Correa gana una batalla judicial a sus adversarios políticos

Rafael Correa ha ganado otro juicio por injurias. Los condenados, sobre los que ya pesa una orden de detención, son el asambleísta de Pachakutik Cléver Jiménez y sus colaboradores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. La sentencia indica que los dos primeros deben pagar su falta con 18 meses de prisión y el tercero con seis. Además tienen que indemnizar al presidente ofendido con 140.000 dólares y disculparse públicamente.

El caso se remonta a agosto de 2011, cuando el asambleísta y sus coidearios pidieron a la Fiscalía que investigara la participación de Correa en los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando se produjo una sublevación policial que puso en peligro la democracia. Jiménez sugirió que el presidente había fingido su secuestro en el Hospital de la Policía y ordenado que los cuerpos de élite abrieran fuego para sacarlo de esta casa de salud, y pidió que se lo juzgue por el supuesto delito de lesa humanidad. Pero esta demanda no prosperó y fue calificada de “maliciosa y temeraria”. En mayo de 2012, el presidente puso una contrademanda por injurias.

La jueza Lucy Blacio falló a favor del presidente en un juicio que tardó poco más de un año y los demandados apelaron ante la Corte Nacional de Justicia con varios argumentos, uno de ellos fue que la jueza no podía despojar al asambleísta de su inmunidad parlamentaria. El tribunal de apelaciones, sin embargo, rechazó todos sus pedidos y ratificó la sentencia de primera instancia. Blacio retomó el caso esta semana y emitió la orden de captura el pasado viernes.

Pero los demandados se han puesto a buen recaudo. Fernando Villavicencio salió del país en enero pasado y se encuentra en Estados Unidos, valorando la posibilidad de pedir asilo político. El asambleísta y su otro colaborador, en cambio, estarían refugiados en una comunidad amazónica, según las declaraciones de los altos dirigentes de Pachakutik y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Humberto Cholango, presidente de la Conaie, dijo a EL PAÍS que el asambleísta se encuentra en su provincia natal Zamora Chinchipe (sur-oriente del país) por pedido de sus bases. “No se va a entregar, pero tampoco va a salir del país, va a estar allí porque eso ha pedido la provincia de Zamora, a la que él representa”. Para el líder indígena la solución es política y espera que el presidente se pronuncie como ha hecho antes con otros demandados a los que ha indultado. “Por el bien del país y la paz interna tenemos que llegar a una solución, no podemos seguir con esta locura de seguir llevando a la justicia a los líderes de la oposición”.

El abogado de los tres acusados, Julio César Sarango, con pocas esperanzas pondrá una demanda en la Corte Constitucional para pedir una acción extraordinaria que anule el juicio, pero este jurista confía más en la vía internacional. “El juicio es del presidente y nadie se atreve a fallar en su contra, no hay esa verdadera independencia de la justicia. Nos queda acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hubo violación del debido proceso y de los derechos humanos”, dijo a este periódico.

Rafael Correa es el presidente que más juicios ha protagonizado en la historia reciente del país, a juzgar por los datos del sistema judicial. Uno de los más mediáticos fue el juicio en contra del Diario El Universo, que también fue motivado por los hechos del 30 de septiembre de 2010. En ese caso se procesó por injurias al periódico y a su jefe de opinión, Emilio Palacios, y se pidió una indemnización de 80 millones de dólares, que luego quedó en 40, y finalmente en nada porque el presidente indultó al medio y al periodista. En la página de consulta de procesos de la Función Judicial actualmente figuran 14 juicios en los que el primer mandatario actúa como “ofendido”. Los casos más frecuentes son por daño moral o injurias y falso testimonio. Pero también aparecen 80 causas en las Correa figura como “demandado o imputado”. Los casos que más se repiten en este acápite son acciones de protección, medidas cautelares y acceso a la información pública.