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Erdogan impone un giro autoritario

La oposición turca denuncia que el Gobierno islamista pretende acabar con la separación de poderes al incrementar su control sobre el poder judicial

El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un acto de su partido este viernes. Ampliar foto
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un acto de su partido este viernes. Getty Images

Durante las protestas multitudinarias en Turquía del verano de 2013 la razón más comúnmente esgrimida por los manifestantes para echarse a la calle era el “autoritarismo” del Gobierno del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan. Aquellas manifestaciones quedaron apaciguadas pero, en las últimas semanas, la oposición política y una importante parte de la sociedad están dando la voz de alarma ante varios pasos dados por el por el Gobierno de Erdogan gracias a su aplastante mayoría parlamentaria, que, según denuncian, materializan la deriva autoritaria de Erdogan. Se trata de leyes y decisiones del primer ministro que, aseguran sus críticos, acaban con la separación de poderes, limitan la libertad de prensa, permiten la censura en Internet y sientan las bases para el arraigo del autoritarismo y el Estado policial en Turquía.

El 26 de febrero, el presidente, Abdulá Gül, promulgó la ley que da al Gobierno un mayor control sobre el nombramiento de jueces y fiscales. Esta norma se percibe como la culminación de una campaña del Ejecutivo para someter al poder judicial tras el gran escándalo de corrupción que estalló el 17 de diciembre.

Ese día, decenas de personas cercanas a Erdogan fueron detenidas como sospechosas de corrupción, incluidos los hijos de tres ministros, que luego dimitieron, y el director de un banco de propiedad pública. El Gobierno respondió relevando a cerca de 7.000 policías y a 300 jueces y fiscales, incluidos los dos que habían iniciado la investigación.

Erdogan ha acusado al clérigo islámico Fetulah Gülen y a sus seguidores de haber organizado este escándalo. Muchos de los adeptos a su organización —Hizmet (servicio, en turco)— se han infiltrado supuestamente en la policía, la judicatura y los servicios de inteligencia. Las purgas ordenadas por el Gobierno servirían para apartar a los gülenistas de los puestos de responsabilidad.

Los detenidos por el escándalo de corrupción que salpicaba al Gobierno han sido puestos en libertad. Tras la aprobación de la ley de reforma de la judicatura, el 28 de febrero, fueron liberados los últimos que aún quedaban prisión. En la práctica, la investigación ha quedado en suspenso.

“Todo el mundo, dentro y fuera [de Turquía], entiende que estas leyes apresuradas han sido preparadas para asegurarse de que la investigación no seguiría adelante”, asegura Cengiz Aktar, del Centro de Análisis Político de Estambul en la Universidad Sabanci de Estambul.

Con jueces y fiscales bajo control del Gobierno, otro campo de batalla en esta aparente guerra política se libra en los medios de comunicación y en Internet. El 18 de febrero, Gül firmó otra controvertida ley que da al Ejecutivo el poder de bloquear páginas web en unas pocas horas.

La aprobación de la norma ya había provocado protestas en las calles de Estambul y suscitado duras críticas, incluso desde la Unión Europea

La aprobación de esa norma por el Parlamento ya había provocado protestas en las calles de Estambul y otras ciudades y suscitado duras críticas, incluso desde la Unión Europea. Tras firmarla, Gül pidió a la Cámara que hiciera algunos cambios en el texto, que finalmente obliga al Gobierno a conseguir permiso judicial a posteriori, durante las primeras 24 horas tras el bloqueo de la web.

Controlar Internet es importante, según los analistas, para intentar cerrar el goteo de filtraciones que han implicando hasta al propio Erdogan en el escándalo de corrupción. El 24 de febrero, apareció en YouTube una grabación en la que supuestamente se oía al primer ministro dar instrucciones el mismo 17 de diciembre a uno de sus hijos para que se deshiciera de hasta 700 millones de euros.

“Si nos referimos al colapso del Estado de derecho, del equilibrio de poderes, de la igualdad ante la ley y de la existencia de impunidad, la verdad es que los últimos pasos dados por el primer ministro para escapar de las acusaciones de corrupción contra sí mismo y los suyos, sí están moviendo Turquía hacia un Gobierno autocrático, aunque no estoy seguro de que ya estemos allí”, describe con cautela el columnista político Yavuz Baydar.

