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El Senado aprueba la ambiciosa reforma a las telecomunicaciones

Los partidos están a punto de concretar una ley histórica que obligara a empresas dominantes a desinvertir activos

El Pacto por México está cerca de culminar su primera gran reforma económica. El Senado de la República aprobó en maratoniana sesión la nueva ley en materia de telecomunicaciones. La iniciativa salió adelante por 118 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones tras más de cinco horas de debate. Ya solo resta que los Diputados, que ya habían aprobado la ley, ratifiquen los 18 cambios incorporados por los senadores.

La reforma tiene por objetivo ampliar la competencia y el acceso a mercados, contemplando para ello, entre otras medidas, la eliminación de las restricciones a la inversión extranjera en telefonía fija (actualmente el límite es del 49%); la concesión de dos nuevos canales de televisión en abierto, la obligación de deshacerse de activos a las empresas que controlen más del 50% en la prestación de un servicio, el fortalecer a las autoridades reguladoras, así como ofrecer mejores tarifas a los consumidores.

Uno de los principales cambios introducidos por los senadores al texto que recibieron de los diputados es la modificación del párrafo séptimo del Artículo 28 constitucional para establecer que en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva.

La reforma de telecomunicaciones propone que ningún actor tenga más del 50 por ciento de cuota del mercado de telecomunicaciones y medios, con el fin de garantizar que no haya dominio, generar competencia que baje tarifas y estimular la mejora de oferta de servicios. La norma podría forzar a las enormes compañías que lideran el negocio a realizar desinversiones.

La ley aprobada por el Senado introduce un plazo de 30 días a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte como límite para que dé una opinión no vinculante respecto a la concesión de nuevas licencias y garantizar un acceso amplio a internet. Además, contempla diversas medidas de rendición de cuentas para los órganos reguladores y concesión de licencias a las comunidades indígenas.

En relación con la autonomía de los órganos reguladores, los senadores determinaron que los titulares del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y de la Comisión Federal de Competencia Económica tendrán que presentar de forma anual un programa de trabajo y trimestralmente informes de trabajo a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Además los futuros funcionarios deberán comparecer ante las cámaras del Congreso y se obligará a que cada órgano tenga un auditor interno, cuyo titular será nombrado por dos tercios de la Cámara alta.

En este sentido, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda) Alejandra Barrales en entrevista a WRadio ha señalado que “se consigue así que estos organismos sean autónomos pero no soberanos”. Barrales destacó el esfuerzo para llegar a un consenso y el intenso trabajo de los últimos días. También el panista Javier Lozano, uno de los mayores críticos de esta iniciativa, en conversación telefónica con la misma emisora se ha declarado “muy contento” y calificó la reforma de “muy robusta”. La senadora del PRI, Itzel Ríos aseguró que estaba “muy satisfecha por el consenso y por haber logrado que los ciudadanos tengan derecho a la información y que los servicios puedan ser ofrecidos a un mejor precio”.

Por su parte, la presidenta de Observatel, Irene Levy, hace un balance positivo de las modificaciones introducidas por los senadores como el mayor control del legislativo y el fortalecimiento de los derechos de la audiencia. Sin embargo, critica algunos cambios: “La intervención del Ejecutivo en la elaboración de programas resta autonomía al Ifetel, porque provoca que sea el presidente de la República el que dicte estos programas”. Además, echa en falta que a la hora de medir la dominancia en televisión no se haya incluido la venta de publicidad y solo se siga teniendo en cuenta el nivel de audiencias o que no se haya regulado la propiedad cruzada para evitar la concentración mediática. Tampoco aprueba el cambio en el tiempo de espera para designar a un cargo político comisionado en estos institutos: “Antes debía pasar cinco años y ahora ha pasado a uno, con lo que el riesgo de politización es mayor”. También la experiencia en telecomunicaciones o competencia económica para acceder a estos organismos baja de 5 a 3 años. “Es como si hubiesen querido abrir la puerta a los políticos,” señala Levy, quien sin embargo desde su cuenta de Twitter ha declarado “Habemus reforma”.

En este sentido, la diputada del PRD Purificación Carpinteyro celebra el acuerdo y considera que la "Cámara tiene ahora la responsabilidad de aprobar sin demora estas modificaciones para que la reforma pueda pasar a los Estados y entrar en vigor lo antes posible", aunque reconoce que "habrá una nueva batalla a la hora de entrar en la legislación secundaria". 

Salvo que suceda algo inesperado en el Congreso, el Pacto por México está por parir su segunda reforma de gran calado en menos de cinco meses.

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