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El Guía Supremo de los Hermanos Musulmanes juzgado por asesinato

Un macrojuicio procesa a 683 miembros de la cofradía islamista egipcia, la mayoría en rebeldía

Policías egipcios custodian este martes el distrito judicial de la provincia de Minia. Ampliar foto
Policías egipcios custodian este martes el distrito judicial de la provincia de Minia. AFP

Este martes se ha reanudado otro “macrojuicio” contra varios líderes de los Hermanos Musulmanes, entre ellos Mohamed Badie, su Guía Supremo y líder espiritual, así como cientos de presuntos partidarios del movimiento islamista. El proceso tiene lugar en el mismo distrito judicial de la provincia de Minia que este lunes dictó una controvertida sentencia de pena de muerte a 529 personas por haber participado en el asalto a una comisaría de policía de la localidad de Matay el pasado mes de agosto que se saldó con la muerte de un coronel.

Los cargos a los que se enfrenta Badie y otros dirigentes islamistas como Mohamed Saed Katatny, ex presidente del Parlamento, son graves e incluyen el asesinato de oficiales de policía, alteración del orden público, y destrucción de la propiedad pública y privada. El proceso guarda un gran parecido con el concluido el día anterior con una condena de pena de muerte masiva, tanto por los cargos como por el periodo y el lugar en el que sucedieron los hechos: la ola de ataques contra comisarías e iglesias acaecida el pasado agosto como venganza por el brutal desalojo del campamento islamista de Rabá al Audawiya, en el que fallecieron cientos de personas.

De los 683 imputados, tan solo comparecieron ante la corte unos 60, y entre ellos no se contaba Badie. La mayoría de los acusados no han podido ser aún detenidos y son juzgados en rebeldía, o bien fueron puestos en libertad bajo fianza. En el caso de Badie, no fue conducido al tribunal por cuestiones de seguridad y porque acumula una retahila de juicios abiertos que incluyen cargos muy diversos, desde la incitación al asesinato de opositores durante el gobierno de la Hermandad, a espionaje o el asalto a varias cárceles durante la revolución que depuso al ex dictador Hosni Mubarak en 2011.

Los abogados de la defensa decidieron boicotear el inicio del juicio por considerar que el tribunal no había respetado unas mínimas garantías jurídicas. “Hemos rechazado asistir ... porque el juez ha violado la ley penal y no ha permitido [a los jueces] presentar su defensa”, declaró a Reuters Adel Ali, uno de los letrados de la defensa.

De momento, aún no se ha concluido ninguno de los juicios a los líderes de la cofradía islamista. En cambio, sí lo han hecho algunos de los procesos contra sus simpatizantes, a menudo con duras condenas. El ex presidente Mohamed Morsi tiene abiertos cuatro procesos judiciales diferentes. Morsi fue destronado por una asonada militar el pasado 3 de julio, abriendo un periodo de gran inestabilidad política y violencia, con protestas periódicas de cariz islamista en las calles y una creciente campaña de represión contra la oposición. Según Amnistía Internacional, desde aquella fecha han muerto al menos 1.400 personas a causa de la violencia política, la mayoría islamistas.

La dura sentencia de pena de muerte a 529 personas suscitó una fuerte controversia en Egipto, y no solo entre las filas islamistas. Las organizaciones de derechos humanos del país árabe denunciaron que no se hubieran respetado las garantías procesales mínimas en este juicio, pues el veredicto llegó tras solo un par de sesiones, en las que la defensa no pudo presentar sus argumentos. El Gobierno egipcio, por su parte, se limitó a declarar su respeto a la independencia de las autoridades judiciales.

Las reacciones negativas ante la condena masiva a la pena capital llegaron también del extranjero. “La imposición de la pena de muerte después de un juicio lleno de irregularidades procesales es una violación de las normas internacionales de derechos humanos”, declaró Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea, a través de Catherine Ahston, la máxima responsable de la diplomacia europea, también censuraron el veredicto.