La llegada de niños sin papeles crea una crisis en la frontera de Estados Unidos

Legisladores estadounidenses están buscando salidas ante una de las peores crisis humanitarias que ha vivido Estados Unidos en los últimos años, debido al dramático aumento de niños, en su mayoría centroamericanos, que cruzan solos la frontera. Aunque hasta ahora el Gobierno ha aplicado medidas provisionales para sobrellevar el problema, no se ve aún una solución a largo plazo.

Algunos congresistas de los Estados fronterizos ya comparan la llegada de los menores al país con la política de pies secos para Cuba. Esta consiste en que los cubanos que logran pisar tierra estadounidense pueden quedarse legalmente, mientras que quienes son atrapados por la Guardia Costera en el mar son regresados a la isla. Sin embargo, en el caso de los menores indocumentados -provenientes en su mayoría de países como El Salvador, Guatemala y Honduras-, la realidad es muy diferente.

El portavoz de la Administración para Niños y Familias, Kenneth Wolfe, confirmó a EL PAÍS que actualmente el Gobierno tiene “7.247 casos de niños indocumentados en espera de ser procesados, 1.079 de los cuales están en la base aérea de Lackland, en Texas”, que fue abierta especialmente para darles refugio.

En opinión de legisladores como Henry Cuellar, demócrata del distrito 28 en Texas -que incluye una zona de la frontera-, parte de la solución consistiría en que el Gobierno habilite cortes de inmigración en su Estado para que una vez que los menores lleguen, puedan resolver sus casos en un tiempo breve y sea ahí donde se determine si son deportados o pueden quedarse.

“En Texas ahora están entrando 1.200 personas y de ellos 300 a 400 son niños solos. El Gobierno no logra frenar la situación porque los grupos criminales que los traen saben que si llegan les dan un papel con fecha para una audiencia, aunque la mayoría de esas personas no se va a presentar en la corte”, explicó el congresista. Cuellar insiste en que el Gobierno está tomando decisiones en Washington sin considerar la realidad que se vive en los Estados fronterizos.

Actualmente los menores que son capturados por la patrulla fronteriza entran en un proceso legal durante el que el Gobierno intenta localizar a sus tutores legales para que se hagan cargo de ellos mientras se resuelve su situación migratoria. De acuerdo a Wolfe, tan solo este año se han dejado en libertad a 34.661 niños.

Los menores dejan sus casos abiertos en las cortes de inmigración y es entonces cuando deciden si pasan a “la sombra”, como comúnmente se les dice a las personas que no tienen papeles en Estados Unidos, o si se enfrentan al sistema de inmigración y pelean por lograr un estatus migratorio legal.

Las opciones son limitadas, pero existen. Los menores pueden ampararse en beneficios como asilo o visas especiales como U y T, que se utilizan cuando las personas son víctimas de violencia, abuso o tráfico humano. Si los niños y sus familias deciden tomar esa opción, el primer obstáculo es recibir asistencia legal y el segundo es el largo tiempo de espera que tendrán que enfrentar para que un juez pueda analizar su caso.

Este mes el Gobierno estadounidense anunció un nuevo programa para dar acceso a abogados a los niños que están enfrentando procesos de deportación. Se espera que se otorguen más de dos millones de dólares en fondos para organizaciones no gubernamentales que se traduzcan en la ayuda legal.

Pero esto es sólo la punta del iceberg. Instituciones como Kids in Need of Defense (KIND) han trabajado con niños indocumentados desde 2009. Desde entonces han entrenado a más de 7.000 abogados y han recibido los casos de más de 6.000 menores.

Megan McKenna, directora de abogacía de KIND, explica que cuando los niños son liberados la mayoría “no tiene un abogado y se enfrentan solos al Gobierno” en la corte. “Me gustaría decirte que la gente puede contactar directamente a nuestra organización y recibirá asistencia, pero la realidad es que son tantos los casos que es imposible”, asegura

Según los datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, actualmente existe una espera de 578 días a nivel nacional para los casos en las cortes de migración. En estados como California la cifra llega a 706. Solo este año, Estados Unidos tiene 366.758 expedientes pendientes.

El siguiente paso en el desarrollo de esta crisis serán las propuestas que emanen del Congreso para aminorar el impacto de la crisis humanitaria. Tanto senadores como congresistas ya están trabajando en opciones que modifiquen el sistema actual. Los grupos de derechos civiles temen por las opciones que tendrán los menores si Estados Unidos les cierra sus puertas.