Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

El defensor del Pueblo advierte del auge de la violencia en Bolivia

La impunidad, el sistema judicial y la poca "capacidad del Gobierno", principales motivos del del aumento de la inseguridad

Niños de escasos recursos, vulnerables a la violencia, recogen regalos
Niños de escasos recursos, vulnerables a la violencia, recogen regalos EFE

La violencia en Bolivia se ha intensificado y se ha extendido “alimentada por la impunidad, la debacle del sistema judicial, la poca capacidad del Gobierno para enfrentarla” y la pasividad de la ciudadanía, concluye el informe del Defensor del Pueblo, que refleja un estremecedor cuadro de la grave afectación a los derechos humanos en sectores vulnerables de la sociedad y, en los cuarteles militares.

La infancia, la niñez y la adolescencia –que representa el 31 por ciento de la población boliviana- es el grupo etéreo que soporta la violencia “de manera insostenible en casi todos los ámbitos de su vida” en sus hogares, las escuelas y en el trabajo. Ocho de cada diez son víctimas de maltrato físico y verbal, de violaciones sexuales, explotación laboral y abandono.

Veinte mil pequeños, con familia, se encuentran en hogares de acogida y otros diez mil viven en las calles. Cerca de 1.400 acompañan a sus padres en las cárceles mientras que más de 800.000 son trabajadores, cita el informe para dar apenas un pantallazo de la dramática situación y las perspectivas de futuro de un tercio de la población.

Destaca también los esfuerzos gubernamentales por reducir la pobreza de las familias, empeñarse en garantizar la educación de todos los bolivianos menores de edad, entre otros derechos económicos, sociales y culturales, además de los básicos como el acceso al agua potable, energía y alcantarillado.

El otro grupo vulnerable es el de la mujer, que soporta también grados extremos de violencia. En 2013 se ha registrado el asesinato de 139 mujeres, de estos 50 por inseguridad ciudadana y las restantes 89 se consideran  feminicidios.

El capítulo dedicado a la violación de los derechos humanos en recintos militares es el que ha generado reacciones críticas de parte de autoridades civiles, militares y de la Policía, que consideraron “aislados” los casos de una docena de conscriptos y militares que terminaron en muerte, según detalla el informe del Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

El documento menciona el vano intento de reunirse con el comandante de las Fuerzas Armadas, en dos ocasiones, y otra con el ministro de Defensa para considerar “las muertes en recintos militares, los casos de tortura y el uso de conscriptos para trabajos particulares”. Tampoco ha tenido respuesta una petición similar ante la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Villena ya no cuenta con las simpatías del Gobierno, molesto por sus observaciones en una serie de situaciones que afectan los derechos ciudadanos. El presidente Morales expresó su desilusión y pesar por haber sugerido a los movimientos sociales y a los asambleístas su apoyo para elegirlo como Defensor del Pueblo en la Asamblea Legislativa.

“La gestión 2013 permitió visibilizar de forma integral y completa la realidad” de casos de grave vulneración de los derechos humanos en recintos militares “asociados fundamentalmente a la impunidad, a la ausencia de mecanismos de prevención, cuidado y protección de la vida y, a hechos de tortura y tratos crueles e inhumanos”, expresa la Defensoría antes de plantear la necesidad de impulsar una investigación transparente e imparcial sobre los casos denunciados y, a la par, la revisión y el cambio de normas y conductas que “avalan y protegen estos actos” que, dice el informe, “parecen responder a patrones culturales e institucionales que tienden a privilegiar la violencia como método de formación” y, a subestimar los valores supremos de la vida y la integridad.

El documento detalla las circunstancias en que se produjeron doce muertes entre octubre de 2012 y noviembre de 2013, después de mencionar que desde 2010 a la fecha se contaron veinte muertes.

En el periodo considerado se citan los decesos de dos soldados mientras desarrollaban labores a favor de particulares; de un cadete y un soldado que se ahogaron al intentar sacar una vagoneta arrastrada por una riada, sin ninguna seguridad para su vida.

En declaraciones a la prensa local, la madre del cadete del Liceo Militar de Sucre lamentó que el dueño del vehículo, presuntamente un jefe militar, no hubiese medido las consecuencias al pedir a los jóvenes el rescate del coche.

Dos jóvenes se ahogaron, el uno en un estanque de una ladrillera de Trinidad y el otro en un río en Cochabamba, en su día libre, según las autoridades.

Otros tres murieron a causa de la mala manipulación de armas y, una enfermera fue encontrada sin vida en las instalaciones del Gran Cuartel de Miraflores de La Paz.

Otros dos miembros del Ejército y la Naval fueron abatidos durante una operación de erradicación de hoja de coca en Apolo. La Defensoría atribuye falta de precaución y de protección a las víctimas, una vez que los dirigentes cocaleros advirtieron a las autoridades que podía suscitarse enfrentamientos.

El alférez Emmanuel Cusi perdió la vida durante un entrenamiento de buceo en el estrecho de Tiquina y el subteniente Ceooly Espinal murió por un traumatismo cráneo encefálico en la Escuela de Cóndores de Sanandita, en circunstancias aún no esclarecidas.

“En ningunos de los casos señalados u otros anteriores existe una condena judicial y actualmente sólo se tiene el proceso que se sigue contra los presuntos responsables del caso Poma”, explica el Defensor.

El subteniente Grover Poma falleció, en febrero de 2011, luego de recibir una “brutal paliza por parte de un instructor y otros camaradas en la Escuela de Cóndores de Sanandita”, donde se prepara a tropas de élite para sobrevivir en condiciones adversas y, a veces, hasta inhumanas, según algunos testimonios recogidos en la prensa local.

El proceso judicial de Poma no ha terminado, pese a que fue derivado de la justicia militar a los tribunales ordinarios, por decisión del Tribunal Constitucional. El padre de la víctima ha acudido a los medios locales para pedir a los jueces que den por cerrado el caso de su hijo a fin de que, tres años después, “haga justicia por propia mano”.

El Defensor considera que, además de la permisividad del Estado y la ausencia de mecanismos internos de control, la cultura de violencia dentro de las Fuerzas Armadas genera “un clima propicio para la vulneración sistemática y recurrente de los derechos humanos, que suele expresarse en diversas formas de tortura y tratos degradantes e inhumanos”.

Este año, la entidad ha recibido y gestionado 117 denuncias contra varias instituciones de las Fuerzas Armadas. Constituye un avance pues pocos son los que se atreven a denunciar los atropellos, verbales o de hecho, y aún en ese caso, se ven muy presionados por sus propios compañeros, y a veces hasta los familiares, para volver a sumirse en el silencio y continuar en un inacabable círculo vicioso de violencia.