La Administración y el Senado chocan por el informe sobre las torturas de la CIA

Los planes para desclasificar un informe sobre el programa secreto de detención e interrogación de la CIA han disparado la tensión entre el Senado y la Administración de Barack Obama. El presidente de Estados Unidos intenta al mismo tiempo proteger a la CIA por uno de los episodios más siniestros de la historia reciente del país -las torturas a sospechosos de terrorismo detenidos tras el 11-S-, y evitar la sensación de que su Gobierno se inmiscuye en el terreno de los legisladores y vulnera la separación de poderes.

Obama volvió a calificar el viernes como tortura las técnicas empleadas por la CIA para interrogar a sospechosos y enfatizó que se cruzó una “raya”. Sin embargo, pidió tener en cuenta el contexto de miedo generalizado tras los atentados en Washington y Nueva York en septiembre de 2001 para “no juzgar con demasiada dureza” a quienes “hicieron cosas que estaban mal”. Desde que asumió la presidencia en 2009, su Administración no ha llevado a la Justicia a ningún empleado de la agencia por esos hechos.

La presidenta del Comité de Inteligencia, la senadora demócrata Dianne Feinstein, acusó el martes a la Administración del también demócrata Obama de censurar “hechos clave” que nutren las principales conclusiones del documento del Senado. Feinstein explicó que ha enviado una carta a Obama en la que propone una serie de cambios en el redactado y avisó que el informe no se desclasificará hasta que ella considere que toda la redacción es “apropiada”, lo que da a entender que su publicación no será inminente.

La Administración lleva meses trabajando con el Senado en la selección de los detalles a desclasificar para garantizar que no vulneren la seguridad nacional

Es habitual que, al desclasificar documentos confidenciales, el Gobierno revise y elimine algunos detalles amparándose en la protección de la seguridad nacional. Así lo hizo en junio al divulgar el memorándum legal que justifica los ataques con drones contra ciudadanos estadounidenses. En los últimos meses la Administración Obama ha trabajado con el comité del Senado en las partes del informe de la CIA que se difundirán, pero, ante la acusación de Feinstein, la duda es si está yendo demasiado lejos.

“Es importante que un proceso de desclasificación proteja las fuentes y los métodos y otra información crucial para nuestra seguridad nacional”, afirmó el lunes el portavoz de la Casa Blanca, John Earnest. El jueves la CIA admitió que algunos de sus empleados espiaron ordenadores reservados para los investigadores del Senado, como había denunciado en marzo Feinstein. Entonces la agencia de inteligencia negó tajantemente cualquier práctica inadecuada.

El programa secreto de detención e interrogación de la CIA lo impulsó la Administración del republicano George W. Bush tras el 11-S. Obama lo cerró en su primera semana como presidente, en enero de 2009. El informe del Senado concluye que las técnicas utilizadas por la agencia contra personas detenidas por una presunta vinculación con Al Qaeda eran mucho más severas de lo que se creía inicialmente y que no sirvieron para obtener información que preveniera muertes en atentados terroristas, según han revelado a medios de comunicación estadounidenses algunas de las personas que han leído un borrador del documento.

También acusa a algunos ex altos cargos de la CIA de haber engañado al Congreso, la Casa Blanca y el Departamento de Justicia acerca del sistema de interrogación, en el que se utilizaban métodos extremadamente agresivos. No se trata del primer informe sobre el polémico programa, pero posiblemente sea el más completo acerca de su alcance y el rol de la agencia.

Obama intenta al mismo tiempo proteger a la CIA  y evitar la sensación de que su Gobierno se inmiscuye en el terreno de los legisladores

En 2008 y 2009 se difundieron varios memorándums internos sobre el programa. En ellos la Administración Bush aducía que no constituían tortura algunas controvertidas técnicas, como el ahogamiento simulado de detenidos, y revelaba que algunos de los métodos de interrogación -por ejemplo, posiciones extremadamente incómodas a presos en cárceles de Afganistán, Irak y Guantánamo (Cuba)- se llevaron a cabo antes de que se redactara la justificación legal.

El debate sobre la difusión de una décima parte del informe no es nuevo. La redacción del informe -de más de 6.000 páginas y que costó 40 millones de dólares- finalizó en diciembre de 2012. En junio de 2013 la CIA envió al mencionado comité del Senado un documento de un centenar de páginas en el que rebatía sus principales conclusiones. Ese documento también se mantiene en secreto pero se prevé que, con la desclasificación del informe del Senado sobre el programa de interrogación, se divulgue la posición de la CIA al respecto.

Desde que en abril el comité votó a favor de la desclasificación de una parte de su investigación, mantiene una pugna con la Administración y los servicios de inteligencia en la selección de los detalles a difundir y la matización de algunos. En paralelo, según el diario The New York Times, el actual director de la CIA prepara junto a ex altos cargos de la agencia -entre ellos George Tenet, su máximo responsable entre 1997 y 2004- una contraofensiva para rebatir el informe del Senado y minimizar su impacto público.

Esta tensión entre la Administración y los legisladores pone de relieve cómo persiste en EE UU un problema de fondo sobre la finalidad y justificación de la tortura con fines de seguridad nacional. El objetivo de la Casa Blanca es cerrar definitivamente el episodio oscuro de los excesos de la CIA sin que afecte a la imagen de Obama.