Egipto cede en su pulso con EE UU en la crisis de las ONG

La llamada “crisis de las ONGs” entre EE UU y Egipto, que situó las relaciones entre ambos países en su punto más bajo de los últimos 25 años, se encuentra ya en vías de resolución. La justicia egipcia ha levantado la prohibición de salir del país a los ciudadanos estadounidenses residentes en Egipto procesados por haber violado la ley que regula el funcionamiento de las ONGs, y estos han abandonado el país árabe el jueves por la tarde.

Junto a ellos, también han marchado de El Cairo en un avión privado estadounidense los otros ciudadanos extranjeros que trabajaban para las ONGs acusadas de operar en Egipto sin licencia o de haber recibido financiación extranjera de forma ilegal. En total, el grupo estaba formado por 15 personas: ocho estadounidenses, tres serbios, dos alemanes, un noruego, y un palestino.

Entre las ONGs bajo sospecha, todas ellas especializadas en los procesos de democratización y el respeto a los derechos humanos, se encuentran dos fundaciones vinculadas al Partido Demócrata y al Partido Republicano. Uno de los estadounidenses que ha partido este jueves de Egipto es Sam Lahood, el hijo de Ray Lahood, el secretario de Transportes del Gobierno de EE UU.

Unas horas antes de conocerse la noticia, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó su confianza en una pronta resolución de la crisis. “Creemos que resolveremos este asunto relativo a las ONGs en un futuro próximo. Este es mi mejor pronóstico ahora”, dijo Clinton en una comparecencia en el Capitolio.

Varias voces habían amenazado desde Washington con la posibilidad de suspender la ayuda militar a Egipto, que este año ascenderá a cerca de 1.000 millones de euros, si se proseguía con el juicio. Durante las últimas dos semanas, el jefe del Estado Mayor de EE UU, Martin Dempsey, y una delegación de legisladores liderada por John McCain se desplazaron a El Cairo para presionar a las autoridades egipcias.

En estos momentos, se desconoce si proseguirá el juicio, que tras su primera sesión fue aplazado hasta el día 26 de abril, y si las ONGs estadounidenses podrán continuar actuando en Egipto. En todo caso, la salida del país de los ciudadanos estadounidenses, el principal objetivo del gobierno de EE UU, sugiere la existencia de un acuerdo entre el Gobierno estadounidense y la Junta Militar egipcia para resolver el conflicto.

La decisión de levantar la prohibición debe interpretarse como una cesión de las autoridades egipcias en una crisis que había experimentado recientemente una escalada, desatando una ola de furor nacionalista en algunos sectores de la sociedad egipcia. La Junta Militar egipcia había respondido a las presiones de Washington asegurando que no podía interferir en la justicia del país, y que se debía respetar su soberanía.

No obstante, el hecho de que los tres jueces encargados de instruir el caso hubieran pedido el pasado martes la recusación ya apuntaba a la intercesión en este conflicto de la Junta Militar, que pilota el proceso de transición tras la renuncia del exdictador Hosni Mubarak.

Según declaraciones del juez Abdel Moaez Ibrahim a la agencia Reuters, el levantamiento de la prohibición de salir del país responde al trapaso del caso de un tribunal penal a otro de civil en respuesta a una apelación de la defensa. En consecuencia, era posible suspender la interdicción previo pago de una fianza de dos millones de libras -unos 250.000 euros.

Al ser contactada por este periódico, la embajada de EE UU en El Cairo ha rechazado realizar cualquier declaración. En cambio, quien sí se manifestó fue el International Republican Institute, una de las ONGs acusadas. "Permanecemos preocupados por el impacto que [el juicio] tendrá en la capacidad de Egipto de progresar en su transición hacia la democracia", reza su comunicado público. Esta misma es la opinión de muchos activistas egipcios, que temen un mayor control de la sociedad civil por parte de la Junta Militar tras la crisis.