Erdogan ha negado contundentemente la veracidad de estas grabaciones, que no han podido ser verificadas, y ha señalado a los gulenistas como responsables de su filtración. Pero el jefe del Gobierno sí ha admitido que algunas conversaciones grabadas son auténticas. En una, se le oye diciendo al director de una televisión que retire una información que no es de su agrado. En otra, se le escucha pidiendo al ministro de Justicia que un tribunal condene a un cierto empresario.

“Turquía no se dirige hacia el autoritarismo”, disiente de la opinión de otros expertos Ahmet Uysal, profesor de Sociología en la Universidad del Mármara de Estambul. “La gente es más libre ahora que hace 10 años e incluso es libre de insultar a Erdogan, algo que no pasa en Estados autoritarios”, añade Uysal, quien señala que la oposición y los gülenistas “han unido esfuerzos para derrocar al Gobierno mediante métodos no democráticos”.

Liberado el exjefe del Estado Mayor

Este viernes fue puesto en libertad Ilker Basbug, exjefe del Estado Mayor, que había sido acusado de liderar una organización terrorista con la intención de derrocar al Gobierno y condenado a cadena perpetua. 

La Corte Constitucional aceptó el jueves las quejas de Basbug, quien señaló que el tribunal que lo había juzgado no había respetado sus derechos porque no había publicado el veredicto en detalle ni lo había enviado a la corte de apelación. Este viernes, el tribunal de lo penal de Estambul que llevaba el caso anunció la liberación de Basbug de acuerdo con la nueva sentencia del Constitucional.

Basbug fue una de los 275 militares, políticos, intelectuales y periodistas condenados el pasado agosto dentro del llamado Caso Ergenekon, que sería el nombre de esta supuesta organización terrorista.

Estos juicios fueron la culminación de una década de tensión entre el Gobierno moderadamente islamista de Erdogan y las élites militares y laicistas del país, fundado en como una república estrictamente secular en 1923 por Mustafá Kemal, Ataturk, él mismo mariscal del naciente Ejército turco.

Desde entonces, el estamento militar se consideró el garante de la laicidad del Estado y, con este fin, el Ejército dio tres golpes de Estado entre 1960 y 1980, y forzó la dimisión de otro Gobierno en 1997.

Críticos con el Ejecutivo de Erdogan aseguran que los juicios del Caso Ergenekon estuvieron muy influidos por el Gobierno y hasta se llegaron a usar pruebas falsas en ellos con tal de condenar a los enemigos políticos del primer ministro.

El Gobierno habría contado con la ayuda de los seguidores del clérigo islámico Fetulá Gulen. Aunque reside en Estados Unidos, en una especie de exilio autoimpuesto desde 1999, Gulen cuenta con millones de seguidores en Turquía, quienes habrían infiltrado la policía, la Judicatura y los servicios de Inteligencia.

El Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP, en turco) de Erdogan y los gulenistas habría colaborado desde la llegada al poder del AKP en 2002 para avanzar en Turquía una agenda social conservadora y más de acuerdo con los preceptos del islam.

Sin embargo, y tras la consecución de la mayoría absoluta en el Parlamento por parte del AKP en 2011, Gulen y Erdogan habrían comenzado a distanciarse y, hoy, el primer ministro culpa al clérigo y a su movimiento de estar detrás del escándalo de corrupción y de la filtración de grabaciones que acosan a su Gobierno y a él mismo desde mediados de diciembre pasado.

La liberación de Basbug, el antiguo jefe del Estado Mayor, y la puesta en cuestión de las demás sentencias del Caso Ergenekon, llegan en este contexto de guerra política entre el AKP y los gulenistas. El Gobierno también ha realizado una serie de purgas de 7.000 policías y cerca de 300 jueces y fiscales, quienes supuestamente habrían estado relacionados con el movimiento de seguidores del clérigo y quienes han sido apartados de puestos responsabilidad. Además, la mayoría parlamentaria del AKP también ha aprobado una ley que otorga al Gobierno más control sobre el órgano superior del poder judicial y sobre el nombramiento de jueces y fiscales.

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