La violencia contra mujeres y menores lastra la inclusión social en Latinoamérica

Violencia, marginación, pobreza, discriminación por género y raza, abandono escolar y escasez de puestos de trabajo con garantías en Honduras, el Salvador y Guatemala constituyen el combustible "tóxico" del éxodo de decenas de miles de menores solos e indocumentados hacia Estados Unidos. Esta es una de las conclusiones del tercer Índice sobre Inclusión Social en América que hoy publica la organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA). Los tres países citados están en la cola de una clasificación que mide a 17 Estados a través de 21 variables que determinan la capacidad de sus ciudadanos para acceder a determinados bienes y servicios. Uruguay, Argentina y Costa Rica encabezan, por este orden, la clasificación en un continente que, pese a sus indudables avances y crecimiento económico en la última década, no ha logrado erradicar gravísimos problemas de exclusión social. La lamentable situación de la mujer en cuanto a derechos y oportunidades en muchos países y la inseguridad producto de la marginación de los más jóvenes en Centroamérica constituyen los dos puntos a los que el informe dedica un análisis más profundo. "Hace 20 años hablábamos de democracia; hace 10, de economía; hoy, de inclusión social. Sin duda hemos avanzado", declaró Susan Segal, presidenta de AS/COA, durante la presentación del informe en Nueva York.

Pobreza y violencia no constituyen una correlación automática, como recuerdan los investigadores Matthew Budd y Marcela Donadio, miembros de la organización Red de Seguridad y Defensa de América Latina, en un artículo que acompaña al informe en Americas Quarterly, la revista de la AS/COA. Para corroborar esta idea, recuerdan que Nicaragua, un país mucho más pobre que sus vecinos (1.750 dólares de PIB per cápita y 162 dólares de salario mínimo), tiene una tasa de homicidios (11 por cada 100.000 habitantes) muy inferior a la de Honduras (85), El Salvador (41) o Guatemala (34). Asimismo, apenas figuran niños nicaragüenses entre los llegados a la frontera de Estados Unidos. “La exclusión social es mucho más que pobreza y desigualdad. Tiene que ver con un sentido de pertenencia a un grupo. La marginación genera la sensación de ser un extraño e, inevitablemente, de inseguridad, lo que conduce a comportamientos violentos en busca de justicia y seguridad. La inclusión social crea vínculos y seguridad. En contraste, un entorno de inseguridad cercena libertades y la posibilidad de inclusión social. En Centroamérica estos fenómenos se refuerzan mutuamente en una mezcla turbulenta. Los más jóvenes de la región son cada vez más las víctimas y los verdugos de la violencia”, afirman Budd y Donadio.

Para la periodista y escritora estadounidense Sonia Nazario, autora del aclamado premio Pulitzer El viaje de Enrique, los 40.000 menores centroamericanos (el 40% son niñas) que han intentado cruzar la frontera de EE UU con México (se calcula que la cifra ascenderá a 90.000 a finales de año) no son emigrantes, sino refugiados que huyen de un pavoroso escenario de violencia. Los datos avalan su apreciación. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados entrevistó a 404 niños llegados desde Honduras, El Salvador y Guatemala. El 58% explicó que su principal motivo para intentar llegar a EE UU era escapar de las bandas de delincuentes y narcos, que captan a menores como sicarios o camellos. En 2006 se realizó un sondeo similar entre chavales mexicanos. Sólo un 13% atribuyó su arriesgado viaje a la violencia en su lugar de origen. "Sin duda la violencia es un factor, pero los problemas para acceder a la enseñanza secundaria, o,en definitiva, la falta de oportunidades, también influyen", señaló Christopher Sabatini, director de Americas Quarterly. Para Sabatini, el bloqueo de la futura ley de emigración en Estados Unidos no es la única razón del éxodo de menores, como se argumenta desde algunos países. "Sin duda necesitamos una nueva ley, y es importante que los niños comiencen a ser tratados como refugiados, pero no hay una sola respuesta. Es preciso adoptar medidas de inclusión en los paises de origen", añadió.

