La lucha por la tierra llega al desierto

Abdel el Based, de 54 años, recoge unos escombros con sus manos. En una parcela, que él considera suya, hay tres montañas de cemento roto y hierros doblados. Eran las casas de sus tres hijos, regalos de boda pagados por el propio Abdel. “No hay más solución a este problema. Ellos destruyen, yo reconstruyo”, dice, con una sonrisa envuelta en resignación. Es el Gobierno de Israel quien ha demolido las casas. Considera que Abdel no tiene derecho a edificar en un terreno del que no hay constancia de que le pertenezca. Es el drama de muchos beduinos que viven en el desierto del Néguev: sus tribus habitan allí desde tiempos inmemoriales, pero el Estado de Israel no reconoce el peso de esa tradición para considerar sus derechos de propiedad.

La familia de Abdel ha visto pasar a muchos Gobiernos por esta tierra. Su abuelo sirvió en el Ejército otomano. Su tío, en el británico durante el protectorado. Ha visto nacer y expandirse al Estado de Israel. Vive en los márgenes de la localidad de El Sayed, reconocida por el Gobierno. Pero no tiene título de propiedad de la parcela donde ha construido, a la que se llega por unos caminos sin asfaltar entre eriales y campos de olivos.

Aunque históricamente los árabes beduinos fueron un pueblo nómada, a finales del siglo XIX muchos se asentaron en pequeñas villas organizadas en torno a lazos tribales. Hoy muchos aún viven en esos emplazamientos, dedicándose mayoritariamente a la ganadería y a la agricultura de secano, especializándose en aceitunas, trigo y lentejas. Cuando la Organización de las Naciones Unidas partió Palestina, en 1947, vivían en el Néguev 60.000 beduinos. El Estado de Israel sometió a sus ciudadanos árabes a un régimen militar hasta 1966. A los beduinos se les instaló en un área del Néguev situada entre las localidades de Arad, Dimona y Beersheba. Vivían ya entonces en condiciones similares a las que se ven hoy en algunas de estas villas: en tiendas de tela o casas de piedra de una sola habitación, sin agua corriente o desagües. Con la aprobación de diversas leyes, Israel declaró públicas muchas tierras que los beduinos consideraban suyas. El Gobierno ha permitido la construcción en ellas de asentamientos, reservas naturales, bases militares, generadoras eléctricas e incluso el complejo industrial de Ramat Hovav, con 14 plantas petroquímicas y un incinerador de residuos tóxicos.

El Gobierno israelí obliga a los beduinos a derruir sus viviendas porque no reconoce la propiedad

Ese complejo se halla a algo más de un kilómetro de Wadi el Nam, que es una villa no reconocida por el Gobierno de Israel, un complejo de infraviviendas esparcidas por un erial. Viven en ella unas 10.000 personas, según un recuento no oficial de las agrupaciones humanitarias. A lo largo de las pasadas décadas, el Estado de Israel ha tratado reiteradamente de urbanizar a los beduinos, creando 18 localidades para ellos en diversas zonas del desierto. Siete de ellas son ciudades por derecho. La mayor, Rahat, tiene 53.000 habitantes. En ella se han olvidado las antiguas costumbres de los beduinos, el cuidado de su agricultura y el cuidado de su ganado. Es una ciudad árabe como muchas, con los minaretes desde los que se llama a la oración y las banderas verdes que representan al movimiento islámico.

En Wadi el Nam destruyó este mes el Gobierno una casa de cemento de la familia de Wissam Abu Sherif, de 26 años. Él y su hermano sirvieron en el Ejército, de forma voluntaria. “Así nos paga nuestro servicio el Estado”, asegura. “¿Y luego no quieren crear odio en este país? Lo único que esto crea es resentimiento”. A la familia de Wissam, como a muchos beduinos, el Gobierno les añadió el trauma de tener que destruir su propia casa. Deben hacerlo, si quieren evitar penalizaciones. En Israel, la demolición de una propiedad declarada ilegal se considera un servicio público. Los Abu Sherif ya tuvieron que desmontar una casa hace meses. Recientemente recibieron de nuevo una orden. Cuando se disponían a demoler, llegaron las excavadoras. Ahora se han quedado sin casa y con una deuda al erario público de 20.000 shekels (unos 4.000 euros).

Como los Abu Sherif, casi un 40% de los 200.000 beduinos que habitan hoy en el Néguev vive en 38 asentamientos no reconocidos por el Estado. No figuran en ningún mapa oficial. Son localidades sin infraestructuras y sin servicios. Entre los rangos del Gobierno se cree que son vestigios del tercer mundo en un país que se considera moderno y avanzado. En enero, el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu aprobó un plan por el que reconocerá a una gran parte de las villas ilegales y desplazará a centros urbanos a los que habiten en el resto, con el pago de una indemnización aún no estipulada.

Según Mark Regev, portavoz de Netanyahu, “el nivel actual de pobreza entre los beduinos del Néguev es simplemente inaceptable. El Gobierno de Israel ha iniciado un ambicioso programa para invertir cuantiosos fondos en la comunidad beduina en el Néguev. Les ofrecemos infraestructuras, educación, sanidad. La idea es reducir la brecha que separa a los beduinos de la mayoría de la sociedad. Y la clave del éxito es que los beduinos se asienten en tierra que legalmente les pertenezca”. Añade que “la inmensa mayoría de los beduinos se quedarán donde están, o en un lugar cercano, pero hay emplazamientos donde es imposible que permanezcan, como el complejo de Ramat Hovav, donde es peligroso vivir por la contaminación”.

En Dchiya, otra villa no reconocida, este año se han demolido ya ocho casas. Los vecinos dicen que el lugar ha sido arrasado 40 veces desde 2010. Aaref el Husail, de 48 años, nació en este lugar y tiene seis hijos. Uno de ellos sufre de epilepsia, una condición que se ha agravado después de las demoliciones. “Destruyen las casas y no nos dan alternativas de recolocación. No nos ofrecen otra tierra, otras casas. Dicen que esperemos. Así que nos vemos obligados a vivir en casas como esta”, dice, mientras señala una cabaña precariamente construida con placas de metal.

“Estas demoliciones obedecen en parte a la voluntad del Gobierno de demostrar que tiene el control de la tierra”, explica Haia Noach, directora ejecutiva del Foro de Igualdad Civil para la Coexistencia Civil, una organización independiente que opera en el Néguev. “La idea de un Estado demoliendo hogares, sin dar alternativas a los ciudadanos, indica que no hay igualdad de derechos. A esta gente se le dice que puede acudir a un centro urbano y se le da una indemnización bastante pobre, con la que no es posible comprar o construir una casa”, añade. Para Taleb Abu Arar, un beduino que sirve en el Congreso como legislador por la Lista Árabe Unida, “la intención del Gobierno es borrar todas estas villas en el sur de Israel para instaurar asentamientos judíos y bases militares. El propósito último es concentrar al mayor número posible de beduinos en la menor tierra posible, para judaizar el Néguev”.

Los beduinos se han propuesto resistir con todo lo que tengan a su alcance. La desobediencia civil es el arma más efectiva. Abdel, el padre al que le destruyeron las casas de sus tres hijos en El Sayed, ya está planeando retirar los escombros y volver a construir de nuevo. “No nos dan más alternativas”, dice. “Se niegan a dar terrenos para toda mi familia, así que nos vamos a quedar aquí, en la tierra en la que vivían nuestros abuelos. Es nuestra tierra”.