Otto Perez Molina, resaltó el hecho de que la ley que regula la selección de los Comisionados no requiere que los aspirantes informen acerca de la identidad de sus socios comerciales, empleadores o clientes, ni que transparenten su situación patrimonial o el origen de los fondos para su campaña. Sin esta información es prácticamente imposible detectar qué intereses se encuentran manchando estos procesos.

El proceso iniciado el pasado Junio para la elección de los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, no se encuentra exento de estas y otras irregularidades. Los Comisionados a cargo del proceso fueron elegidos a fines de Mayo, en medio de ataques cruzados entre las diferentes listas de candidatos. La elección de estos comisionados fue marcada por campañas desproporcionadas, financiada por grupos de interés, incluyendo al Poder Ejecutivo. Llama la atención, por ejemplo, que entre los comisionados se incluyen representantes que han sido señalados anteriormente por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en un informe denominado “Jueces de la Impunidad”. El rector de la Universidad de San Carlos, por su parte, afirmó que la elección de los comisionados se había visto ensuciada por la participación de sectores externos y que en Guatemala el crimen organizado no solo está compuesto por aquellos que siembran y trafican droga, si no también por aquellos que debilitan las instituciones como el poder judicial.

Una vez comenzado el proceso, las críticas no tardaron en llegar. Adicionalmente a los problemas surgidos en torno a la selección de los comisionados y las denuncias por presunta presión de grupos de interés, más denuncias comenzaron a aparecer, las cuales sostienen que los comisionados se encuentran eludiendo los criterios establecidos en ley al no discutir en forma pública y razonada sobre la honorabilidad y méritos éticos de los candidatos para ocupar dichos cargos en el sistema de justicia, y al basar la evaluación más en la antigüedad que en la experiencia que garantiza su idoneidad y capacidad.

Diversos grupos de la sociedad civil guatemalteca decidieron actuar. Abogados independientes, organizaciones no gubernamentales, y la prensa, monitorearon el proceso, y presentaron una serie de amparos y acciones legales con el objetivo de impugnar ciertos aspectos del proceso de elección. Estas acciones tuvieron sus frutos. La semana pasada, el Tribunal Constitucional ordenó a los Comisionados a retroceder en el proceso y revisar el perfil de los aspirantes en base a los requisitos establecidos en la Constitución, y no a los criterios laxos que venían utilizando.

En respuesta, los comisionados han acusado a estos grupos de sociedad civil tales como el Movimiento Pro Justicia, la Fundación Myrna Mack y al abogado Alfonso Carrillo de haber “entorpecido el proceso” con sus denuncias, acusándolos de haber “violentado los derechos de los comisionados”. Los ataques de la Comisión de Postulación también se centraron en el Juez Cesar Adolfo González – quien fuera quien ordenó el amparo- por haberse “extralimitado en sus funciones”.

La comunidad internacional de derechos humanos tiene un ojo puesto sobre el proceso. El tema fue discutido la semana pasada durante el 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un comunicado emitido por un grupo de 5 organizaciones no gubernamentales resalta que los procedimientos para la selección de los nuevos Jueces no están siendo guiados por los principios de independencia, participación, transparencia y representatividad, existiendo dudas sobre la autonomía e imparcialidad de la Comisión de Postulación.

Human Rights Watch por su parte, en la carta ya mencionada, señaló que “si la actual Fiscal General y los miembros de la Corte Suprema son reemplazados por personas que carecen de la idoneidad, independencia y credibilidad que se necesitan para desempeñar estas altas responsabilidades, los logros conseguidos recientemente en el terreno de la justicia y el estado de derecho podrían detenerse, o incluso revertirse”.

Los próximos meses serán fundamentales ya que estarán en juego los próximos 5 años de administración de la justicia en el país. La votación final de los Comisionados se realizará entre el 18 y 21 de Septiembre. Luego, será el Congreso quién elija a los nuevos jueces. La importancia de todo este proceso radica en que estos nuevos jueces ocuparán los máximos tribunales luego de acabado el actual periodo presidencial. La responsabilidad de rescatar las instituciones estará en sus manos.

Guatemala necesita fortalecer sus instituciones para lograr un desarrollo sostenible en el tiempo acabando con uno de sus principales obstáculos: la impunidad. Pero esto no será posible si no se hace frente hoy a los riesgos que están manchando el proceso de selección judicial.