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Los rivales del PRI lo acusan de gastar el doble de lo permitido en campaña

El PAN y la izquierda denuncian formalmente lo que consideran operaciones financieras ilegales

Simpatizantes de Enrique Peña Nieto en su mitin de cierre de campaña.
Simpatizantes de Enrique Peña Nieto en su mitin de cierre de campaña. Getty Images

Con todos los pronósticos de su lado, entre el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y la presidencia de México que se vota el domingo ha surgido un último escollo que amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para sus aspiraciones. El Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento Progresista (izquierda) han denunciado formalmente lo que consideran operaciones financieras ilegales que supondrían que el PRI habría rebasado en más del doble del límite legal de gastos autorizados para una campaña presidencial.

El lunes, Roberto Gil Zuarth y Juan Ignacio Zavala, coordinador y portavoz de respectivamente, de la campaña de la candidata panista Josefina Vázquez Mota, denunciaron que habían detectado un sofisticado mecanismo de pagos a operadores priístas. Según explicaron, el PRI utilizará 450.000 tarjetas de débito de Monex, una institución financiera, para pagar la movilización electoral del 1 de julio.

Gil Zuarth dijo que a partir de lo que les revelaron operadores priistas, el esquema funciona así: a un delegado de distrito (hay 300 en México) se le depositarán 180.000 pesos (10.000 euros) en su tarjeta por el trabajo de tres meses. A cada uno de los 19.490 representantes generales, el monto a pagar sería de 20.000 pesos. La suma se completa con los representantes en las casillas (colegios electorales), tres en cada una de las más de 149.000 que habrá el día de la votación en todo el país. A ellos les tocaría 600 pesos por persona. El total es de alrededor de 701 millones de pesos (40 millones de euros), es decir más del doble de los 336 millones de pesos que es el tope de gastos fijado por la ley para una campaña presidencial.

“Lo que queda claro con esta operación, a todas luces ilegal, es que el PRI constituye delincuencia electoral organizada, y aquí está la evidencia y la presentaremos al IFE [Instituto Federal Electoral], con el propósito también que dicte alguna medida cautelar para que estos recursos sean congelados y detenidos y no sean un factor que desequilibre la competencia auténtica en esta elección”, dijo Gil Zuarth horas antes de que a primera hora de ayer el PAN presentara la denuncia formalmente en el IFE.

Gil Zuarth agregó que dispone de una una veintena de tarjetas y con los testimonios de los respectivos operadores. “Esto evidencia la estructura financiera ilegal de Peña Nieto, a través de cuentas no reconocidas por el PRI y un sistema de dispersión vía tarjetas electrónicas al portador,” explicó.

La denuncia de los panistas llega una semana después de que Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista y segundo en las encuestas, alertara de que el PRI preparaba una supuesta operación de coacción y transporte de votantes, y que esta sería organizada por los gobernadores del PRI, que suman 19 en el país.

Hay otro antecedente. Dos semanas atrás, José Luis Ponce de Aquino, un empresario estadounidense de origen mexicano interpuso una demanda en Estados Unidos en contra de un grupo de empresarios y de algunos miembros de la campaña de Peña Nieto, alegando que le debían dinero por supuestos contratos que ascienden a 56 millones de dólares (44,8 millones de euros), que serían pagados, aseguró, a través de banca Monex. En aquella ocasión, los portavoces priistas alegaron que ese empresario de nombre José Aquino formaba parte de un intento de extorsión.

A partir de la denuncia de Aquino, el Movimiento Progresista presentó una demanda en la Procuraduría (fiscalía) General de la República. “Ante los últimos acontecimientos vamos a ampliar la denuncia formal en la PGR presentada por lavado de dinero y financiamiento ilegal del PRI a través de Monex. Es necesaria la congelación de las cuentas”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de López Obrador.

El experto electoral Jorge Alcocer comentó, sin embargo, que a pesar de lo manifestado por los partidos contrarios al PRI, la unidad de fiscalización del IFE tendrá que revisar los términos de la queja de acuerdo con el oportuno procedimiento. “Hay que distinguir entre propaganda y quejas, y por lo que veo estamos en lo inmediato ante un caso de propaganda. Hay plazos y tiempos para esto, no se me escapa que los partidos buscan incidir de aquí al domingo; no prejuzgo, pero lo que hemos visto hasta hoy es propaganda”, agregó el director de la revista Voz y Voto.