El uso de símbolos religiosos por los funcionarios públicos divide Quebec

Un proyecto de ley que prohíbe la utilización de símbolos religiosos por parte de los funcionarios de la provincia canadiense de Quebec ha desatado una polémica que empieza a envenenar las relaciones interculturales de un país que se enorgullece de su diversidad. Mientras el Gobierno del nacionalista Partido Quebequense (PQ) justifica el plan por la necesidad de salvaguardar la laicidad del Estado y los derechos de las mujeres, la oposición y varias organizaciones religiosas acusan al Ejecutivo encabezado por Pauline Marois de jugar la carta de la xenofobia con el fin de subir en las encuestas y resucitar un independentismo agotado tras décadas de debates y dos referendos fallidos.

La polémica ha devuelto al principal partido nacionalista tracción en los sondeos, que le dan la mayoría absoluta que no consiguió en las elecciones de 2012. Tras la presentación de los presupuestos, la semana pasada, se espera que Marois convoque elecciones anticipadas, en las que la Carta de los Valores Quebequenses, el nombre del proyecto, deberá ser uno de los puntos clave de la campaña. La oposición, que ya está en campaña, afirma que el proyecto de ley es inconstitucional y ha anunciado su intención de llevarlo al Tribunal Supremo si es aprobado.

Marois quiere aprovechar la crisis que el proyecto ha creado en el principal partido de la oposición, el Liberal. El pasado mes, la única diputada musulmana de la Asamblea Nacional [el Parlamento provincial], la liberal Fatima Houda-Pepin, abandonó el partido por el rechazo de este a aceptar la prohibición de los signos religiosos.

Sectores nacionalistas temen que la medida desanime la llegada de inmigrantes francófonos

El nebuloso matiz antimusulmán de la “lucha contra el integrismo” ha despertado alarma en algunos sectores del propio PQ, como el exprimer ministro Jacques Parizeau, que ha alertado sobre el efecto que puede tener la ley sobre los futuros inmigrantes a la región. La política de inmigración del PQ hace hincapié en incentivar la llegada de mano de obra cualificada desde países francófonos, especialmente del Magreb, como forma de impulsar sus esfuerzos en mantener la lengua francesa.

Para André Lamoureux, profesor de ciencia política en la Universidad de Quebec en Montreal y portavoz de la Unión por el Laicismo —partidaria del proyecto— el PQ “ha encontrado una causa con la que intentar volver a ser el partido de masas que fue antaño”.

El documento presentado al Parlamento es, según el Gobierno, fruto de años de debate acerca de la relación entre el Estado y las costumbres de los inmigrantes, un tema candente en una provincia donde el 12,7% de la población ha nacido fuera de las fronteras canadienses. En 2006, una serie de incidentes, entre ellos la expulsión de una niña musulmana de 11 años de un partido de fútbol por insistir en jugar con velo, hicieron que el debate ganara cuerpo. Ese mismo año el Gobierno creó una comisión especial sobre el tema, que publicó un informe cuyas recomendaciones fueron, en su mayor parte, aceptadas por la mayoría de los partidos y organizaciones sociales.

Pero según los responsables de esta comisión, entre sus sugerencias y la Carta propuesta por el Gobierno del PQ hay un abismo. “Las instituciones han de ser neutrales, pero los individuos tienen completa libertad”, afirma Charles Taylor, copresidente de la comisión. “El Gobierno quebequense ha hecho una ley que dice que una persona que lleva turbante, kipá o velo está haciendo una declaración de intenciones. Es demagógico”.

Varias organizaciones de derechos humanos, Amnistía Internacional entre ellas, también han cuestionado el proyecto de ley. Pero el Gobierno provincial insiste. “Para que la neutralidad del Estado sea creíble esta debe ser visible”, indicó Drainville el 14 de enero. “Si el Estado es neutral, sus agentes también deben serlo”.

Los sondeos muestran una opinión pública dividida con respecto al proyecto de ley

Los sondeos muestran que la ley ha partido en dos al país. “La mayor división desde el reférendum de 1995”, afirma Taylor. Según un estudio publicado por el diario La Presse, el 49% de los quebequenses está a favor del proyecto, mientras que el 40% está en contra. El apoyo a la ley es superior entre los francófonos, mayoritarios en la provincia.

Para las asociaciones musulmanas, el Gobierno está creando un problema donde no lo hay. “El PQ quiere importar el debate francés sobre la inmigración”, afirma Souheila Djaffer, del Centro Cultural Islámico de Quebec. “Pero ambos países no son comparables en absoluto. Primero, la política de inmigración quebequense se basa en la búsqueda de mano de obra cualificada. Y, segundo, por suerte, la intolerancia nunca ha tenido lugar en Quebec”.

Pero estas mismas organizaciones han alertado que la exacerbación del debate está fomentando la islamofobia hasta niveles nunca vistos. En septiembre, un grupo de desconocidos atacó una mezquita en Saguenay, a 470 kilómetros de Montreal, utilizando sangre de cerdo, impura para los musulmanes. Por el otro lado, varios grupos feministas y prolaicas han denunciado insultos y amenazas por parte de organizaciones religiosas.

“Esta ley supondría una barrera para la integración de la comunidad inmigrante”, señala el presidente y coportavoz del partido opositor Quebec Solidario, Andrés Fontecilla. “El paro entre las mujeres magrebíes es del 30% frente al 7,7% global. Prohibir que lleven símbolos religiosos al trabajo es cerrarles las puertas del mayor empleador de la región”. Tanto la patronal sanitaria como la organización que agrupa a las escuelas públicas han alertado de que, si se aprueba la ley, faltará personal.