Una ONG denuncia maltratos y torturas a las mujeres detenidas en Irak

“Voy a hacerle a tu hija lo que te he hecho a ti”, amenazó su torturador a Fatma Hussein después de haberla violado tres veces. Su caso es uno de los que recoge el último informe de Human Rights Watch (HRW) presentado este jueves en Bagdad. En Nadie está seguro: Abusos a mujeres en el sistema penal de Irak, esa organización de defensa de los derechos humanos denuncia que muchas de las miles de encarceladas en ese país son “detenidas de forma ilegal, víctimas de la tortura y el maltrato, y amenazadas con abusos sexuales”. Además, el arresto arbitrario de mujeres para presionar a sus maridos u otros hombres de la familia azuza la insurrección de los árabes suníes a los que las fuerzas gubernamentales combaten desde primeros de año en la provincia de Al Anbar.

“Los abusos a mujeres que hemos documentado están de muchas formas en el centro de la actual crisis en Irak”, declara Joe Stork, el vice director de HRW para Oriente Próximo y el Norte de África. “Estos abusos han causado un profundo malestar y falta de confianza entre las diversas comunidades y las fuerzas de seguridad, y todos los iraquíes están pagando el precio”, añade.

Muchas de las 27 mujeres que HRW entrevistó entre diciembre de 2012 y abril de 2013 relataron haber recibido golpes, patadas, bofetadas y descargas eléctricas, también haber sido colgadas boca abajo y golpeadas en los pies, una técnica que los iraquíes denominan falaqa. Además, fueron víctimas de violaciones o amenazas de abusos sexuales durante sus interrogatorios. El objetivo de ese maltrato es forzarles a firmar declaraciones en blanco o sin poderlas leer, en las que se auto incriminan y de las que luego se retractan ante el juez.

“Las fuerzas de seguridad iraquíes y los funcionarios actúan como si tratar de forma brutal a las mujeres fuera a hacer el país más seguro”, afirma Stork. “De hecho, lo que estas mujeres y sus familiares nos han dicho es que mientras las fuerzas de seguridad sigan maltratando a la gente con impunidad, sólo podemos esperar que las condiciones de seguridad empeoren”.

Como también sucede a menudo con los detenidos y en contra de la propia ley iraquí, las mujeres no suelen tener acceso a un abogado antes o durante su interrogatorio, cuando las fuerzas de seguridad les presentan las declaraciones para que las firmen, o durante el juicio. En ocasiones es porque no pueden pagarlo, en otras porque los abogados tienen miedo de aceptar casos políticamente delicados. Pero para ellas, las consecuencias son peores. Incluso cuando quedan libres sin sufrir daños, a menudo son estigmatizadas por su familia o comunidad, que las percibe como mancilladas.

De las mujeres encarceladas en centros de los ministerios de Interior y Defensa de Irak, 4.200 son suníes y 57 chiíes

Fatma Husein no es el verdadero nombre de la periodista de 43 cuyo caso abre esta crónica. HRW ha hecho un esfuerzo para proteger las identidades de las mujeres, sus familiares y los funcionarios que han aceptado hablar con ellos de la situación. También para evitar distorsiones sectarias revelando la comunidad a la que pertenecen las detenidas. Sin embargo, hay datos significativos. Según estadísticas facilitadas a esa organización por un funcionario de la oficina del primer ministro iraquí, Nuri al Maliki, de las mujeres encarceladas en las instalaciones de los ministerios de Interior y Defensa 4.200 son suníes y 57 chiíes.

Aunque HRW subraya que los abusos que ha documentado “afectan a mujeres de todas las confesiones y clases de la sociedad iraquí”, resulta difícil no asociar la desproporción (los árabes chiíes son el 60% de los habitantes) con el rebrote de sectarismo que desde el año pasado vive el país.

