Sentenciados a muerte 529 seguidores de los Hermanos Musulmanes en Egipto

Un tribunal egipcio dictó este lunes la condena a muerte más masiva de la historia moderna del país árabe. Un total de 529 personas fueron sentenciadas a la pena capital por el asalto a una comisaría, a mediados del pasado agosto, en el que murió un coronel de policía. Aquel ataque en la provincia sureña de Minia fue perpetrado horas después de que el desmantelamiento de las acampadas islamistas en Raba el Adawiya por parte del Ejército acabara en una matanza de seguidores de los Hermanos Musulmanes. Fallecieron cientos de islamistas que llevaban mes y medio concentrados en protesta por el derrocamiento de Mohamed Morsi, el primer presidente elegido libremente en Egipto. Como venganza, los seguidores Morsi, uno de los líderes de los ilegalizados Hermanos Musulmanes, atacaron diversas comisarias e iglesias situadas en feudos como Minia.

La corte de esa provincia absolvió a 16 de los acusados, sobre los que pesaban los cargos de asesinato de un oficial de policía y de atacar la comisaria de la localidad de Matay. Los 545 imputados eran considerados simpatizantes de la Hermandad, el movimiento islamista desalojado del poder el pasado 3 de julio en un golpe de Estado. Más de 300 de los procesados fueron juzgados en rebeldía en un juicio que ha suscitado una gran controversia por su falta de garantías procesales, más allá de la severa sentencia.

Para empezar, el proceso constó de una sola sesión antes del veredicto, y a la que no se permitió asistir a varios abogados de la defensa, según denunció Tarek Fauda, vicepresidente del colegio de abogados de la provincia de Minia. El tribunal ni tan siquiera permitió a los letrados de los acusados presentar sus argumentos. “Cuando el juicio empezó el sábado, y era solo una sesión procesal, el juez no escuchó a ninguno de los abogados o testigos. Y ni tan siquiera llamó a declarar los acusados. Estamos ante un grupo de matones, no de una judicatura”, declaró a la agencia Reuters un familiar de uno de los condenados.

“Es dudoso que esta sentencia se aplique. Casi seguro que será anulada. Pero es muy preocupante el hecho de que haya sido dictada”, tuiteó el analista político H. A. Heller, de Brookings Institution. Portavoces de la Hermandad y responsables de organizaciones defensoras de los derechos humanos coincidieron en señalar que la judicatura egipcia está altamente politizada y no es realmente independiente del poder ejecutivo, tutelado por los militares. Está previsto que los abogados defensores recurran el veredicto en los próximos días. Según la ley egipcia, toda pena de muerte firme deber contar con la ratificación del gran muftí de la República, una autoridad religiosa, antes de ser ejecutada.

El duro veredicto se enmarca en una campaña de represión cada vez más intensa contra los Hermanos Musulmanes que se inició después del golpe de Estado del pasado verano. Los medios de comunicación afines a la cofradía islamista han sido clausurados y la práctica totalidad de sus líderes, incluidos su guía supremo, Mohamed Badie, y el expresidente Morsi, están encarcelados. Varios de ellos comparecerán hoy ante la justicia en otro macrojuicio en relación a los incidentes violentos sucedidos Minia en agosto y por los que están procesadas cerca de 700 personas. A finales de diciembre, el Gobierno declaró “organización terrorista” al histórico movimiento islamista, cuyas periódicas manifestaciones son dispersadas de forma contundente.

La polémica condena coincidió con la reanudación del juicio a una veintena de periodistas acusados de pertenencia o colaboración con banda armada por sus presuntos vínculos con los Hermanos Musulmanes, algo que todos ellos niegan. Si bien la fiscalía asegura que trabajan para la cadena Al Yazira, la emisora catarí sostiene que solo nueve de ellos son realmente empleados suyos. Entre los procesados figuran cuatro reporteros extranjeros, pero solo uno, el australiano Peter Greste, se encuentra detenido en Egipto. Otro periodista de Al Yazira, Abdulá Shami, ha superado ya los 60 días en huelga de hambre en protesta por llevar ya más de ocho meses entre rejas sin haber sido juzgado.

La hoja de ruta aprobada tras la asonada militar estableció que las elecciones presidenciales deberían celebrarse antes de mediados de abril, pero discrepancias sobre la ley electoral han obligado a retrasar esa fecha. Se espera que la Junta Electoral Suprema fije la fecha en breve. El gran favorito es el ministro de Defensa y hombre fuerte del régimen, el general Abdelfatá al Sisi, que todavía no ha anunciado oficialmente su candidatura. Varios políticos que han renunciado a presentarse alegando que no serán unas elecciones justas, pues al Sisi tiene el favor del aparato estatal.