¿Los últimos en Filipinas?

Un donante habla con fondos y lo demás es palabrería. De nada le sirve hoy al pueblo filipino las acostumbradas referencias a los históricos y fraternales lazos que nos unen y su identificación como un país prioritario de nuestra cooperación al desarrollo, si eso no se traduce en un apoyo real ante la tragedia sufrida. Y de momento, en lo que a España respecta, ese apoyo proviene mucho más de la ciudadanía que del Estado. ¿Qué pasa con la financiación pública?

En los últimos tres años, y tras más de una década de crecimiento, los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo se han reducido más de un 70%, con la ayuda humanitaria pública española como la modalidad más afectada, con más del 80%. La ayuda humanitaria tal vez sea la política pública que más se ha reducido desde el inicio de la crisis económica, pasando de 465 millones de euros en 2009, a 356 millones en 2010, 216 millones en 2011, 75 millones en 2012 y tan solo unos 60 millones (con datos aún provisionales) en 2013. Las previsiones para 2014, incluidas en la propuesta de Presupuesto Generales del Estado, prevén apenas una subida marginal.

Pese a los esfuerzos realizados por los actores humanitarios no gubernamentales y también por la propia Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en materia de mejora de la calidad, establecimiento de protocolos y sistemas de actuación, coordinación, profesionalización y transparencia, la ayuda humanitaria española ha pasado de tener un cierto peso y respeto entre la comunidad internacional, a ser un instrumento irrelevante y con escaso músculo para actuar cuando es demandado. La escasa capacidad para responder a la crisis humanitaria siria, y la menor aún para sumar esfuerzos tras el tifón Haiyan, ponen de manifiesto una extrema debilidad y falta de voluntad política para estar a la altura de las necesidades. Insistimos, la cooperación española, tanto gubernamental- con un importante despliegue exterior a través de las Oficinas Técnicas de Cooperación en países como Filipinas- como de las ONG, tiene el marco institucional y legal, los medios técnicos y capacidades profesionales para actuar con eficacia en las tareas humanitarias. Pero necesita del apoyo económico que permita movilizar esos recursos y canalizar la solidaridad de la sociedad española hacia quienes sufren las consecuencias de desastres y conflictos.

Los datos sobre la magnitud de la tragedia filipina, aunque aún confusos, muestran claramente que el esfuerzo humanitario y de rehabilitación va a tener que ser muy importante y duradero. Y, como en otras ocasiones, la ayuda española tiene que responder de modo extraordinario a circunstancias que, por definición, también lo son. De poco sirve decir que los presupuestos de 2013 ya están comprometidos o que los de 2014 están prácticamente cerrados ¿No se han tomado medidas extraordinarias en otros casos (sea para pagar deudas de defensa o para ayudas a la banca) y por motivos mucho menos elevados? Otros países han entendido el reto y están desplegando sus capacidades y recursos en la zona afectada, comprometiéndose a financiar parte del llamamiento de urgencia de Naciones Unidas (algo más de 220 millones de euros). El gobierno español debe sumarse decididamente a estos esfuerzos y hacer real nuestro compromiso con el pueblo filipino. Tanto por solidaridad como por coherencia con los valores e intereses que definen nuestra acción exterior, estamos convencidos de que es necesario y por eso hacemos un llamamiento al gobierno para que con celeridad adopte medidas que lo hagan posible.

La AECID conmemora estos días su vigesimoquinto aniversario, y el próximo año se cumplirán veinte años de las movilizaciones del 0,7%, que llenaron las calles exigiendo el cumplimiento de ese compromiso internacional. Fruto de aquel movimiento social se fue construyendo una política pública de cooperación y ayuda, muy original, que ha contado con un fuerte consenso social y apoyo político de todo el espectro parlamentario. El desmantelamiento que se está produciendo de la cooperación- y especialmente de la ayuda humanitaria- está teniendo consecuencias graves tanto para las poblaciones vulnerables de muchos países en los que la cooperación española desplegó su labor, como para la credibilidad de nuestra posición exterior y sobre nuestro papel en el mundo ¿Se puede así pretender ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU en 2015, cuando no somos capaces de una respuesta humanitaria mínimamente digna? En lugar de retórica solidaria y de sentidos mensajes de condolencia, lo que se necesita es una respuesta decidida ante la emergencia filipina, como señal de cumplimiento de nuestros compromisos y como vía para recuperar un cierto impulso en el trabajo humanitario de nuestra cooperación. La cooperación española no puede ser la última en responder con medios a la crisis filipina y por ello el gobierno español debe aprobar con urgencia fondos extraordinarios para responder a la emergencia.

Francisco Rey Marcos y Jesús A. Núñez Villaverde – Codirectores del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)