Las extorsiones tiñen de sangre Guatemala y ponen freno al desarrollo

Un agente de un cuerpo de seguridad privada, que custodiaba una panadería cuyos propietarios son víctimas de extorsión por mafias que han surgido como setas a la entrada del invierno, fue asesinado a tiros este jueves a media mañana. Un hecho que se repite a diario, sin que los esfuerzos de las autoridades logren ponerle fin.

Según la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), entre el 1 de enero y el 31 de julio del año en curso, 700 personas han sido asesinadas por pandillas que se dedican al chantaje. El GAM, incluso, ha elaborado una tabla donde se recogen los oficios de las víctimas, lo que permite clasificar cuáles son las profesiones más peligrosas en este país centroamericano.

“Los más afectados son los comerciantes. Les siguen los campesinos. La explicación es que unos y otros manejan dinero en efectivo”, dijo a EL PAIS el director del GAM, Mario Polanco. Añade que en la lista continúan, por la misma razón, los conductores de moto-taxis y del servicio colectivo de pasajeros. Ya nadie está libre. En los días de pago, los albañiles se convierten en víctimas propicias. Son asaltados nada más cobrar y los mafiosos matan sin ningún miramiento al que se opone. Los guardias de seguridad de empresas particulares, mal preparados y peor pagados, también engrosan las estadísticas, a las que se han sumado, en las últimas semanas, los recolectores de basura, en su mayoría pequeños empresarios, y hasta las prostitutas.

La tentación del dinero fácil alcanza también a la misma Policía Nacional Civil. La noche del domingo 10, tres agentes asignados a la seguridad fronteriza fueron detenidos por extorsionar a emigrantes clandestinos. Trascendió que, incluso, tienen tarifas: a los guatemaltecos les cobran 200 quetzales (unos 24 dólares), mientras que los extranjeros deben pagar alrededor de 96 dólares, si quieren continuar su aventura de llegar a Estados Unidos.

Estos policías fueron capturados por compañeros suyos que viajaban, gracias a denuncias previas, como pasajeros en el mismo autobús que las víctimas, según dijo a la prensa local el ministro del Interior, Mauricio López Bonilla. El funcionario añadió que desde 2012, más de 1.000 agentes han sido separados del cuerpo y puestos a disposición de los tribunales por delitos como extorsión secuestro y robo de vehículos.

El daño de esta práctica empieza a afectar seriamente a la economía del país, en la medida en que ahuyenta la inversión. Un portavoz de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham, en inglés) dijo que el 80% de las 504 empresas afiliadas a esa gremial guatemalteca-estadounidense, pagan la extorsión. Ilustró su gravedad con el ejemplo de una compañía de transportes que debe abonar un monto que no precisó por cada uno de los 3.000 camiones de su flota.

El mediano comercio también ha pagado su cuota. El 2 de agosto los 16 inquilinos de un centro comercial de una ciudad dormitorio del oeste de la Ciudad de Guatemala cerraron sus puertas por no poder pagar la cuota de 5.000 quetzales (unos 601 dólares) que los chantajistas exigían mensualmente a cada propietario.

Lo próspero del negocio ha hecho que surjan independientes que, amparándose en el miedo del guatemalteco promedio, se hacen pasar por miembros de una pandilla y cobran a sus víctimas. Según las autoridades, la proporción de estos es de nueve a uno, lo que explicaría el por qué cada día hay más víctimas.

Tanto las autoridades del Interior como el GAM sólo ven una salida a esta situación y es perder el miedo y denunciar el chantaje. Mario Polanco añade la necesidad de pedir cuentas a la Policía, para estar seguros de que las autoridades están cumpliendo con su obligación. “El seguimiento de cada uno de los casos es la única manera de devolver la confianza ciudadana en las instituciones”, subraya Polanco.