La Fiscal General de Guatemala deberá entregar el cargo en mayo

El Tribunal Constitucional de Guatemala reafirmó este lunes la decisión de que la gestión de Claudia Paz y Paz como Fiscal General del Estado termina el 31 de mayo y no en diciembre, cuando cumpliría sus cuatro años de mandato; el tribunal declaró sin lugar un recurso de ampliación presentado por la magistrada y ordenó al Congreso que convocara a la Comisión de Postulación para elegir a los candidatos que sustituirán a Paz y Paz.

De acuerdo con la legislación guatemalteca, el Congreso deberá elegir a una comisión que, a su vez, entregará al presidente de la República un listado de seis postulantes, entre quienes el mandatario elegirá al Fiscal General, aunque su decisión deberá ser avalada por el legislativo.

La misma tarde del lunes, los diputados, convocados de urgencia, nombraron a la Comisión de Postulación en una sesión no exenta de señalamientos sobre injerencias externas y acusaciones de que se privan los intereses políticos por encima de los de la nación.

Durante la sesión, el diputado Amílcar Pop, del partido Winaq de Rigoberta Menchú, denunció que algunos diputados fueron objeto de presiones políticas para votar a favor de la conformación de la Comisión. “Me sentí forzado por una enorme presión que el Constitucional hizo al Congreso”, dijo Pop. A esta apreciación se sumó Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien comentó que “no comparte que el Constitucional imponga al legislativo una decisión política”. Añadió que el Alto Tribunal ha cedido a las presiones de sectores políticos.

Al final de la sesión, la Comisión Postuladora quedó integrada por el presidente de la Corte Suprema de justicia, el presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y los decanos de las facultades de derecho de las doce universidades que ofrecen esa carrera.

El origen del conflicto se remonta al 9 de diciembre de 2010, cuando el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, nombró a Paz y Paz como Fiscal General, después de que el Constitucional anulara el nombramiento de Conrado Reyes para ese cargo. En esa oportunidad, el tribunal ordenó que se eligiera a otro candidato “para un nuevo periodo” y no para sustituir a Reyes, quien desempeñó el cargo durante 16 días. El periodo de Paz y Paz terminaría, entonces, en diciembre, y no en mayo, toda vez que fue elegida “para un periodo de cuatro años”.

La decisión del Constitucional provocó una agria polémica, dada la trayectoria de Claudia Paz y Paz en el cargo. Tras conocerse la decisión, el embajador de Estados Unidos, Arnold Chacón, señaló que sigue de cerca el proceso legal sobre la sucesión en la Fiscalía y expresó su apoyo a Paz y Paz.

“La Fiscal General, doctora Claudia Paz y Paz, es una muestra de que en Guatemala existen servidores públicos honestos, capaces y con integridad. Ella ha puesto el nombre de Guatemala en alto en todo el mundo (…) al contribuir a mejorar el Estado de derecho. Es un privilegio para mi gobierno contar con un socio como la doctora Paz y Paz”, se lee en el comunicado divulgado por la Embajada estadounidense.

El analista independiente Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, dijo a EL PAÍS que “el Tribunal Constitucional está divorciado de la justicia”, algo que, a su parecer, resulta paradójico. “Es un fallo jurídicamente polémico. Es inconcebible que se castigue a la Fiscal General del Estado más eficaz en el cumplimiento de sus deberes en la historia de Guatemala”, país donde, a juicio del experto, “la legalidad se impone a la justicia”.

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, comentó que la decisión del Constitucional de recortar el mandato de la Fiscal “es una interpretación errónea de la ley, pues si fue juramentada en diciembre, su plazo de cuatro años vence en esa fecha".

En tanto, el abogado Fernando Beltranena, en una tertulia radial de Emisoras Unidas, apoya la decisión del Constitucional, porque “los plazos son para los cargos, no para las personas”. Añadió que si bien Paz y Paz tiene derecho a optar por la reelección, nunca sería nombrada por Otto Pérez. Beltranena recordó que la Fiscal tuvo un papel preponderante en el juicio por genocidio seguido a Ríos Montt en mayo de 2013, “y Otto Pérez estaría frito si la reelige, pues el 15 de enero de 2016 –un día después de entregar el mandato– Pérez Molina sería sujeto de un proceso similar”.