El calvario fiscal de Hollande

Paralizado, taciturno y sin ideas, cada vez más contestado en la calle y más hundido en los sondeos, el presidente francés, François Hollande, se vio obligado el martes a suspender la aplicación de la tasa ecológica para vehículos pesados ante el heterogéneo frente común formado por transportistas, diputados, sindicalistas y empresarios de la región occidental de Bretaña.

Durante cuatro días, los camioneros y trabajadores del sector agroalimentario bretón han protagonizado violentas manifestaciones contra el impuesto anticontaminación, una medida aprobada por el Gobierno de Nicolas Sarkozy en 2009 que los socialistas decidieron mantener. El primer ministro, Jean-Marc Ayrault, anunció tras reunirse con una delegación de cargos electos bretones que la tasa quedaba suspendida sine die y será “corregida a través del diálogo social”.

La ecotasa se debía aplicar a todos los camiones franceses y extranjeros de más de 3,5 toneladas que circulasen por determinadas carreteras, aunque el Gobierno había concedido a los transportistas de Bretaña —una región duramente castigada por el desempleo y las deslocalizaciones— un descuento del 50% para tratar de atajar el descontento ciudadano.

La enésima marcha atrás de los socialistas supone un nuevo revés para sus ninguneados socios ecologistas y otro duro golpe en la línea de flotación de un Ejecutivo cada vez más desbordado por el hartazgo fiscal de los franceses y por la fractura que divide a la mayoría parlamentaria y al propio Gobierno.

Hollande prometió liderar la renovación socialdemócrata de Europa, pero se ha visto impotente al principio e incompetente después

Hollande prometió liderar la renovación socialdemócrata de Europa, pero se ha visto impotente al principio y se ha mostrado incompetente después para combatir las políticas neoliberales de Bruselas y para cumplir con el lema “el cambio es ahora” que marcó su campaña electoral de 2012.

Encuesta tras encuesta, los franceses envían señales recurrentes de su rabia y su malestar, que sugieren que la impopularidad de Hollande tiene difícil solución. La última, realizada por el instituto demoscópico BVA el 24 y 25 de octubre, indica que el presidente solo convence ya a uno de cada cuatro electores (un 26%), lo que supone un récord negativo en los 32 años de historia de estos barómetros —aunque Jacques Chirac se movía en cotas inferiores y en 2006 llegó a bajar hasta el 16% en otras encuestas similares—.

El caso Leonarda, en el que Hollande decidió intervenir personalmente para invitar a volver a Francia sin su familia a la joven gitana deportada a Kosovo tras ser detenida durante una excursión escolar, ha sido la principal razón que ha hecho perder a Hollande seis puntos porcentuales de popularidad en el último mes, según BVA.

Los detalles del sondeo son aun peores: solo el 14% cree que la política del tándem Hollande-Ayrault es eficaz, y solo la mitad de los que votaron a la izquierda en el segundo turno de las presidenciales mantienen una opinión favorable sobre el presidente de la República.

Solo el ministro del Interior, Manuel Valls, gana terreno entre los miembros del Gobierno, y suma nueve puntos de apoyo para situarse en un 58%.

El ‘caso Leonarda’ ha terminado de hundir la popularidad del presidente a mínimos históricos

El juicio sobre los otros líderes y partidos confirma el ascenso único y constante de Marine Le Pen, que sube cuatro puntos y bate su propio récord de influencia con un 30% de opiniones positivas, igual que el Frente Nacional, que gana cuatro puntos en un mes e iguala al Partido Socialista (que pierde cinco puntos) con un 28% de intención de opiniones positivas.

En cuanto a las prioridades de los franceses, el paro sigue siendo la principal, aunque crece la inquietud por la fiscalidad (que preocupa a un 26%, y crece 17 puntos en un año) y, en menor medida, por la inmigración (19%, diez puntos más que hace doce meses).

Tras diez años de gobiernos conservadores, la parálisis del proyecto político de los socialistas parece incontestable. Con la renuncia a la ecotasa, el presidente ya ha anulado o modificado ocho medidas fiscales. Las principales son la tasa del 75% a las grandes fortunas, que finalmente se aplicará a través de las empresas —aunque los clubes de fútbol han amenazado con una huelga— y el techo de las remuneraciones de los directivos del sector privado, finalmente descartado, igual que el impuesto a las plusvalías generadas por las ventas de pymes.