Putin juega duro

El 7 de febrero comenzarán en la ciudad balneario de Sochi, a orillas del mar Negro, los Juegos más caros de la historia olímpica. Y ello pese a ser de invierno. Se trata de un proyecto personal de Vladímir Putin, cuya arrolladora voluntad no se detuvo ante un relieve geográfico propenso a derrumbes y terremotos ni ante el frágil ecosistema de un singular municipio encajado entre el litoral y las cimas de la cordillera del Cáucaso. Abajo, junto al mar, el clima es templado, y arriba, en las montañas, hay nieves eternas y glaciares. Los Juegos unen ambos entornos, pues sus instalaciones deportivas y residenciales se distribuyen en los alrededores de Krásnaya Poliana, en las montañas, y en las tierras bajas y marismas de Imeretínskaya, en la costa. Los Juegos han vencido a la orografía con un importante sobrecoste. Pero aún no se han despejado otros riesgos que se ciernen en el horizonte: el terrorismo, el boicoteo o los gastos injustificados.

Para construir el sueño olímpico de Putin se expropiaron sin reparar en el precio casas y huertos en las mejores playas para edificar las instalaciones costeras, incluida una villa olímpica y el gran estadio Fisht, con capacidad para 40.000 espectadores, que será la sede inaugural y de clausura de los Juegos. Las excavadoras dañaron de forma irreversible la flora, única en Rusia, de la ribera del río Mzymta para construir una línea de tren, combinada con una carretera paralela, entre la montaña y el litoral.

Sochi tiene 400.000 habitantes y multiplica esta cifra en verano. Uno de ellos es Putin, que pasa largas temporadas en Bochárov Ruchei, su residencia oficial, donde despacha con los miembros del Gobierno y recibe a interlocutores extranjeros. Para los ciudadanos de a pie, la llamada “tercera capital de Rusia” (tras Moscú y San Petersburgo) es una localidad incómoda, con problemas de abastecimiento de electricidad y de alcantarillado, y crónicos atascos de tráfico. Por doquier se alzan altos edificios que, de acuerdo con las ordenanzas, no deberían existir, pero que se legalizan como excepciones, y poco a poco van minando la normativa, dice la arquitecta Olga Kozínskaya, presidenta del Consejo Urbanístico de Sochi, una entidad asesora local. Los Juegos han disparado los precios en el mercado inmobiliario, pero la oferta es superior a la demanda, como indican los anuncios de pisos en venta que jalonan la avenida Kurortny [avenida del Balneario], la calle principal de Sochi.

El deporte del esquí comenzó a desarrollarse en estos parajes en la década de los noventa del pasado siglo, cuando Piotr Fedin construyó las primeras pistas. En 2007, tras la adjudicación de la competición olímpica a Sochi, Fedin aseguraba ser víctima de un “saqueo” y acusaba de querer arrebatarle el negocio a Alesxandr Tkachov, el gobernador de Krasnodar, la próspera provincia a la que Sochi está subordinada. El empresario pionero vendió sus instalaciones y archivó sus agravios y el gobernador, un verdadero “padrino del sur”, sigue en su puesto y es uno de los políticos más “duros” de Rusia.

A diferencia del deporte invernal, los balnearios tenían cierta tradición en Sochi, donde a principios del siglo XX aparecieron los primeros establecimientos privados, nacionalizados tras la revolución bolchevique. En virtud de un decreto de Lenin, en 1920 se creó la Administración Balnearia de Sochi, bajo cuya tutela se edificaron palacios de descanso para el proletariado y sus líderes. Algunos de aquellos balnearios fueron privatizados al desintegrarse la URSS.

Para coordinar las inversiones públicas y privadas en los diversos proyectos de los Juegos, se constituyó en 2007 la corporación estatal Olimpstroi, al frente de la cual se han sucedido ya cuatro directivos. Pese al anuncio de que el Parlamento ruso controlaría las construcciones, Olimpstroi nunca tuvo que dar cuenta de sus gastos a la Duma, afirma Borís Nemtsov, un político de oposición, que fue vicejefe del Gobierno de Rusia y candidato a la alcaldía de Sochi en 2009.

