Egipto culmina su involución tras el golpe

A pesar de estar sellada a las protestas antigubernamentales desde hace casi medio año, los grafitis y las ausentes baldosas de la emblemática plaza de Tahrir de El Cairo aún evocan su tumultuoso pasado reciente. No obstante, su fisonomía podría cambiar pronto si prospera un concurso urbanístico para remodelarla. El futuro de Tahrir forma parte de una batalla para configurar, o quizás reescribir, el pasado, presente y futuro del Egipto posrevolucionario.

La narrativa oficial, seguida al pie de la letra por todos los medios de comunicación, asegura que el expresidente islamista Mohamed Morsi fue depuesto en julio por una revolución popular y no por un golpe de Estado. Una especie de segunda ola del tsunami que derrocó a Mubarak. Los carteles que piden el sí para el referéndum constitucional de mediados de enero lo hacen en nombre de las “revoluciones del 25 de enero y del 30 de junio”.

Sin embargo, esta interpretación terminó de perder su credibilidad el domingo, tras la severa sentencia de tres años de cárcel a tres conocidos activistas, iconos de la revuelta de 2011, por oponerse a la draconiana ley de manifestaciones. “Lo que está persiguiendo el régimen actual es un golpe contra la revolución del 25 de enero y sus objetivos”, proclamó Amr Alí, coordinador del revolucionario Movimiento 6 de Abril, cuyo fundador, Ahmed Maher, es uno de los condenados.

El panorama político egipcio es hoy tan confuso como fluido. Los partidos y movimientos políticos forman y luego realinean sus alianzas a un ritmo trepidante. El golpe unió a una heterogénea coalición constituida por jóvenes revolucionarios, partidos laicos, salafistas, instituciones religiosas, y el llamado Estado profundo, es decir, la red de instituciones e intereses que ha gobernado Egipto desde hace décadas. Liderando el proceso, desde la cabina de mandos, el Ejército.

No obstante, algunos pronto abandonaron del barco. El primero, el exvicepresidente Mohamed el Baradei, que no pudo tolerar el baño de sangre en el que se convirtió el desalojo del campamento islamista de Rabá al Adauiya en agosto. Le seguirían los jóvenes revolucionarios más inconformistas. Según la prensa local, el Gobierno está dividido en dos bandos: los que pretenden erradicar a los Hermanos Musulmanes, y los que apuestan por el diálogo. “Los halcones están ganando la partida, ya que gozan del respaldo del Ejército. Pero las palomas, aún no dan la guerra por perdida”, opina el analista Georges Fahmi, del instituto AFA. La política de mano dura se ha saldado con la muerte de centenares de islamistas y el arresto de miles, varios juicios a la cúpula de la Hermandad, incluido el antiguo rais Morsi, y el acoso a activistas laicos y ONG. Las medidas cuentan con el apoyo de los medios de comunicación y de una buena parte de la sociedad, ansiosa por recuperar la estabilidad. Así pues, es de esperar que continúe al menos durante los próximos meses.

“Mis interlocutores en el gobierno reconocieron que, tarde o temprano, deberá haber un pacto con los Hermanos Musulmanes. Pero no será antes que terminen los juicios a sus líderes”, explicó una fuente europea en El Cairo. Antes de negociar, las autoridades quieren quebrar el espinazo de la Hermandad, confiando que surgirá un nuevo liderazgo más joven y moderado.

La hoja de ruta aprobada por el presidente interino, Adli Mansur, establece elecciones legislativas y presidenciales para 2014. Pero la próxima estación del segundo proceso de transición es la ratificación en referéndum de la nueva Constitución. Paradójicamente, el Gobierno aprieta las tuercas de la represión al mismo tiempo que asegura que la Carta Magna garantiza unos derechos inéditos en Egipto.

El país experimenta la reconstitución del régimen de Mubarak con algunos retoques necesarios para volver a hacerlo viable. El viejo establishment concluyó que podía gobernar de nuevo si limaba aquellas aristas del sistema que habían herido la dignidad de los egipcios: la corrupción rampante, y la apropiación del Estado por parte de un núcleo de empresarios multimillonarios. Se impone ampliar las bases de apoyo de aquel régimen, que fueron adelgazando con el paso del tiempo. De ahí, la cooptación de algunos movimientos juveniles, como Tamarrud, partidos laicos, o de personalidades como Kamal Abu Eita, antiguo líder sindical rebelde convertido en dócil ministro de Trabajo.

La lógica legitimadora del sistema ha sido también remozada. A la vieja exclusión de los Hermanos Musulmanes, se ha añadido ahora una “guerra contra el terrorismo”.

Ahora bien, la sostenibilidad en el tiempo de este nuevo modelo resulta dudosa. ¿Es posible combinar una fachada de democracia con la represión del principal movimiento político del país? ¿Y recuperar inversiones y crecimiento económico sin estabilidad? “La política actual está condenada al fracaso. Las diversas crisis que padece el país solo se pueden solucionar con diálogo”, sostiene Fahmi. Solo si los poderes fácticos llegan a esa conclusión, revivirán los ideales de una revolución herida de muerte.