Guatemala cambia de fiscal tras el enconado juicio a Ríos-Montt

Thelma Aldana, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y con más de 30 años de trayectoria profesional, juró su cargo como fiscal general este sábado ante el presidente, Otto Pérez, y sustituye en el cargo a Claudia Paz y Paz, considerada por amplios sectores de la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional como la persona que mejor ha desempeñado el cargo en la historia del país.

No tiene una tarea fácil. El Estado guatemalteco es gravemente deficitario en su lucha contra delitos como la corrupción, la impunidad o el narcotráfico, entre otros. Este país, con una tasa de homicidios que supera los 30 por cada 100.000 habitantes, es uno de los más violentos del mundo.

A esto se suman los señalamientos en su contra por sus supuestos vínculos tanto con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG, el partido-iglesia de Ríos Montt, reconvertido en el Partido Republicano Institucional) y por su presunta cercanía con la vicepresidenta, Roxana Baldetti. Esto obligará a la nueva fiscal a poner su independencia como una de sus retos prioritarios.

Amén de la enorme sombra que constituye la trayectoria de su antecesora, Claudia Paz y Paz, entre cuyos hitos se encuentra la reducción de la impunidad del 97% al 70%. Pero sobre la decisión con que respaldó el juicio por genocidio y delitos de lesa humanidad en contra del exdictador Efraín Ríos Montt, en franca oposición al presidente Pérez Molina, quien niega que durante la guerra civil guatemalteca, librada entre 1960 y 1996, se cometieran tales ilícitos. Cabe señalar que Pérez Molina ganó sus galones en las trincheras.

Fue precisamente este acto, que diera prestigio mundial tanto a la fiscal Paz y Paz como a la jueza del Tribual de Alto Impacto que condenó a Ríos, Yassmín Barrios, lo que significó para ambas su defenestración interna. Barrios fue suspendida en sus funciones como abogada durante un año por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios, mientras el periodo de Paz y Paz fue recortado en casi siete meses. Aparte de ello, fue eliminada de la lista de candidatos para un nuevo periodo, a pesar de que obtuvo el segundo punteo más alto entre los aspirantes.

Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel en mayo de 2013, sentencia posteriormente anulada por el Constitucional en una decisión de dudosa legalidad por razones de competencia.

El juicio a Ríos Montt y su posterior anulación tuvo la particularidad de reavivar la profunda división de la sociedad guatemalteca, donde los sectores ultraconservadores han reaccionado con particular virulencia para evitar cualquier análisis objetivo del pasado.

Apenas la semana anterior, el Congreso (Legislativo, unicameral) emitió un punto resolutivo donde se afirma que “en Guatemala no hubo genocidio”, extremo que para organizaciones como Impunity Watch “condiciona a los jueces en el juzgamiento de los delitos cometidos durante el conflicto armado” y constituye “un nuevo episodio de una actitud revisionista expresada por funcionarios públicos de alto nivel que reiteradamente niegan los hechos documentados por el Informe da la Comisión para el Esclarecimiento Histórico”, según se lee en un documento de la organización.