“Para Putin los Juegos de Sochi eran una cuestión de orgullo, un triunfo y el cénit de su poder. Pero ha resultado que no es un triunfo sino una vergüenza, y no es un festival de salud, fuerza y amistad, sino de robo y corrupción”, señala Nemtsov, según el cual se trata de “los Juegos Olímpicos más caros de la historia”.

En 2007, Putin calculó en 8.700 millones de euros los costes del acontecimiento deportivo, pero esta cifra ya se había transformado en 36.000 millones en el nuevo presupuesto que el vicejefe de Gobierno ruso, Dmitri Kosak, responsable de preparar los Juegos, presentó en febrero de 2013. Nemtsov insiste en que los costes reales superan ya aquellas previsiones. “Calculo que podrían ser más de 43.500 millones de euros, aunque a mi demanda de información el Tribunal de Cuentas ha contestado que se trata de un secreto comercial”, dice.

Los Juegos de Sochi son “un robo sin precedentes en el que están implicados tanto los representantes del régimen de Putin como los oligarcas próximos a él”, afirma Nemtsov en un informe titulado “Olimpiada de Invierno en el Subtrópico”, del que es coautor. “Nadie se ha querellado conmigo por lo que he escrito”, exclamaba el político, como prueba de la veracidad de sus acusaciones, en diciembre en Moscú. Nemtsov proponía “un tribunal internacional contra los robos en grandes proyectos internacionales, como los Juegos Olímpicos o los mundiales de fútbol”.

Entre los inversores olímpicos hay varias especies. Unos gastan el dinero del Estado y el contribuyente, como Gazprom, el consorcio monopolista de la exportación de gas, y los Ferrocarriles Rusos (FR), el monopolio ferroviario. Presididos por Vladímir Yakunin (vecino de Putin en una cooperativa de dachas cercana a San Petersburgo en los años noventa), los RF se han llevado más de 6.800 millones de euros o el 20% de los recursos de los Juegos. Su proyecto más costoso ha sido la línea de tren y carretera combinados, que unen la montaña y la costa por una ruta de puentes y túneles (más de 5.900 millones de euros).

Otros inversores desembolsan sus recursos y los créditos concedidos por los bancos estatales, como Oleg Deripaska, cuyas empresas construyeron el nuevo aeropuerto (Sochi-Adler), el puerto de carga y la villa olímpica costera, y Vladímir Potanin, que ha financiado la estación de esquí Roza Jutor. Deripaska y Potanin son los principales empresarios privados, pero seguramente no son los más favorecidos. A ojos de los ejecutivos de empresas estatales vinculados al evento, los más beneficiados son los hermanos Arkadi y Borís Rotenberg, amigos de la infancia y compañeros de yudo de Putin.

Los Rotenberg, suministradores privilegiados de tubos a Gazprom, han construido 21 proyectos de infraestructuras por un valor de más de 5.200 millones de euros, o el 15% del presupuesto total, según Nemtsov. Las empresas de los Rotenberg “cobran por sus contratos y no tienen que preocuparse por amortizar las inversiones ni responsabilizarse por la gestión de las instalaciones”, señala un ejecutivo de una empresa involucrada en los Juegos.

