Una ONG denuncia abusos contra niños palestinos en cárceles israelíes

El trato que reciben los menores palestinos detenidos por las fuerzas de seguridad israelíes preocupa desde hace tiempo a las cancillerías europeas y organizaciones de defensa de la infancia. Les preocupa que a los jóvenes se les interrogue sin que esté un abogado presente, que se les encierre en celdas de aislamiento y sobre todo, que sufran malos tratos. Defence for Children International ha puesto hoy cifras y nombres a esas preocupaciones, tras compilar durante cuatro años los casos y testimonios de menores palestinos detenidos y encarcelados en Israel. La investigación, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, habla de “un patrón de abusos sistemáticos y de algunos casos de torturas practicadas a niños encarcelados en centros militares”.

La ley militar israelí se aplica a los palestinos de Cisjordania, bajo ocupación desde 1967. El Ejército israelí detiene, interroga y encarcela a entre 500 y 700 menores cada año, según datos de Naciones Unidas recogidos en el informe que hoy publica DCI.

El estudio de DCI muestra que en el 75% de los casos, hasta 234 menores han sufrido algún tipo de violencia física durante o tras la detención. Un 57% de los detenidos ha recibido amenazas y el 12% ha sido encerrado en una celda de aislamiento. Estos datos son fruto del análisis de 311 declaraciones juradas de menores palestinos detenidos durante los cuatro últimos años, de así como de entrevistas con uno de los abogados que representa a menores en los juicios militares, un soldado, expertos en psicología infantil y un soldado entre otros. Otras organizaciones israelíes como Btselem o Physicians for Human Rights también han condenado reiteradamente el trato que reciben los menores palestinos en las cárceles israelíes.

Mark Regev, portavoz del primer ministro israelí, sostiene que “cuando las autoridades militares detienen a menores, lo hacen de acuerdo con los procedimientos específicos necesarios”. El Ejército israelí indica en un comunicado que son menores los que no hayan cumplido los 16 años y explican que desde 2009 funcionan en Cisjordania tribunales militares especiales para menores cuyo objetivo es adecuar el trato a las características del acusado. Tanto DCI como el resto de organizaciones que analizan la suerte que corren los menores tras su detención consideran que estos tribunales no han acabado con los abusos ni con la falta de garantías procesales en la mayoría de los casos.

El patrón de las detenciones de los menores cisjordanos es habitualmente muy parecido. Suele ocurrir durante la noche. Los blindados entran en el pueblo y sacan a los menores de sus casas, maniatados y con los ojos vendados. Los llevan hasta un centro de detención para interrogarlos, sin que puedan acompañarles ningún familiar, y sin que a menudo haya un abogado presente durante el interrogatorio. Una de las acusaciones más frecuentes es haber lanzado piedras contra el Ejército o contra colonos asentados en los territorios palestinos. En casi un tercio de los casos estudiados, a los menores les obligan a firmar documentos en hebreo que no comprenden. En un plazo de ocho días, los menores comparecen, con grilletes en los tobillos, ante un tribunal castrense situado en Israel, en violación del artículo 76 de la Cuarta convención de Ginebra que prohíbe tales transferencias. Es entonces cuando tienen ocasión de ver por primera vez a sus familiares, siempre que estos consigan hacerse con los permisos necesarios a tiempo para entrar en el país. Cerca de dos tercios de los menores detenidos acaban encarcelados en una prisión israelí, según los datos de DCI. La organización explica que en los últimos años, sin embargo, ha habido una mejora significativa en el sistema penitenciario y que ahora las autoridades israelíes casi siempre mantienen encarcelados a menores y adultos por separado.

“El informe incluye diez recomendaciones, que de cumplirse, reducirían el número de abusos. Pero nadie debe hacerse ilusiones de que los abusos documentados vayan a desaparecer mientras a los niños palestinos se les siga tratando como ciudadanos de segunda clase”, piensa Gerard Horton, de DCI.