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El conflicto de intereses ensombrece la reforma de telecomunicaciones de México

La cercanía de algunos legisladores a Televisa y Tv Azteca despierta la sospecha en la víspera de la aprobación de la nueva ley

Esta semana puede ser definitiva para la reforma de telecomunicaciones, una serie de leyes que ha impulsado el Gobierno de Enrique Peña Nieto para debilitar a los monopolios de la industria y fomentar la competencia. El Senado podría aprobar antes de este viernes las normas reglamentarias de la reforma y concluir con ella. Un manto de sospecha cubre, sin embargo, al Congreso. Algunos legisladores podrían tener intereses opuestos al espíritu de la reforma. Les llaman la telebancada.

La atención sobre este grupo de legisladores cobró fuerza la semana pasada, cuando se filtró una conversación entre la diputada Purificación Carpinteyro, del Partido de la Revolución Democrática (de izquierdas), y un exdirectivo de Telefónica. “Yo creo que ya nos sacamos la lotería”, dice la congresista, que expone en el audio sus intenciones para arrancar un negocio después de hacer un traje a la medida con las leyes secundarias. Tras la publicación de la llamada Carpinteyro negó que hubiera conflicto de intereses, pero se excusó de la discusión legislativa, donde iba a llevar la voz cantante de la izquierda.

La telebancada tiene más presencia en la Cámara de Diputados, conformada por 500 legisladores. Diez de ellos tienen relación con el sector de las telecomunicaciones. El Partido Verde, un satélite del PRI, tiene en su bancada (de 28 diputados) a seis. Entre ellos Federico González Luna, exdirectivo de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y autor de una polémica ley de 2006, llamada la Ley Televisa, que tuvo artículos considerados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Laura Ximena Martel también trabajó en la CIRT. Mónica García de la Fuente trabajó en el área jurídica de Televisa. Así lo hicieron también Javier Orozco Gómez y Armando Cuéllar.

En el PRI también militan algunos cuyas lealtades son cercanas a empresas privadas. Jorge Mendoza Garza es vicepresidente de Grupo Azteca, cuya cabeza es Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca. Patricio Flores es dirigente del sindicato de trabajadores de la radio y televisión y tiene una plaza como trabajador de Televisa. Y Enrique Cárdenas es accionista de un grupo radiofónico de Tamaulipas, al norte de México. En el PAN figura Humberto Niño de Rivera, exfuncionario del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) que tiene muy buena relación con las empresas de radiodifusión.

“Ellos no representan los intereses de la ciudadanía. Llegaron a través de la representación proporcional (una forma de elección que no necesita el voto directo)”, dice Gabriel Sosa Platas, un analista del sector de las telecomunicaciones. Algunos de los diputados se han defendido diciendo que en el Congreso se encuentran representados varios sectores de la sociedad: campesinos, petroleros, maestros, entre otros. “Una cosa es representar a niños y mujeres y otras empresas privadas. Los canales de televisión no deberían tener una posición de influencia para beneficio personal”, señala dice Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

"En realidad, la única diferencia entre la diputada Carpinteyro y los legisladores que integran la telebancada es que contra ella hay pruebas de que planeaba un futuro negocio”, escribió la opinadora Maite Azuela. El presidente del PRD ha enviado sendas cartas a la Cámara de Diputados y Senadores para solicitar que se excusen aquellos quienes tengan conflicto de intereses.

“Las empresas de televisión se han preocupado de tener un pie adentro del Congreso. Es un escándalo, pero en México pasa desapercibido”, agrega Ramírez. Televisa y Televisión Azteca han logrado desde hace varios años que los partidos políticos nombren como candidatos a aquellos que puedan proteger sus negocios. Cuando la reforma constitucional se negoció, en 2013, los partidos de oposición hicieron todo lo posible para evitar que fuera dictaminada en las comisiones que controla la telebancada. “Hubo una jugada muy interesante. Se impidió que le metieran mano a la reforma, pero esos legisladores están a la expectativa de entrar en acción cuando se les necesite”, advierte Ramírez.

Es el Senado de la República el que elaborará los dictámenes de las leyes secundarias. Allí también hay integrantes de la guardia pretoriana de los poderes fácticos. La más notoria es Ninfa Salinas, del Partido Verde, hija del dueño de Televisión Azteca, una empresa que combinada con Televisa controla el 96% de la cuota de pantalla en México. Armando Melgar, también del PVEM, es director de Canal 40, uno de los tres canales de Televisión Azteca. Los medios nacionales también han señalado a otros integrantes como la priísta Arely Gómez, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa. En el PAN destaca Javier Lozano, que ha sido cercano a Televisa. ”Se nota un interés de Lozano de promover aquellos artículos que benefician a la empresa para que siga concentrando el mercado de la televisión de paga, uno de los que más crecen en México”, apunta Agustín Ramírez.

El PRI y el Partido Verde necesitan cuatro votos en el Senado para aprobar las leyes secundarias de telecomunicación. Lozano ha asegurado que votará con la mayoría a pesar de que su partido no está de acuerdo en algunos puntos que podrían terminar beneficiando a las empresas de televisión en lugar de reducir su poder. Los analistas creen que si se vota el proyecto actual, que aún está en discusión, la histórica reforma de 2013 que afectaba los monopolios será diluida.

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