La sociedad rusa no tiene acceso a las cuentas de Sochi, pero en febrero pudo ver por televisión cómo Vladímir Putin contenía la ira durante una inspección a unos trampolines de salto de esquí cuya entrega se había demorado más de dos años y cuyo coste había pasado de los 25 millones de euros a más de 180. “Estupendo, trabajan bien”, dijo Putin con sarcasmo. La ira del presidente le costó el cargo de vicepresidente del Comité Olímpico a Ajmed Bilálov, el empresario que originalmente controlaba la constructora responsable de los trampolines. Sin embargo, una investigación del diario Vedomosti mostraba una historia más compleja: Bilálov se convirtió en el chivo expiatorio de conflictos internos entre los organizadores. Cuando Putin se enfureció con Bilálov, hacía un año que el Sberbank —banco controlado por el Estado y dirigido por el petersburgués German Gref— controlaba también a la empresa constructora de los trampolines. Las partes se echaban las culpas mutuamente por el encarecimiento de las obras y ambas responsabilizaban al Comité Olímpico Internacional por incrementar sus exigencias.

Fuera como fuera, va a ser difícil amortizar los trampolines mediante la venta de los apartamentos edificados en Krásnaya Poliana, con un precio de coste de más de 2.000 euros el metro cuadrado, según Vedomosti. Tampoco será fácil amortizar las inversiones en la costa. En noviembre, Yeketerina Kruglova enseñaba a los periodistas los apartamentos de la villa olímpica donde se alojarán los atletas, bloques de tres a seis pisos a la orilla del mar, que saldrán a la venta en abril a 150.000 rublos (más de 3.400 euros) el metro cuadrado. “Un producto bonito y confortable en la ribera del mar Negro es algo nuevo para Rusia, y estos bloques estarán cerca del puerto de yates, cuando se construya”, decía Kruglova, jefe de marketing de la empresa Rogsibal, del grupo de Deripaska. Unos días más tarde, este empresario afirmaba que se necesitan “entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares suplementarios” para dotar de servicios y rentabilizar las obras de la villa olímpica.

En vísperas de los Juegos, en Sochi se han realizado ejercicios simulados de caza de terroristas y el control policial se ha extremado, sobre todo para acceder a las estaciones de tren. Un decreto de Putin restringe la circulación de vehículos en la zona de los Juegos y todos los visitantes rusos o extranjeros que acudan entre el 7 de enero y el 21 de marzo tendrán que inscribirse en la policía. Por primera vez en la historia, todos los espectadores de los Juegos serán registrados con nombre y apellido. Más de 30.000 agentes reforzarán a la policía local.

En el Cáucaso se sienten aún las secuelas de las dos guerras de Chechenia y de otros conflictos étnicos. En julio, el guerrillero islamista radical Doku Umárov, que reivindicó sangrientos atentados con decenas de muertos en 2010 y 2011 en Moscú, declaró la guerra a los Juegos. Sobre los festejos se proyectan los dos atentados de Volgogrado (a 688 kilómetros), que se cobraron un mínimo de 32 vidas a fines de diciembre. El temor a un atentado está justificado, pero los órganos de seguridad parecen a veces más interesados en someter a los activistas del movimiento ecológico. La seguridad es un desafío personal para Putin, antiguo oficial del KGB. Para proteger a Sochi, las autoridades federales rusas han incrementado su represión sobre los islamistas en otras regiones del Cáucaso. El diálogo entre islamistas radicales y moderados se ha interrumpido y las comisiones para reintegrar a los miembros de la guerrilla han dejado de funcionar. Esta política puede ocasionar una escalada de violencia tras la competición, dice la analista Yekaterina Sokiriánskaya.

