La defensa de Mireles presenta pruebas para revocar el auto de formal prisión

José Manuel Mireles, exportavoz y líder moral de los grupos de autodefensa –civiles armados- del Estado mexicano de Michoacán, lleva mes y medio en prisión. Aquel 27 de junio, el también cirujano de Tepalcatepec fue arrestado cuando se encontraba en el poblado de La Mira, en Lázaro Cárdenas, un municipio del sur de la entidad donde preparaba una asamblea con los vecinos, que habían solicitado su presencia por la crisis de seguridad en la zona.

Según consta en los expedientes oficiales, Mireles fue detenido en torno a las seis de la tarde por portar armas de uso exclusivo del ejército y posesión de drogas. Apoyados de imágenes de vídeo difundidas en la televisión mexicana, entrevistas de radio y el propio expediente judicial, los abogados de José Manuel Mireles presentaron el pasado viernes 104 folios con pruebas que tienen por objetivo revocar el auto de formal prisión que lo mantiene en una cárcel del Estado de Sonora, al norte del país y a unos 1.500 kilómetros de su casa. Desde enero pasado el Gobierno Federal desplegó un operativo en la región de Tierra Caliente para acabar con el cártel de Los Caballeros Templarios.

Los abogados –Salvador Molina Navarro, Talía Vázquez Alatorre y Néstor Luna Ortiz- argumentan que se violó el debido proceso, que las autoridades fabricaron pruebas y que Mireles fue sometido a tortura psicológica. En imágenes difundidas por Televisa se ve al doctor encapuchado junto a sus tres escoltas (que no tienen el rostro cubierto), y que también fueron arrestados. El propio Mireles declaró a su defensa que estuvo horas en un helicóptero mientras los agentes lo amenazaban con tirarlo al mar. “En sus estimaciones, sin reloj, calculaba que alrededor de seis horas”, aseguró Talía Vázquez. La abogada también denuncia que Mireles estuvo incomunicado y que hasta el día siguiente no fue posible hablar con él.

Mireles declaró a su defensa que estuvo horas en un helicóptero mientras los agentes lo amenazaban con tirarlo al mar

El expediente judicial, según lo expuesto por los letrados este lunes, incurre en contradicciones. En el documento consta que la lectura de los derechos de Mireles se realizó a las once de la noche, la misma hora a la que, como señala el propio expediente, el perito en toxicología le hizo un examen de integridad física (entre las 22.55 y las 23.18). La información relativa al arma que portaba Mireles también es confusa: mientras las autoridades que detienen al doctor dan un número de serie y un calibre, la referencia que llega al juez es otra. Además, el documento refleja que desaparecen 10 cartuchos entre el arresto y la puesta a disposición judicial.

Por otro lado, los abogados mostraron documentos en los que consta que la consignación se realizó casi tres horas después de que venciera el término de 48 horas para que la Procuraduría (Fiscalía) lo presentara ante las autoridades judiciales.

Entre otras inconsistencias, también señalan cambios en el peso de las dosis de droga incautada, en el lugar de la detención (aparecen el municipio de Lázaro Cárdenas y Tacámbaro) o en la hora de la llegada de Mireles a Morelia el día del arresto.

Mireles, preso político

Para Talía Vázquez Alatorre, también diputada federal suplente del izquierdista PRD, la detención de José Manuel Mireles se realiza por razones políticas. En abril de este año, durante una reunión con el Gobierno Federal en la que se votó a mano alzada, las autodefensas, incluido el líder de Tepalcatepec, acordaron que a partir del 10 de mayo los civiles guardarían las armas.

El comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, un cargo creado en enero por el presidente Enrique Peña Nieto para el que eligió a un hombre de su absoluta confianza, había trabajado conjuntamente con los civiles armados desde enero para detener a los criminales y superar la crisis de violencia en la entidad. "En esa asamblea, Castillo se comprometió también, en el plazo señalado, a detener objetivos ya identificados, entre ellos La Tuta -el último de los jefes del cartel hoy aún prófugo-; a acercar a los autodefensas presos a la ciudad de Apatzingán esa misma semana y a presentar conclusiones no acusatorias contra ellos. Nada de eso se cumplió, asegura Vázquez. “También se acordó que los líderes podrían tener escoltas y que estos serían salvaguardados por las autoridades federales. Los escoltas registraron las armas, a Mireles se le asignaron cuatro y sin embargo, lo detuvieron con tres de ellos”.

La relación de Mireles con el Gobierno federal se rompió días antes del 10 de mayo. En desacuerdo con las declaraciones críticas hechas por el cirujano, algunos líderes del Consejo de las Autodefensas anunciaron que Mireles ya no los representaba y fue expulsado. Pese a las advertencias del Comisionado y otros actores del Gobierno federal, el doctor siguió participando en la toma de nuevos municipios. Eso hasta el 27 de junio, cuando ya Castillo había anunciado en la prensa que “resolverían” ese mismo día la presencia de hombres armados en La Mira. Mireles lo sabía pero decidió quedarse allí, preparando la reunión que tendría horas más tarde con el pueblo.