Avances ínfimos en la tercera jornada de diálogo entre Gobierno y oposición

El diálogo iniciado hace un mes en Venezuela entre Gobierno y oposición empieza a perder fuelle. Este martes se celebró la tercera sesión de conversaciones, con la presencia como testigos de los cancilleres de Brasil y Colombia, así como del Nuncio Apostólico. El lugar de la reunión ya daba pistas sobre quién va perdiendo la cita, puesto que el encuentro tuvo lugar por la tarde en la sede de la Vicepresidencia de la República, en pleno centro de Caracas. Por si el desaire luciera poco, esta vez el presidente Nicolás Maduro ni siquiera formó parte de la reunión.

Más allá de los simbolismos, la credibilidad del diálogo se juega en los resultados que produzca y el plazo en que los rinda. Ramón Guillermo Aveledo, Secretario Ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y uno de los participantes en la reunión, se declaró a la salida consciente de la urgencia de alcanzar algunos acuerdos que legitimen a tiempo ese cónclave por el que pocos venezolanos apuestan. “En la reunión de hoy hemos coincidido ambas partes en la necesidad de generar resultados”, dijo, tratando de ganar indulgencias para un proceso que, quizás, sea la última oportunidad para la paz política en Venezuela. “Los diálogos, que son caminos legítimos y de democracia entre gente que tiene opiniones divergentes, son útiles en la medida en que se generen resultados”.

Sin embargo, tanto Aveledo como Jorge Arreaza, vicepresidente venezolano - quienes hicieron de portavoces de los dos bandos al final de la jornada - apenas pudieron mostrar unos magros resultados. Se convino crear grupos paritarios de trabajo, que se constituirán el viernes, para tratar la conformación de una Comisión de la Verdad que investigue los hechos de violencia de los últimos dos meses. También serán encargados de estudiar la posible promulgación de una Ley de Amnistía que beneficie a los presos políticos. Los representantes opositores reclaman su liberación mientras el Gobierno juega con las palabras, aclarando que en Venezuela no hay presos políticos sino “políticos presos” bajo cargos distintos a los de conciencia.

En la reunión de hoy hemos coincidido ambas partes en la necesidad de generar resultados” Ramón Guillermo Aveledo

Otro acuerdo anunciado como producto de la reunión de este jueves pone de relieve, además, los niveles de desconfianza y polarización que reinan en Venezuela. Ambas partes pactaron la creación de una comisión médica que constate el estado de salud del comisario Iván Simonovis, preso desde hace casi diez años. Simonovis era la principal autoridad de la Policía Metropolitana de Caracas en abril de 2002, cuando le tocó atender los desórdenes públicos que produjeron la muerte de 19 personas cerca del Palacio presidencial de Miraflores. Entonces tuvo lugar el pronunciamiento militar que desalojó por 47 horas del poder al entonces presidente Hugo Chávez. La justicia venezolana cargó a Simonovis y algunos agentes policiales con la responsabilidad de esos hechos. Al final de un juicio largo y accidentado, el comisario recibió una condena de 30 años de prisión, la máxima pena en Venezuela.

El deterioro de la salud de Simonovis y la certeza de que sirvió de chivo expiatorio para el ajuste de cuentas oficialista tras los hechos de abril de 2002 lo convirtieron en una causa célebre de la oposición. Ahora, los representantes del Gobierno y de la MUD han aceptado crear una comisión que verifique las condiciones del prisionero pero, eso sí, integrada por dos doctores que las partes designarán y un tercer experto “neutral”.

Aún si los anuncios apenas pueden satisfacer las expectativas generadas por el diálogo, estos acuerdos mínimos corren el riesgo de no poder implementarse. Por ejemplo, los medios de información y propaganda del Estado dieron amplia cobertura a las declaraciones que ofrecieron los representantes de las asociaciones chavistas de víctimas de abril de 2002, a la salida de la reunión. Estos grupos participan en los diálogos con la venia de los delegados opositores y a solicitud del Gobierno, que no ceja en su empeño por imponer una versión única de esos sucesos.

Los voceros de esas agrupaciones de víctimas fueron tajantes en su negativa a permitir una liberación de Simonovis y a tolerar una Ley de Amnistía. “Nosotros no somos Dios y no damos perdón”, dijo Edgar Tortosa en nombre de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado del 11 de abril de 2002. “No creemos en ninguna Ley de Amnistía y se lo dijimos a todos”.

En un evento posterior, se pronunció el presidente Nicolás Maduro: “La oposición pretende que se libere, no se sabe por qué vía, al que dirigió la matanza del 11 de abril de 2002”. Frente a tales posiciones, Arreaza y Aveledo se contentaron en consignar que las dos partes coinciden en el deseo de evitar la repetición de eventos como los de abril de 2002.

Mientras la mesa de diálogo registra avances ínfimos y el Gobierno se esmera en ganar tiempo para extinguir las protestas, la situación en las calles generaba simultáneamente otras señales poco auspiciosas para el proceso.

En Mérida - importante ciudad universitaria de los Andes venezolanos - se registraron fuertes enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y colectivos armados del oficialismo contra manifestantes de oposición. Contingentes militares de refuerzo seguían llegando a esa capital del suroeste del país. En Caracas se reportaron disturbios y cierres de calles en las zonas de El Cafetal y Prados del Este, ambas en el municipio Baruta del área metropolitana.

Quizás el frente de combate más importante de la jornada fue, sin embargo, el judicial. En una decisión sin precedentes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó que el derecho de manifestación pacífica no es absoluto. El fallo corresponde a una interpretación del artículo 68 de la Constitución vigente. Sus implicaciones ponen en entredicho el ejercicio real de ese derecho y, en los hechos, suponen una herramienta eficaz para que el Gobierno impida a discreción las concentraciones públicas. De acuerdo al veredicto, toda manifestación debe contar con el permiso explícito y previo de las autoridades locales.

La decisión se da a conocer justo en la víspera de la enésima ocasión en la que el movimiento estudiantil intentará marchar por territorio del municipio Libertador de Caracas, cantón en el que se concentran los sitios históricos y edificios gubernamentales de la capital venezolana. Tanto el presidente Maduro como el alcalde local, Jorge Rodríguez – antiguo vicepresidente de la República con Hugo Chávez- han jurado que ninguna manifestación opositora alcanzará el municipio, y han mantenido la promesa con cargas de perdigones y gases lacrimógenos. El movimiento estudiantil ha anunciado que este viernes al mediodía marchará desde la sede de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para tratar de alcanzar el centro de Caracas.