El adalid de la revolución ciudadana

Antonio Ingroia nació en Palermo (Sicilia) en 1959 y es un fiscal. Con 28 años, entró en el equipo anti-Mafia coordinado por los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, asesinados por la Cosa Nostra en 1992, a dos meses de distancia el uno del otro. En el mismo Tribunal, Ingroia nunca dejó la batalla contra la criminalidad organizada, encargándose de juicios delicados que investigaban la complicidad entre la Mafia y algunos políticos y órganos del Estado. Por ejemplo fue él quien obtuvo para Marcello Dell'Utri, íntimo amigo y socio político de Silvio Berlusconi, la condena por concurso externo en asociación mafiosa. El 24 de julio de 2012 pidió y obtuvo que se abriera un juicio contra 12 imputados entre mafiosos, políticos, miembros de los servicios secretos y fuerzas de policía por haber intentado negociar con la Cosa Nostra.

Es entonces cuando su rostro y su nombre empiezan a copar diariamente los periódicos y los telediarios. Ingroia nunca fue un magistrado particularmente silencioso o reservado, cuando debía quitarse alguna espinilla. Pasó este verano. Uno de los imputados es el exministro de Interior Nicola Mancino, acusado de haber mentido a los fiscales que le interrogaban. Los investigadores le pincharon el teléfono y escucharon dos llamadas entre él y el actual jefe de Estado, Giorgio Napolitano. El presidente ganó un recurso en la Corte Constitucional para que el contenido de las conversaciones fuese destruido de inmediato. La posición de Ingroia en Palermo se volvió incómoda y el Consejo superior de la magistratura consintió que se cogiera un año de baja para incorporarse a una unidad de investigación contra el narcotráfico de la ONU, en Guatemala. Mientras, en Italia, la prensa de izquierdas le aupaba a paladín sin manchas de la legalidad y muchos empezaron a presionarle para que accediera a la arena política.

Ingroia aceptó liderar una lista que lleva su nombre y el color naranja en el símbolo. A pesar del símbolo flamante y del nuevo líder, Revolución Cívica hereda en parte el programa de otro partido. Se trata de la Italia de los Valores, fundado por Antonio di Pietro, fiscal de Manos Limpias que solía aliarse con el Partido Democrático. Sin embargo, las relaciones entre Di Pietro y Pier Luigi Bersani se enfriaron cuando el primero decidió no apoyar el Gobierno de tecnócratas de Mario Monti. El exmagistrado se quedó fuera de la coalición de centroizquierda. Cuando parecía destinado al olvido, apareció, Deus ex machina, ese colega de Palermo: Ingroia insufló ilusión y entusiasmo en un proyecto político en la cuerda floja. Contrariamente a Di Pietro, Ingroia no salió de la magistratura. Solo pidió una excedencia de un año. “Si no salgo elegido vuelvo a Guatemala”, dijo, sin preocuparse de lo que muchos le objetan, que tomar una abierta posición política choca con la imparcialidad necesaria para desempeñar el oficio de fiscal.

Ingroia es apoyado también por algunos movimientos que militan contra la corrupción como el Pueblo Violeta, muy activo contra Berlusconi; Las Agendas Rojas, fundadas por el hermano del juez Borsellino, y algunos alcaldes como Luigi De Magistris de Nápoles, que centran su discurso en la legalidad. Parece que en Italia, la legalidad no es una condición de fondo, sino que tiene que ser un punto del programa electoral.