Los obispos mexicanos piden a las autoridades frenar el poder del narco

Los obispos mexicanos mostraron el miércoles su preocupación con el poder que ostenta el crimen organizado y pidieron a las autoridades que acaben lo antes posible con la "injusticia" de los secuestros, asesinatos y cobro de cuotas -extorsiones a comerciantes, conductores en carretera- que sufre la población de algunas regiones del país.

A través de un comunicado de la Conferencia del Episcopado mexicano, los prelados muestran su apoyo a Miguel Patiño, el obispo de Apatzingán que hace unos días denunció la inseguridad que se vive en Michoacán, uno de los Estados más violentos de la república. "Grupos criminales como La Familia, Los Zetas y Los Templarios se disputan la entidad, amenazan a la población y hasta ahora las autoridades no han descubierto ni una casa de seguridad", dijo Patiño.

Las iglesias mexicanas están dejando también de ser territorio sagrado para el narco. "Nos duele el drama por el que están pasando muchas hermanas y hermanos mexicanos. Nos aflige el hecho de que incluso la atención pastoral a los fieles se esté viendo afectada por las amenazas del crimen organizado", explican los obispos en la nota.

El país norteamericano vive una situación compleja de seguridad desde que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) declarase la guerra contra el narcotráfico. La violencia se recrudeció especialmente en las zonas en disputa por los carteles aunque también afectó a ciudades como Monterrey o Cuernavaca que se creían libres de los problemas que afectan al resto de la nación. En el camino se cuentan, según cifras oficiales, unos 70.000 muertos y 30.000 desaparecidos.

El ejército mexicano salió a las calles y todavía tiene presencia en una docena de Estados, pese a que un grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas pidió en marzo de 2011 al presidente que los devolviera a los cuarteles debido al alto número de denuncias de la población contra ellos y su poca especialización en labores policiales. No obstante, han protagonizado algunas de las operaciones más importantes contra líderes de los grupos criminales.

El obispo que puso el dedo en la llaga, monseñor Patiño, sostiene que la presencia de la Policía Federal, el Ejército y la Marina no han servido para nada. "Han aumentado los levantones (raptos para hacer desaparecer a una persona), secuestros, los asesinatos, el cobro de cuotas se ha generalizado y familias enteras han tenido que emigrar por el miedo y la inseguridad que se está viviendo", señaló. Criticó, acto seguido, los pocos resultados de las autoridades en cuanto a detenciones o hallazgo de desaparecidos.

Michoacán es un Estado con la sexta mayor deuda del país, escenario de una disputa entre cárteles y grupos de autodefensa, civiles armados que se ocupan de su propia seguridad. Patiño dijo que seis municipios expulsaron al crimen organizado aunque señaló que Los Caballeros Templarios "están intentando recuperar las plazas". El Gobierno de la región sufre además una gran inestabilidad desde que en abril se hiciera pública la enfermedad -aunque no especificada- de su gobernador, Fausto Vallejo, ausente hasta este miércoles.

Los obispos mexicanos se comprometieron a no tirar la toalla. Seguirán colaborando "en la atención pastoral a las víctimas de la violencia y en la reconstrucción del tejido social", invocando a Dios y la virgen de Guadalupe. En un plano más terrenal exigieron la acción del Gobierno.