A 100 días de las tormentas en México, las familias aún buscan a sus muertos

La Pintada sigue oliendo a muerte. El mapa de este pueblo de la sierra del sur de México sepultado el 16 de septiembre por un alud de tierra ha sido redibujado por las máquinas que abrieron el paso entre los escombros. A las once de la mañana del viernes anterior al día de Navidad, solo un tractor trabaja removiendo el barro. Tras el paso de las tormentas Ingrid y Manuel, que dejaron numerosos daños materiales, 300.000 damnificados y un total de 157 muertos en todo el país, el presidente Enrique Peña Nieto anunció 7.200 millones de pesos (unos 552 millones de dólares) para la reconstrucción del Estado de Guerrero, el más afectado.

“Dicen que la ayuda ha llegado, pero a nosotros no nos han dado nada”, reclama desesperado un hombre que vigila las labores del operario. Él, como otros vecinos, busca todavía a uno de los suyos.

“Se han encontrado restos de 57 personas [se calculan unos 80 desaparecidos]”, asegura un enviado de la Secretaría de Desarrollo Social en el lugar. “Pero no son cadáveres completos, muchos no se pueden identificar”.

María, soltera, delgada y de 37 años, enseña la parcela donde antes estaba su casa, la de su hermano y la de su madre. Ella murió aquel día y de sus seis hermanos, quedaron cuatro. Una de ellas, Rubí, aún no ha aparecido. El accidente se llevó también a un cuñado y a su sobrina, a la que llama “hija”. María, que se dedicaba al cultivo de café, asegura que nadie les está ofreciendo ayuda. “No me importa el dinero ahora, aunque no tenemos porque nos quedamos sin nada, pero quiero que los encuentren”.

Su tía, María del Rosario García Gómez, de 57 años, la está acogiendo en su casa desde que regresó al pueblo. La suya es una de las viviendas que sobrevivió a la tragedia aquel 16 de septiembre. “Yo quisiera hallar un centro donde se habla con los muertos, para que ellos me digan dónde están. No tengo valor, me trastorno de ver que mi familia sufre”, asegura.

Aunque poco a poco los vecinos han ido regresando a las casas del pueblo que no quedaron dañadas, el paisaje continúa siendo desolador: toneladas y toneladas de tierra amontonada que, en algunos puntos, desprede todavía un hedor insoportable. Demetrio Ávila Moreno, un hombre de edad avanzada que lleva 42 años en el pueblo señala el lugar donde quedaron enterrados su casa y el dinero que ahorró durante toda la vida, unos 235.000 pesos (algo más de 18.000 dólares). “Quiero que mi hija me haga un papel para ir a hablar con el presidente de la República y pedirle que nos preste dinero para que los de la cooperativa reconstruyamos el pueblo”. Cuando fue la catástrofe, él estaba en casa de un hijo fuera de La Pintada. Cien días después, sigue con él.

Hasta la fecha, 45 personas han regresado al pueblo gracias a la contrucción, a marchas forzadas, de un albergue del Gobierno con 14 habitaciones. El complejo, que consta de otros edificios que sirven de comedor y talleres, se encuentra todavía en obras. Está ubicado a un lado del pueblo, en la explanada donde hace tres meses los helicópteros del Ejército aterrizaban con las despensas y los efectivos de rescate. Una veintena de hombres trabaja en la pavimentación de una cancha de baloncesto mientras los niños disfrutan del parque de juegos contiguo que acaban de inaugurar. Es la otra cara de La Pintada. “Cuando llegamos todavía no estaban los baños, ni había puertas -hoy cortinas- en los dormitorios. Teníamso que cocinar con carbón”, dice la responsable del recinto, Natalia Márquez. Presidido por un árbol de Navidad, el único en todo el pueblo, el comedor cuenta con televisión satélite.

La solución, sin embargo, es provisional. “Dicen que nos van a reubicar, pero no sabemos ni cuándo ni dónde”, afirma Natalia. “Nosotros queremos que no sea aquí, porque tenemos miedo del cerro”. Algunos expertos han asegurado que sigue habiendo peligro de desprendimiento. “El realojo ya no será hasta que vengan las lluvias del próximo año”, dice un taxista medio en broma, medio resignado.

El Plan Nuevo Guerrero anunciado por el Gobierno federal a bombo y platillo en noviembre se basa en tres ejes: construcción de infraestructura (incluyendo la reubicación de las casas afectadas y nuevos hospitales), un plan integral de conectividad para ampliar la red de fibra óptica, y la construcción de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable para los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo.

Sin embargo, la carretera que va desde el puerto turístico de Acapulco, en el Pacífico mexicano, hasta Atoyac de Álvarez -unos 80 kilómetros- sigue con los mismos arreglos provisionales de hace dos meses. Parte del mobiliario destrozado todavía no ha sido retirado. Ya en la montaña, entre la cabecera muncipal de Atoyac y La Pintada, más de hora y media en microbús, el camino sigue roto y enlodado en varios puntos, lo que dificulta la conducción. Tampoco llegan todavía los carros comunes -sí los 4x4- hasta El Edén, una comunidad de 250 familias ocho kilómetros arriba de La Pintada que un mes después de la catástrofe seguía incomunicada.

Organizaciones no gubernamentales que han trabajado en la zona advierten de que tres meses después de las tormentas, decenas de localidades en la Costa Grande continúan en una situación muy vulnerable y marginalizada. “Muchas siguen sin acceso a agua potable, incomunicadas, desplazadas o viviendo hacinadas tras perder sus casas y vías de acceso, expuestos a enfermedades por las pobres condiciones higiénicas y con el riesgo de desabastecimiento alimentario, ya que la mayoría de sus cultivos quedaron destrozados”, asegura Oxfam en un comunicado. La ONG afirma haber manifestado al Gobierno su preocupación ”por la falta de ayuda durante y después de la emergencia, así como los fallos en los sistemas de prevención y recomendaciones para reducir el riesgo de futuros desastres”.