Krásnaya Poliana tiene un gran valor simbólico para los circasianos, los descendientes de las comunidades montañosas autóctonas del Cáucaso. En el lugar donde hoy se alza un pueblo de montaña recién fabricado para los Juegos, los ejércitos zaristas celebraron el 21 de mayo de 1864 el fin de la sangrienta conquista del Cáucaso, que concluyó con el exterminio y la expulsión de los montañeses. Los supervivientes de la gesta colonial emigraron, en gran parte al imperio Otomano, y, para sus descendientes, los sucesos, de los que va a cumplirse el 150º aniversario, fueron la culminación de un genocidio. Una parte de la diáspora circasiana quiso boicotear el acontecimiento olímpico y encontró un aliado en el presidente Mijaíl Saakashvili de Georgia, pero el relevo político en ese país ha desactivado la amenaza procedente de Tbilisi y la afrenta circasiana ha dejado paso a otros motivos de boicoteo, como la situación de los derechos humanos en Rusia. Está por ver si la reciente liberación de las Pussy Riot (a favor del boicoteo) o del magnate Mijaíl Jodorkovski (en contra) influirá en la participación internacional en los Juegos. Sobre el terreno, los perseguidos son los ecologistas. El 20 de diciembre, un juez condenó a tres años de prisión a Yevgueni Vitishko por escribir la palabra “ladrón” en la verja de la residencia del gobernador Tkachov, en una zona costera cercana a Sochi. Por este motivo, Surén Gasarian, otro ecologista, huyó a Estonia, donde recibió asilo político. En diciembre, en Moscú y en San Petersburgo, se organizaron piquetes en defensa de Vitishko. La decisión del juez va en contra de los intentos de las autoridades centrales de mejorar la imagen de Rusia y si Vitishko es finalmente encarcelado será considerado un prisionero político, afirmaba Alexandr Cherkásov, de la organización Memorial. Los activistas del Observatorio Ecológico del Cáucaso del Norte (OENC, una ONG muy popular) afirman que los funcionarios de Servicio Federal de Seguridad les interrogan regularmente sobre sus actividades y sus contactos con extranjeros. Olga Noskovets, activista de OENC, dice que la policía intentó expedirle un carné de “persona inclinada al extremismo”.

Los derechos humanos también han sido cuestionados en relación con los miles de obreros extranjeros que construyeron las infraestructuras olímpicas. Han venido de países centroasiáticos, como Tayikistán o Uzbekistán, y en ocasiones han sido víctimas de empresarios desaprensivos. Semión Símonov, representante en Sochi de la ONG Emigración y Derecho, dice haber atendido las quejas de 1.500 personas, sobre todo impagos, entre julio de 2012 y noviembre de 2013. Símonov califica de “despiadada” la revisión de los permisos laborales emprendida el pasado verano y las deportaciones de obreros extranjeros que siguieron en septiembre. El gobernador en persona dio el pistoletazo de salida para que Sochi fuera “barrida” edificio por edificio, con la ayuda de cosacos, en busca de extranjeros ilegales, sin que a nadie le importara que su demora en partir fuera el resultado del retraso en los pagos por su trabajo. Símonov dice haber sido testigo de “tratos inhumanos” infligidos a los emigrantes en el curso de las redadas. “A la gente la detenían por su rostro, porque había orden de detener a todos los que tuvieran rostro uzbeko”, y la tenían varios días en el patio de la comisaría, dice. Durante un tiempo, explica Símonov, los responsables de las obras necesitaban autorización policial para contratar a ciudadanos rusos oriundos de Daguestán o Chechenia. Luego, al aumentar la demanda de mano de obra, las exigencias se relajaron. En noviembre, entre los que daban los últimos toques a las instalaciones olímpicas abundaban los rusos de tierra adentro. “Vine de Novosibirsk como empleado de una compañía de montaje eléctrico y cobraba 60.000 rublos [1.800 euros] al mes, lo que es una gran diferencia con los uzbekos, a los que pagaban 15.000 rublos [450 euros] y estaban tan contentos”, afirmaba Víctor, que decidió quedarse en Sochi tras casarse con una chica de Volgogrado que, como él, llegó en busca de trabajo.

El futuro es una incógnita. “Es clave decidir si Sochi debe desarrollarse como centro balneario, con unos requisitos de calidad y respeto a la naturaleza, o si debe optar por otro desarrollo. Lo más fácil es construir para dar trabajo a la gente y dinero al presupuesto, pero hay ya muchos centros turísticos muy sofisticados y más baratos, no solo en el extranjero sino en nuestro propio país”, dice la arquitecta Kozínskaya.