La austeridad en la clase política de Uruguay no empezó con Mujica

Con el relevo de José Mujica a la cabeza de la presidencia de Uruguay cambiará sin duda un estilo único de gobernar, pero todos los candidatos electos el domingo mantendrán la austeridad que tanto llamó la atención en el mundo. Sin duda, el exguerrillero tupamaro llevó hasta las últimas consecuencias el bajo perfil que es la regla de la política uruguaya. Pero pasando revista a los presidenciables, de izquierda a derecha, ninguno se proyecta fuera del campo de la igualdad social tan apreciada por los uruguayos.

“Nadie es más que nadie” es una expresión popular que los uruguayos llevan inscrita en el ADN y que Mujica volvió a poner de moda. Políticos y electores se proyectan como parte de una democracia social.

En este contexto, las declaraciones de patrimonio de los candidatos, publicadas recientemente por el periódico El Observador, dan cuenta de la modestia con la que los políticos enfrentan el acceso al liderazgo de su partido o la llegada a las máximas instancias del poder. El líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, favorito de cara a las presidenciales del 26 de octubre, tiene una de las mejores situaciones financieras dentro del grupo de presidenciables. Médico especialista en oncología, tiene una pensión como expresidente (cargo que ejerció de 2005 a 2010) que no supera los 1.900 euros mensuales y además sigue ejerciendo la medicina con ingresos que rondan los 1.800 euros. Su patrimonio total no llega al medio millón de euros.

Los orígenes humildes de Tabaré Vázquez lo protegen de cualquier suspicacia, no siendo así el caso de Luís Lacalle Pou

Durante su periodo como presidente eligió vivir en su propia casa, una residencia cómoda en el barrio de El Prado, antigua zona aristocrática de Montevideo ahora en decadencia. Una bandera de Uruguay y un coche de patrulla policial eran las únicas señales de que allí vivía un presidente. Pero incluso esta modestia llegó a escandalizar a sectores del Frente Amplio, que consideran todavía demasiado ostentoso que su líder lleve un tren de vida de clase media alta, de médico con varias décadas de trabajo a cuestas.

Los orígenes humildes de Tabaré Vázquez lo protegen de cualquier suspicacia, no siendo así el caso del candidato sorpresa del Partido Nacional (centroderecha), Luís Lacalle Pou. Hijo de un expresidente, Luís Alberto Lacalle, proviene de lo más parecido a una aristocracia que pueda haber en Uruguay. Su familia es adinerada y, a tenor del despliegue de medios de su campaña, sus apoyos también. Pero a los 40 años, Lacalle Pou presenta los menores ingresos de todos los candidatos presidenciales: un sueldo mensual de diputado de unos 3.000 euros, un patrimonio de unos 100.000 euros y muchas deudas.

Sin duda, el que goza de mejor situación económica de la lista es el líder del Partido Colorado (derecha), descendiente de una familia de estancieros. Según su declaración, Pedro Bordaberry, exministro e hijo del exdictador Juan María Bordaberry (1973-1976), tiene un patrimonio de algo más de un millón de euros.

Pero para cualquier político del Partido Colorado ser calificado de rico o millonario equivaldría a un insulto, puesto que la derecha tradicional se considera sucesora del presidente José Battle y Ordóñez, fundador del Estado moderno y laico uruguayo en el siglo XIX, quien acuñó otra frase célebre: “que los ricos sean menos ricos y los pobres menos pobres”.

Por eso, en Uruguay, un presidente del estilo del chileno Sebastián Piñera - millonario con un canal de televisión, un club de fútbol e intereses en sectores clave de la economía chilena – habría tenido difícil presentarse a unas elecciones uruguayas, precisamente por encarnar todo lo contrario a la igualdad republicana.

Más que la austeridad, la obsesión por no aparentar es un rasgo general de los uruguayos. Basta con pasear por el barrio de Carrasco, el más adinerado de Montevideo, para comprobar la contención de los ricos en sus casas y mansiones. A finales de los 80 e inicios de los 90, en plena fiebre de privatizaciones y dinero rápido en toda América Latina, una parte de la derecha uruguaya trató de subirse a ese carro. El desenlace se zanjó con un plebiscito convocado por políticos y ciudadanos de izquierda y derecha en 1992. La consulta arrasó en las urnas con un 71%, llevándose por delante los proyectos de privatización de varias empresas estatales que en el día de hoy siguen existiendo.

La batalla no fue sólo económica: fue cultural y marcó un precedente. En este contexto, la corrupción de los políticos es poco frecuente e incluso en este periodo preelectoral, propicio a todas las acusaciones, unos y otros reconocen la integridad de sus contrincantes.

La senadora y mujer del presidente Mujica, Lucía Topolansky, señalaba estos días que durante su administración “nadie se llevó plata en el bolsillo, podemos poner las manos en el fuego por todos los que estuvieron". La exguerrillera aclaró que no se trata de una característica particular de su partido, sino que "es parte del país". "El Uruguay es como un bosquecito ralo. Se ve todo. (El político) está más presionado. Si hay alguno que tuviera una tentación, está mucho más presionado", dijo.

Topolansky explicó por qué es difícil que en el país abunden los casos de enriquecimiento ilícito: “Había un viejo dirigente sindical”, prosiguió Topolansky, que decía: 'En Uruguay no hay ricos, hay riquillos'. Hay determinadas cosas propias de un país más aldeano: todos nos conocemos y si charlamos cinco minutos tenemos algún amigo en común o un familiar".

A veces, la obsesión por no parecer derrochador provoca situaciones caricaturescas, como el eterno debate sobre la compra de un avión presidencial. El Estado uruguayo podría permitirse ese lujo, pero ningún dirigente parece dispuesto a pagar el precio político de semejante adquisición. En el caso de Mujica es simplemente impensable, a pesar de ser él, a sus 79 años, uno de los más perjudicados por los continuos viajes en vuelos de línea, muchas veces con escala.