La inseguridad y marginación que sufren grupos vulnerables como los más jóvenes y las mujeres no la determina el PIB del país, sino la fortaleza de sus instituciones

La inseguridad y marginación que sufren grupos vulnerables como los más jóvenes y las mujeres no la determina el PIB del país, sino la fortaleza de sus instituciones, aseguran los investigadores del Índice de Inclusión Social de AS/COA. En este sentido, Honduras ostenta varios récords negativos. El 48% de las víctimas de homicidio en 2012 tenían allí entre 15 y 19 años. La ciudad de San Pedro Sula tiene la mayor tasa de homicidios del mundo, según Naciones Unidas. 2.000 niños llegados este año hasta mayo a la frontera de Estados Unidos proceden de esa ciudad. No es la única: más de las mitad de las capitales de las que proceden los menores indocumentados está en Honduras.

Entre los aspectos más débiles en cuanto a inclusión social, el informe de AS/COA destaca de forma muy crítica la situación de las mujeres. Las investigadoras Jane Marcus-Delgado y Joan Caivano denuncian que la mayor presencia de mujeres en las instituciones y la vida política de los países americanos no ha supuesto una mejora de sus condiciones y oportunidades, en particular para las de raza negra y las que viven en zonas rurales. Así, el informe recuerda que una de cada tres mujeres sufre abusos en América Latina, según la Asociación Panamericana de Salud, y que la violencia de género se cobra más víctimas en el continente que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico o los conflictos armados. En Chile, el 50% de las mujeres entre 15 y 49 años ha sido víctima de su pareja. En Sao Paulo, una mujer sufre abusos cada 15 segundos. La mitad de las países con más altas tasas de violencia de género son americanos.

“Un examen de las nuevas tendencias, leyes y políticas a favor de la mujer trae a la mente la expresión española: ‘Del dicho al hecho hay mucho trecho’. En otras palabras, incluso en áreas en las que ha habido un progreso significativo, existen barreras que no permiten una aplicación coherente de esas nuevas políticas: insuficientes recursos públicos, falta de voluntad política, la prevalencia de valores y prácticas patriarcales y una desigualdad socioeconómica extrema”, advierten Marcus-Delgado y Caivano. Como ejemplo destacan la falta de información (Paraguay y Uruguay no ofrecen datos sobre violencia de género) o su obsolescencia (los de Bolivia y Colombia son de 2003 y 2005, respectivamente). Asimismo, aunque haya leyes, estas no se aplican. En Río de Janeiro se denunciaron 1.822 violaciones en 2013, pero sólo hubo 70 detenciones.

El Índice de Inclusión Social mide también las normativas que regulan el aborto o la contracepción, en la medida en que determinan la diferencia de oportunidades entre hombres y mujeres. En este sentido, el panorama es desolador. El 95% de los abortos se realiza en América en condiciones insalubres, debido a la persistencia de legislaciones muy restrictivas en muchos países. Allí donde las leyes son permisivas, como Colombia o Uruguay, los medios para aplicarlas son, sin embargo, deficientes. Tampoco una mayor presencia de mujeres en la vida pública ha mejorado esta situación como podría esperarse. En Nicaragua y Ecuador, los presidentes Daniel Ortega y Rafael Correa, respectivamente, han potenciado el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, pero sus legislaciones sobre aborto son de las más duras. Por último, en países con mujeres en la presidencia (Argentina, Chile, Costa Rica y Brasil) la normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo está, paradójicamente, muy lejos de lo que el informe elaborado por AS/COA consideraría plausible.

La tercera edición del Índice de Inclusión Social de América coloca en los tres primeros puestos a Uruguay, Argentina y Costa Rica. Los últimos puestos son para El Salvador, Paraguay, Honduras y Guatemala. En medio, y por este orden, quedan Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Panamá, Bolivia, Colombia, México y Nicaragua. Entre sus conclusiones, el informe reconoce avances --reducción de los niveles de pobreza, acceso a la enseñanza secundaria, más viviendas y empleos con derecho a pensión—gracias al crecimiento económico en países como Brasil, Colombia, Chile o Uruguay, pero persisten situaciones inaceptables, en concreto las referidas a las mujeres y las minorías, la actitud de los Gobiernos sobre la exclusión social, el acceso a la Justicia y los derechos y protección de los discapacitados psíquicos, entre otros aspectos. “Es difícil cambiar la situación a corto plazo por razones históricas, estructurales y de actitud”, corrobora Sabatini.

