El Gobierno rumano maniobra para echar al presidente

El asedio al Palatul Cotroceni, sede de la presidencia rumana, se ha iniciado con el anunciado proceso de suspensión para revocar el mandato del presidente conservador, Traian Basescu, que se ha convertido en el enemigo público número uno del Ejecutivo de Victor Ponta. Rumanía se dirige hacia una “dictadura sin ley”, ha denunciado Vasile Blaga, presidente del Senado hasta el pasado martes.

La magnitud de las diatribas en los últimos días ha sumido al país en una crisis institucional, sobre todo después de que Ponta se opusiera a que Basescu representara al país en el Consejo Europeo. Entonces, la revista Nature publicó un artículo sobre un presunto plagio de la tesis doctoral del primer ministro y la continuidad de Ponta parecía dudosa.

Sin embargo, la coalición gubernamental Unión Social-Liberal (USL), formada por el Partido Socialdemócrata (PSD) y el Partido Nacional Liberal (PNL), lanzó el martes un contraataque en forma de asalto institucional al destituir a los presidentes del Senado y de la Cámara baja y al Defensor del Pueblo para controlar las instituciones democráticas. Hoy, su mayoría parlamentaria, lograda gracias a tránsfugas procedentes del partido de Basescu, ha presentado una solicitud, que se votará el viernes en el Parlamento, para suspender al jefe de Estado durante un mes. Después, se celebrará un referéndum para expulsarlo y abrir el camino al líder de los liberales y actual presidente del Senado, Crin Antonescu, hacia la presidencia. El Gobierno, que llegó al poder en mayo, también ha aprobado que se necesite solo mayoría simple de los que voten en el plebiscito para destituir al presidente, cuando antes hacía falta una mayoría de todo el censo.

“El principal objetivo de la mayoría parlamentaria encabezada por Ponta y Antonescu pasa por controlar la justicia. Suspender al presidente constituye una etapa intermedia, que se iniciará en los próximos días según su planificación”, manifestó Basescu el martes tras convocar una conferencia de prensa de manera urgente antes de que se iniciara la destitución de la presidenta de la Cámara baja, Roberta Anastase. Con un tono imperativo, el mandatario precisó que “los políticos tienen que entender que ha llegado el momento en el que son iguales a los demás ciudadanos frente a la justicia”, por lo que pidió que se frenara “cualquier acción contra el Estado”. Sus palabras no surtieron ningún efecto.

El Tribunal Constitucional ha denunciado que Ponta intenta modificar la institución para cambiar a los jueces y se lo hizo saber a Bruselas, que, a través de Viviane Reding, comisaria europea de Justicia, ha mostrado su preocupación. “Basescu se apoya en el Constitucional y yo tengo al Parlamento”, ha dicho Ponta para criticar la parcialidad del tribunal. Sin embargo, ayer rebajó las acusaciones y declaró que se mantendrán los miembros del tribunal.

Basescu, que se presentó como víctima de la clase política corrupta en el referéndum de suspensión en 2007, podría salir ganando con las maniobras del Ejecutivo. "Tras decisiones arbitrarias de Ponta y Antonescu, han logrado poner a una gran parte de la sociedad contra ellos mismos, incluso a críticos feroces contra Basescu", explica Gabriel Bejan, analista político. En medio de esta guerra declarada, se hallan los medios afines de ambos mandatarios, que se han enzarzado en una lucha para deslegitimar al rival político.