“El canal que proyecta Nicaragua es inviable”

El panameño Alberto Alemán Zubieta conoce como pocos las entrañas del Canal de Panamá. A partir de 1996, como administrador de la ahora extinta Comisión del Canal, dependencia federal del Gobierno de Estados Unidos, empezó a prepararse para asumir, al mediodía del 31 de diciembre de 1999, la plena administración de la vía interoceánica, que pasó de manos estadounidenses a panameñas tras permanecer bajo control de Washington desde que comenzó su construcción, en 1904, y al iniciar las operaciones, en 1914.

Alemán dirigió hasta 2012 la ruta por la que pasa el 5% del transporte marítimo mundial, en su calidad de responsable desde 1998 de la Administración del Canal de Panamá (ACP), agencia estatal panameña creada para recibir el control del estratégico paso. Con abundante carga de conocimiento, y después de que en 2007 encabezara el arranque de los trabajos de ampliación del Canal, valorados en 5.250 millones de dólares (3.967 millones de euros), Alemán está convencido de que el proyecto recién lanzado por Nicaragua, para entregar a China la construcción de un canal en ese país con un costo de 40.000 millones de dólares (30.200 millones de euros), es inviable e innecesario para Centroamérica.

“En lo personal no lo veo viable, primero porque los números son altísimos y porque es más de dos veces más largo que el Canal de Panamá”, explicó Alemán a EL PAÍS. La obra planeada por Nicaragua—de unos 190 kilómetros de longitud frente a los 80 de la vía panameña—tendría una elevación más alta “y no creo que vaya a brindar ningún beneficio alternativo a lo que el Canal de Panamá ofrece”.

“Siento que las infraestructuras en Centroamérica son necesarias, pero esa inversión (en Nicaragua) primero ni se amerita y ni hace ninguna competencia real al Canal de Panamá”, alegó. “Siempre ha sido un sueño de los nicaragüenses y ellos sabrán lo que quieran hacer”, adujo.

Alemán también confirmó que las obras de ampliación del paso panameño, que inicialmente debían estar listas el 21 de octubre de 2014, están atrasadas “unos ocho meses”.

El retraso, añadió, responde a “una serie de problemas que están siendo discutidos con el contratista”, que es el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) , formado por la empresa Sacyr Vallehermoso, de España, y firmas de Italia, Bélgica y Panamá. “En una obra de esta naturaleza y complejidad, estas cosas pasan”, justificó el ahora ex–administrador de la ACP.