La violencia de género se cobra más víctimas en el continente que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico o los conflictos armados

Por países, Uruguay repite en el primer puesto por segundo año gracias a su crecimiento económico y a la mejora de los derechos políticos y del acceso a una vivienda digna. Su puntuación sufre debido a la persistencia de desigualdades por género o raza, según el informe. Argentina ocupa el segundo lugar gracias al dinero público dedicado a programas sociales. Sin embargo, puntúa bajo en participación social y capacidad de respuesta del Gobierno, según la opinión de los ciudadanos. Pese a estos avances, el Índice denuncia que queda mucho por hacer en cuanto a la posibilidad de disfrutar de derechos civiles sin discriminación de ningún tipo en Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay.

Costa Rica, tercero, es uno de los países mejor valorados en muchas de las variables. Sin embargo, ocupa uno de los peores puestos en lo que se refiere a los derechos de gays, lesbianas y transexuales. Perú, sexto en la tabla, ha experimentado avances en los derechos de las mujeres, además de un crecimiento económico importante. Sin embargo, sigue invirtiendo poco en medidas sociales que favorezcan las matriculaciones en secundaria y el acceso a viviendas dignas.

Brasil desciende al octavo puesto, en parte, por la mala percepción que tienen sus ciudadanos sobre la capacidad de su Gobierno de dar respuesta a los problemas de exclusión social. Colombia y México, undécimo y duodécimo, respectivamente, tienes serios retos que atender. En el caso de Colombia, siempre según el informe, la escasa presencia de la mujer en política. En el de México, el acceso a puestos de trabajo con todos los derechos laborales reconocidos y una pensión. En Honduras, este asunto es realmente sangrante: sólo el 10% de las mujeres y el 5 % de los hombres trabajan con derecho a pensión.

El Índice de Inclusión Social no se limita a constar los avances o retrocesos en determinadas cuestiones, sino que también consigna recomendaciones y exigencias. Las prioritarias tienen que ver con políticas a favor de las mujeres (Brasil, Colombia y Chile), mejores condiciones de acceso al mercado laboral (México, Ecuador, Guatemala y Paraguay), potenciar las matriculaciones en la educación secundaria (El Salvador, Brasil o Uruguay) y robustecer una justicia más eficiente y cercana a los ciudadanos (México o Bolivia), entre otras. Los responsables del índice recordaron la necesidad de mejor la información que recogen los censos nacionales, y que en ellos se incluyan categorías de raza o etnia.

Para elaborar el índice, los investigadores utilizan los datos del censo de cada país, documentos del FMI y del Banco Mundial, el informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el Barómetro Americano de la Universidad Vanderbilt así como trabajos de investigadores de otras instituciones (American Dialogue, Amherst College y City University of New York, entre otras). Los responsables del estudio miden hasta 21 variables (PIB, derechos civiles, acceso a viviendas dignas, matriculaciones en enseñanza secundaria, acceso a un trabajo con pensión, concesión de créditos, derechos y protección de los discapacitados psíquicos, legislación sobre la mujer, capacidad de respuesta del Gobierno…) hasta asignar a cada país una puntuación.

Debido a las dificultades para reunir datos homologables y la escasez de estos en muchos casos, pueden darse algunas conclusiones sorprendentes y ausencias notables. Es el caso del cuarto puesto que ocupa Estados Unidos. El propio informe advierte de que, aunque ese país tiene importantes “retos” en cuanto a inclusión social, esa “sorprendente” clasificación responde a la imposibilidad de obtener datos federales en ocho variables. En el caso de Venezuela, la dudosa calidad de la información disponible motivó su exclusión del índice. "En once de las variables, los datos de que disponíamos procedían del Gobierno. Nos nos ofrecían suficiente confianza. Es una pena que no podamos conocer con rigor si el Gobierno venezolano está realizando la revolucion social que defiende en su agenda política", explicó Sabatini.