La ley europea ampara la expulsión pero limita el veto al reingreso

El derecho a la libre movilidad en la UE no implica un acceso automático a la libre residencia. La norma que regula este pilar básico comunitario ampara las expulsiones de extranjeros cuando representan una carga para el sistema social. Transcurridos tres meses desde la entrada en el país de acogida, las autoridades pueden decretar la salida de un europeo si considera que no tiene medios para sobrevivir, un supuesto creciente desde que arrancó la crisis. Lo que los países no pueden hacer es impedir el reingreso de manera general. Bruselas rehúsa pronunciarse sobre el proyecto alemán hasta que el Gobierno lo concrete, pero recuerda que la mayor parte de quienes se desplazan en el seno de la UE lo hace para trabajar.

Las presiones populistas derivadas de la crisis económica han llevado a varios países comunitarios a volver la vista hacia una directiva hasta ahora poco explorada. El texto que regula la libre circulación de personas en el continente ofrece unos márgenes a los que la mayoría de los países no había necesitado recurrir. Todo ciudadano comunitario puede entrar y salir de un país con su DNI y residir allí durante tres meses. En ese periodo, la norma europea no le reconoce ningún derecho (prestaciones, asistencia sanitaria ordinaria…), aunque algunos países legislaron de forma que cualquier europeo pudiera solicitar desde su llegada esos beneficios.

A partir del cuarto mes, la situación es muy distinta. Los extranjeros comunitarios pueden prolongar su estancia en cualquiera de estos supuestos: ser trabajador por cuenta propia o ajena, disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad, ser estudiante (también con recursos y un seguro de salud) o ser familiar de alguien que cumple estos requisitos. Quienes quedan en paro tras haber trabajado un tiempo en el país cuentan con una garantía adicional: no podrán ser expulsados al menos en seis meses, siempre que busquen activamente trabajo.

Fuera de esos criterios, los ciudadanos no pueden estar seguros de que el Estado de acogida les permitirá quedarse. Los países miembros pueden decretar una expulsión, aunque la directiva que lo permite —aprobada en 2004, cuando estos supuestos eran aislados— insiste en que debe reservarse para “circunstancias excepcionales”, especialmente en casos de una residencia prolongada y con presencia de menores. El texto insta también a evaluar el grado de integración del candidato a la expulsión.

Algunos países del club comunitario han intensificado esta práctica en los últimos meses. El caso más sonado es Bélgica, que el año pasado mostró el camino de salida a casi 5.000 europeos (291 de ellos españoles).

Mucho más estricta resulta la directiva europea en lo que respecta a limitar el reingreso de quienes han sido desalojados de un territorio comunitario. Los Estados solo podrán impedir un nuevo intento “por razones de orden público, seguridad pública o salud pública”, y en ningún caso por motivos económicos. Una portavoz comunitaria matiza que no puede hacerse de manera general (por ejemplo, para todos aquellos que no tengan recursos económicos), sino individualmente, evaluando la procedencia en cada caso.

Más allá de ese marco, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia reconoce el derecho a volver a intentarlo transcurrido un plazo razonable y, en todo caso, tres años después de la orden de salida. Así que resulta dudosa la legalidad de lo que proponen los sabios alemanes si el freno en las fronteras se regula de forma genérica.

La presentación de este informe resucita un discurso que en Alemania parecía orillado desde que la canciller Angela Merkel incorporó al Gobierno a los socialdemócratas. Tras una alarma preventiva a finales de 2012 por la supuesta avalancha de rumanos y búlgaros que nunca llegó a principios de año, cuando decayeron las últimas restricciones laborales que mantenían Alemania y otros países, los mandatarios germanos habían moderado su discurso.

La comparecencia de dos ministros para explicar estas próximas restricciones tiene un enorme efecto potencial. Alemania es la primera economía europea y una de las que mejor ha escapado a la crisis, por lo que su atractivo como foco de empleo es indiscutible en un continente marcado por el paro. Especialmente para España, que con el 26% de su población activa en desempleo se disputa con Grecia el primer puesto la lista de la UE.

Pese a evitar pronunciarse sobre un proyecto aún por concretar, la Comisión Europea no oculta su malestar por el auge de un debate que cree escasamente fundamentado. Apenas el 2,6% de los ciudadanos comunitarios reside en un Estado miembro diferente al suyo, un porcentaje hasta hace poco considerado insuficiente para el proyecto comunitario (aunque el reparto es desigual y se concentra en los territorios ricos). La mayoría de los estudios acreditan, además, ganancias económicas para los países receptores de inmigrantes.

En el caso alemán, el Ejecutivo comunitario cita uno de esos trabajos, publicado por la fundación Bertelsmann Stiftung en diciembre de 2013, que concluye que los extranjeros comunitarios aportan al sistema de bienestar más de lo que reciben. Informes similares se han divulgado sobre Reino Unido, el país más reacio a la libre circulación, sin que hayan conseguido neutralizar la espiral populista.

Bruselas reconoce, eso sí, que existen “problemas locales” en determinados territorios y anima a solucionarlos sin cuestionar el principio general de la movilidad en la UE. El Ejecutivo comunitario insta a sufragar con dinero europeo proyectos de integración social y asegura que, desde este año, los Estados deben destinar el 20% del fondo social europeo a esos fines.