“No sabemos a quién tememos más si a Al Qaeda o a los SWAT”, confió a HRW una residente de Faluya en referencia a la unidad antiterrorista cuyos agentes vestidos de negro llevan a cabo las operaciones en Al Anbar y que desde principios de año intentan recuperar varios enclaves en poder de grupos afines a esa organización. “¿Por qué habríamos de ayudarles a luchar contra Al Qaeda cuando en cuanto acaban con ellos vienen a por nosotros?”, se preguntaba.

¿Por qué les ayudaríamos a luchar contra Al Qaeda si en cuanto acaban con ellos vienen a por nosotros?”

Residente de Faluya entrevistada por HRW

Los árabes suníes (un 20% de los iraquíes) se quejan de marginación del poder por parte del Gobierno de Al Maliki. Desde hace algo más de un año llevan a cabo manifestaciones para que, entre otras cosas, las autoridades pongan en libertad a los detenidos de su comunidad que no ha sido procesados o ya han cumplido condena, en especial las mujeres. El primer ministro, prometió en enero de 2013 que iba a reformar el sistema penal, empezando por la liberación de las mujeres con órdenes de puesta en libertad.

“Un año después, las tácticas brutales de las fuerzas de seguridad siguen siendo esencialmente las mismas y cientos de mujeres permanecen detenidas de forma ilegal”, denuncia HRW.

Los portavoces oficiales, incluido el vice primer ministro Husein al Shahristani, insisten en que los abusos contra mujeres detenidas son la excepción y desestiman las denuncias de ONG y medios de comunicación como “exageraciones basadas en las mentiras de las detenidas”.

Las cifras oficiales reducen las detenidas a 1.100 (los hombres rondarían los 40.000). Sin embargo, una de las redactoras del informe, Erin Evers, explica a esta corresponsal que estos datos “no incluyen las mujeres que están fuera de los instituciones penitenciarias del Ministerio de Justicia”. En su opinión, “la cifra más alta es más precisa en la medida que incluye mujeres detenidas sin estar oficialmente acusadas o sentenciadas”.

Las mujeres no son interrogadas sobre sus actividades, sino sobre las de sus familiares" Informe de Human Rights Watch

Una de las razones para ello, es la detención sin orden judicial de mujeres emparentadas con hombres sospechosos, una práctica al parecer frecuente en los casos de presuntos terroristas. Al menos 15 detenidas, sus familias y abogados han dicho a HRW que lo fueron en una redada contra una familia o una aldea enteras. En tales casos, que un juez admite que suceden, “las mujeres no son interrogadas sobre sus actividades, sino sobre las de sus familiares”. Luego, algunas son puestas en libertad sin cargos y otras acusadas de “encubrir” a sus maridos u otros parientes, lo que significa “castigarlas por sus relaciones familiares más que por un delito”.

“Detienen a mujeres para conseguir que se entregue el sospechoso, su marido o su hermano”, contó a HRW un abogado que pidió no ser identificado. También “si un hombre es detenido y no confiesa, detienen a su mujer”, según otro letrado.

Hacerle confesar era también el objetivo del torturador de Fatma, que fue detenida cuando fue a un cuartel en Bagdad para interesarse por un conocido encarcelado allí. Le dijeron entonces que sobre ella pesaba una orden de arresto por haber participado en el asesinato del hermano de un diputado. Ella se muestra convencida de que se debió a su trabajo documentado los abusos contra los detenidos en una cárcel de Tikrit. Al ver que las palizas, las vejaciones y las descargas eléctricas no surtían efecto, su interrogador, a quien identificó como coronel Ghazi, la violó.

“Estaba toda cubierta de sangre. Él se relajaba, echaba un pitillo, lo apagaba en mi trasero, y volvía a empezar de nuevo”, relató a HWR. Fue entonces cuando el militar le puso al teléfono con su hija y le dijo que si no confesaba, le haría lo mismo que a ella. Como otras madres ante una amenaza similar, Fatma se hundió y aceptó grabar la confesión que le obligaron a memorizar y en la que decía que había colaborado con Al Qaeda. Al día siguiente un juez desestimó la acusación inicial por falta de pruebas, pero la envió a otra prisión debido a su autoinculpación y aún pasaron 25 días antes de que recuperara la libertad.