Un juicio a neonazis arranca en bochorno

La banda nazi NSU (Resistencia Nacionalsocialista) asesinó en Alemania a ocho personas de origen turco y a un griego, pero la Audiencia regional bávara donde se procesará en abril a su integrante Beate Zschäpe y a cuatro de sus presuntos cómplices ha dejado sin acreditación a los medios de Turquía y de Grecia. La enorme controversia provocada por la exclusión de casi todos los periodistas extranjeros ha obligado a Berlín a interpelar a los representantes del tribunal para que cambien la lista de acreditados. El portavoz de Angela Merkel, Steffen Seibert, expresó su “esperanza en que el interés de los medios obtenga el trato adecuado”. Entre los cincuenta periodistas que obtendrán una plaza para informar desde la sala tampoco hay reporteros de los principales medios internacionales.

La Audiencia regional de Múnich aduce, en su defensa, que las acreditaciones fijas se otorgaron por riguroso orden de llegada. En Alemania, vienen a decir, la norma es la norma. No consideran posibilidades alternativas, como reservar plazas para las diversas lenguas o establecer prioridades según el alcance de las audiencias. Así se ha llegado al escenario grotesco de que la publicación mensual del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), llamada Vorwärts, tenga reservada una plaza que les fue denegada a medios de alcance mundial como The New York Times, la BBC o a los grandes rotativos turcos Zaman y Hürriyet.

La comisaria de Justicia y vicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding califica este reparto de “deficiente”. En declaraciones que publicará el jueves el diario muniqués Süddeutsche Zeitung, Reding reconoce que no es “capaz de entender cómo se ha permitido que se desate esta polémica”. Toda vez que los asesinatos del trío neonazi autodenominado NSU se mantuvieron sin resolver por más de una década, durante la cual las autoridades los achacaron a inexistentes tramas mafiosas entre inmigrantes. No sin grosería racista, los medios sensacionalistas bautizaron la serie de crímenes perpetrados entre 2000 y 2006 como “los asesinatos del döner”, porque algunas de las víctimas regentaban pequeños negocios de comida rápida. Los otros dos integrantes de la banda fueron encontrados muertos en 2011. La policía dice que se suicidaron.

La Comisión Parlamentaria del Bundestag encargada de esclarecer los hechos tras su salida a la luz en otoño de 2011 ha revelado asombrosas irregularidades en las investigaciones sobre la banda terrorista. Arrojan sombras sobre los servicios secretos internos (Verfassungsschutz), donde se destruyeron numerosos documentos y expedientes relacionados con las pujantes organizaciones neonazis semiclandestinas del este alemán. En muchas de ellas militan informantes pagados por las autoridades. Las pesquisas ya le han costado el puesto al jefe de la Oficina Federal de los servicios secretos, así como a sus directores regionales en Turingia, Sajonia y Berlín.

En este contexto, la terquedad de la Audiencia de Múnich y su insistencia en que actúa conforme a las normas recuerdan a la invectiva del líder izquierdista Oskar Lafontaine contra las llamadas “virtudes secundarias” alemanas —como el sentido del deber pervertido en legalismo—: “para ser precisos, son las que sirven para dirigir campos de concentración”.