Hungría impone una dura condena por crímenes racistas

La casa de una familia gitana empezó a arder el 23 de febrero de 2009. Les habían lanzado varios cócteles molotov por la ventana. Ocurrió a la una de la madrugada en Tataszentgyörgy, a 32 kilómetros de Budapest. Cuando huían del fuego, el padre, de 27 años, y uno de los hijos, de cinco, fueron asesinados a tiros. Otros dos niños fueron heridos. Cuatro años después de la oleada de crímenes contra gitanos que conmocionó al país entre 2008 y 2009, hoy un tribunal húngaro ha condenado a cadena perpetua a tres hombres y a 13 años de prisión a un cuarto por seis asesinatos racistas.

La sentencia es excepcional y tiene, según Erika Muhi, la responsable de la organización de defensa legal para las minorías Neki, "un valor ejemplar" en un país donde los gitanos, que representan alrededor del 8% de la población de 10 millones de húngaros, son la víctima principal de los ataques de la extrema derecha y de la discriminación. "Aunque puede que no cambie la actitud de la sociedad, confiamos en que la decisión del tribunal tenga un efecto disuasorio", añade Muhi. El racismo contra los gitanos salpica el debate público húngaro, alentado sobre todo por el partido ultraderechista Jobbik y su feroz retórica antigitana —y antisemita— desde que entró en el Parlamento en 2010 como tercera fuerza política. Jobbik presenta a la comunidad gitana como un grupo de vagos que viven de subsidios, entregados a tener hijos y a los pequeños hurtos.

La serie de asesinatos de 2008 y 2009 creó un clima de pánico entre la comunidad gitana espoleado por la Guardia Húngara, una organización de civiles uniformados que que se dedicaba a patrullar por los pueblos para aterrorizar a esta minoría. Aunque está prohibida desde 2009, han surgido grupos violentos que actúan en el país —los últimos incidentes serios ocurrieron el verano pasado— bajo otros nombres y similares métodos. Dos de los cuatro condenados formaban parte de un grupúsculo de extrema derecha distinto de la Guardia Húngara, que a uno de ellos le parecía "poco efectiva" contra los gitanos, como cuenta Eszter Jovánovics, de la Unión de Libertades Civiles de Hungría, al salir del tribunal. La banda planificó y ejecutó los asesinatos durante meses. Uno de sus objetivos era lograr "que los gitanos se radicalizaran y hubiera violencia étnica", explica Kristof Domina, director del Instituto Athena de Budapest, especializado en los grupos extremistas.

"Con esta sentencia, el tribunal ha corregido los errores de procedimiento que hubo", afirma satisfecha Jovánovics en referencia a los fallos durante la investigación. Sin embargo, denuncia que, cuatro años después, "ni la policía ni los fiscales están especializados en investigar delitos de odio, no hay protocolos específicos ni bases de datos ni métodos de protección de las víctimas adecuados. Además, la policía tiende a no tener en cuenta el componente racista de los delitos, y los trata como crímenes ordinarios. Es un problema sistemático aquí".

El Gobierno del populista de derechas Viktor Orbán, en el punto de mira de Bruselas por su deriva autoritaria, se ha apresurado a sacar a relucir en una nota de prensa sus logros a la hora de combatir el racismo. Cuando se cometieron los asesinatos gobernaban los socialistas. "El Gobierno se ocupa de esto desde un punto de vista técnico, con leyes, pero de vez en cuando hace guiños simbólicos [a los extremistas] para calmar a los votantes de extrema derecha", explica Dómina.

Un día antes del fallo, la madre del hombre y abuela del niño asesinados en Tataszentgyörgy dijo a Reuters: "Es como hace cuatro años (...) no podemos sacudirnos este racismo, esta pobreza". Y añade que aún hay desconocidos que por la noche acechan su casa.