Berlusconi, condenado a un año de cárcel

Durante el mes pasado, Silvio Berlusconi vivió de plató en plató, subiendo cada día el calibre de sus promesas, logrando finalmente un resultado electoral que, lejos de significar su acta de defunción política, lo volvió a situar en el candelero. Pero llegó marzo y, en el primero de sus tres duelos previstos con la justicia, el anterior primer ministro italiano ha resultado condenado este jueves a un año de prisión por publicar, a finales de 2005, escuchas de procedencia ilícita en Il Giornale, el periódico propiedad de su hermano Paolo, también condenado a dos años y tres meses de cárcel. La finalidad de la publicación era perjudicar a Piero Fassino, por aquel entonces secretario del partido Demócratas de Izquierdas (DS) y en la actualidad alcalde de Turín.

No hace falta de decir que, nada más producirse, Berlusconi atribuyó la condena a la “persecución intolerable” que, según él, sufre por parte de los jueces de Italia en general y de los de Milán en particular. Según la sentencia, Roberto Raffaelli, director de RSC, una empresa que practicaba escuchas telefónicas por encargo de la fiscalía, se reunió con Berlusconi en su villa de Arcore y le ofreció una conversación grabada entre el presidente de la aseguradora Unipol, Giovanni Consorte, y Piero Fassino, entonces líder del DS, un partido que se terminó integrando en el Partido Democrático (PD) de Pier Luigi Bersani. El director de RSC disponía de esas escuchas porque el presidente de Unipol estaba siendo investigado por presunto uso de información privilegiada en la compra de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL). Los jueces de Milán hacen hincapié en que las grabaciones aún no estaban incluidas en el sumario: “Su publicación solo pretendía perjudicar a Piero Fassino, en aquel momento principal rival de Berlusconi”.

No obstante, la condena en el llamado caso Unipol no es lo que más preocupa a Berlusconi. No solo porque aún está pendiente de resolver su recusación a una de las magistradas –de aceptarse, anularía el proceso— o porque el delito prescribirá en julio, sino porque dentro de unos días se enfrentará a dos asuntos mucho más espinosos. Para el próximo 18 de marzo está prevista la sentencia del llamado caso Ruby –inducción a la prostitución de menores y abuso de autoridad— y, para el 23, el fallo definitivo del caso Mediaset. A finales del pasado mes de octubre, Berlusconi fue condenado a cuatro años de cárcel –que luego fueron reducidos a dos—y a una multa de 10 millones de euros por fraude fiscal. Si en aquella sentencia los jueces dijeron que el político y magnate tiene “propensión a cometer delitos”, el pasado lunes un fiscal de Milán aseguró que las famosas fiestas de Berlusconi en su villa de Arcore no eran más que “una verdadera red de prostitución”.

Pero no terminan aquí los problemas del anterior primer ministro con la ley. A partir del día 27 de mayo, un juzgado de Palermo abrirá la vista oral por las supuestas negociaciones entre el Estado italiano y la Cosa Nostra en la década de los noventa. Por parte de la mafia siciliana se sentarán en el banquillo su histórico jefe, Salvatore Toto Riina, y tres de sus principales secuaces. Pero entre los representantes del Estado que serán juzgados se encuentra su íntimo amigo y exsenador Marcello Dell’Utri. Según la fiscalía, los acusados “actuaron para turbar la regular actividad de los cuerpos políticos del Estado y en especial del Gobierno de la República”. En líneas generales, la negociación consistía en frenar las matanzas de aquellos años –el juez Giovanni Falcone, su amigo Paolo Borsellino…-- a cambio de una serie de favores, entre los que se encontraba una sensible mejora de las condiciones carcelarias de los mafiosos.